Cuando la intolerancia supera al diálogo
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La reciente movilización de transportistas en Santa Cruz, que culminó en un asedio al Concejo Municipal, ha puesto de manifiesto no solo la tensión existente entre diferentes sectores de la sociedad, sino también la fragilidad del diálogo institucional en situaciones de crisis. Lo que comenzó como una exigencia legítima por un incremento en el pasaje de micro, se transformó en un episodio de violencia que dejó a los concejales y funcionarios atrapados durante más de seis horas, generando un ambiente de temor y confrontación que resulta inaceptable en una democracia.
La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, describió este acontecimiento como “una página oscura en la historia de Santa Cruz”, subrayando la gravedad de la situación. La violencia desatada, que incluyó agresiones y apedreamientos a ciudadanos inocentes, revela un profundo descontento social que, si bien puede tener raíces en problemas económicos y de movilidad, no puede justificarse a través de la violencia. El hecho de que embarazadas, niños y adultos mayores se vieran involucrados en este conflicto es un recordatorio escalofriante de cómo las tensiones pueden escalar y afectar a los más vulnerables de la sociedad.
El contexto en el que se desarrolló esta movilización es crucial para entender el conflicto. El Concejo hizo hincapié en la falta de un estudio técnico que justifique un aumento en las tarifas del transporte público. La ley establece que cualquier cambio en las tarifas debe estar basado en un estudio de costos que considere diversos factores económicos y sociales. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo, ha sido cuestionar la validez de las demandas del Concejo, lo que añade más confusión a una situación ya tensa.
Es evidente que el proceso de diálogo entre transportistas y autoridades municipales ha fallado. En lugar de buscar soluciones constructivas, se ha optado por la confrontación. Esto no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también deteriora la confianza en las instituciones. La violencia no es el camino para reivindicar derechos; al contrario, solo perpetúa un ciclo de agresiones y represalias que aleja a las partes de alcanzar un acuerdo.
Los concejales, por su parte, han anunciado acciones legales contra los agresores, lo que indica que están dispuestos a defender su legitimidad y la de su función pública. Sin embargo, esta respuesta también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para manejar conflictos de tal envergadura.
Es esencial que se retome el diálogo en un marco de respeto y consideración mutua. La violencia no puede ser la respuesta. Los transportistas tienen derecho a expresar sus demandas, pero estas deben hacerse en un contexto donde se escuchen sus inquietudes sin recurrir a métodos que pongan en peligro la seguridad de otros. La ciudadanía, por su parte, merece un sistema de transporte que sea eficiente y accesible, y para eso es fundamental que se sigan los procedimientos legales establecidos.
La situación actual es un llamado de atención para todos: es necesario restablecer la comunicación y buscar soluciones que prioricen el bienestar de la comunidad. La historia de Santa Cruz no debe estar marcada por episodios de violencia, sino por la capacidad de sus habitantes para resolver sus diferencias a través del diálogo y la comprensión mutua. Solo así se podrá construir una ciudad más justa y equitativa, donde todos los sectores sean escuchados y respetados.
