28 de marzo de 2022, 4:00 AM
28 de marzo de 2022, 4:00 AM

Así como juega el ratón mientras el gato está ausente, los vendedores ambulantes han vuelto a tomar las calles en varios mercados de la ciudad de los anillos. Los Pozos, La Ramada, Alto San Pedro, son algunos sitios donde nadie ha podido reacomodar a pesar de los intentos, los anunciados operativos, las amenazas de sanciones y los pálidos proyectos de reordenamiento. Todo ha fracasado.

No solo en mercados, frecuentemente y con vehemencia el mismo paisaje se deglute veredas, calles y avenidas en puntos neurálgicos de la ciudad más pujante del país, Santa Cruz de la Sierra.

Las “víctimas” justifican el atrevido accionar amparadas en las ventas, sin embargo, para la ciudad este comportamiento genera caos peatonal, vehicular, suciedad, contaminación visual y auditiva, estorbo, incomodidad e invasión del espacio público penado por ley. A simple vista, el interés personal de unos cuantos se impone ante el bien común, ante la supuesta flaqueza del orden municipal sin medir perjuicios.

No pocos operativos o intentos de hacer cumplir la ley han tenido funcionarios heridos, trifulcas y violencia desmedida. La osadía y el atrevimiento parece mayúsculo en algunos casos. Es común escuchar que esto no pasa en otras ciudades del país, sin embargo, acá “hacen lo que quieren”. La pregunta es ¿hacen o los dejan hacer?

Las denuncias de algunos concejales de la oposición, como José Alberti y Manuel Saavedra, apuntan a un pacto político entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Es por ello que la Ley de Ordenamiento y la Ley de Mercados no se cumple, a pesar que se vocifera ante los medios y la opinión pública como caballitos de batalla, aunque más parece un caballo de Troya, de donde saldrán de sus entrañas las verdaderas intenciones del problema estructural que padece la ciudad-mercado.

Dos concejales refirieron concretamente que existen dirigentes que cobran a los ambulantes y después entregan la recaudación a otros funcionarios de más arriba para que nada cambie, porque “es un buen negocio no poner orden”.

Por su parte el director de Espacio Público, Freddy Urgel Urgel, recordó la semana anterior que hay una política para recuperar todos los espacios públicos y pidió a los ciudadanos que no compren a los ambulantes. Apelar a la conciencia de los comerciantes y a la del comprador y seguir mirando de brazos cruzados, parece una inocentada del 28 de diciembre. Una declaración más de las que usualmente suenan más a tomadura de pelo.

Si la denuncia sobre el negocio que hay detrás del desorden donde se mueven millones de bolivianos no se profundiza, seguiremos nadando en la miseria del caos y el atraso. Será entonces tarea urgente del ejecutivo municipal y de los concejales electos, en primera instancia, destapar esta olla de la corrupción. Las plataformas ciudadanas, el periodismo y el ciudadano de a pie podrán denunciar este problema una y otra vez, pero si no se obra con determinación y justicia, seguiremos en las mismas o aún peor.

Tampoco se puede soslayar la inquietud de que, si los verdaderos responsables de continuar con este perverso mecanismo decidan tomar cartas en el asunto, si muy posiblemente sean los que se benefician. ¿Se podrá ser juez y parte? Más que un problema complejo se encierra una contradicción que debe aclararse definitivamente por el bien de todos.

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