¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos?

Los desplantes, reproches y el debate (en ese orden) sobre las fechas en las cuales debería realizarse el Censo de Población y Vivienda han abierto varios boquetes sociales y políticos que favorecen la reaparición de ciertos problemas centrales irresueltos que explican algunas de nuestras parálisis y el retorno de crisis y fantasmas.

Las cosas empezaron mal desde el momento en que los responsables del poder público mintieron impasiblemente, afirmando que todo estaba listo para el gran empadronamiento, en noviembre de este año, como legalmente corresponde. En vez de reconocer, prudentemente, que el Estado no cumplió sus obligaciones y que sumadas las dificultades extraordinarias de la pandemia y la crisis de 2019, era necesario buscar un acuerdo para decidir una nueva fecha, el Ejecutivo resolvió unilateral y verticalmente posponerlo hasta 2024.

Recién después, ha montado una escenificación que intenta mostrar que consulta y toma en cuenta a los gobiernos autonómicos subnacionales y a la sociedad, para adoptar una determinación que afecta a todos y postergará la publicación de resultados, por lo menos hasta 2026 o 2027, por puro cálculo y maña electoral.
Más allá de la legítima impugnación de las acciones gubernamentales, la situación se ha prestado para que varios articulistas se refieran al tema y, al hacerlo, muestren que la discusión se extiende a otras cuestiones, supuestamente muy lejanas o inclusive ajenas, pero que retornan incesantemente.

Me refiero en particular a que la denuncia sobre la mala fe del Gobierno masista, da paso para insistir en que la inclusión de una categoría racializada en el cuestionario censal, la identidad mestiza, es decir de “razas mezcladas”, sería sinónimo de libertad y modernidad y su exclusión de lo contrario. De esta manera la estadística se desliza de la dimensión cuántos a la de quiénes, avivando fuegos sobre una respuesta suficientemente elusiva y polisémica.

Quienes defienden que la exclusión de la categoría mestiza ofrecería una imagen parcial, deformada de la realidad, asumen con frecuencia, lateral e implícitamente, que lo indígena está atado a un pasado –ajeno, cuando no simplemente detestable- imposible de conciliar con democracia, modernidad y ciudadanía. De un plumazo olvidan que nuestra democracia sería imposible sin la lucha de aquellos a quienes suponen anacrónicos y semiextintos.

El endulzamiento del término mestizo, olvida que esa categoría, súbitamente sublimada, proviene de acciones de fuerza y violencia degradantes, impuestas a las mujeres del bando derrotado. De hecho, esa antigua memoria que persiste en el inconsciente colectivo, amén de la alianza de sectores mestizos en la expropiación de tierras durante el último tercio del siglo XIX, explica por qué, durante gran parte del siglo anterior la idea de mestizo sobrevivía estigmatizada y vergonzante en la vida cotidiana, al punto que pareció diluirse para ser sustituida con las nuevas denominaciones de clase que trajo el capitalismo, en detrimento de la rígida división racial previa. Así, la ancha bolsa de la “clase media”, alivió la angustia e inseguridad de los que se solía llamarse “mestizos”.

Esta experiencia prueba una vez más que las identidades son fluidas y móviles, adaptándose a las circunstancias y a las necesidades de quienes las utilizan. Lo mismo pasa con las nociones sobre modernidad, ciudadanía o instituciones.

Estas confusiones, o el olvido de las dinámicas sociales, se originan al entremezclar lo indígena con el Gobierno del MAS que nació efectivamente reivindicando lo indígena para convertirse, al día siguiente, digamos, en uno de los gobiernos más represivos contra los indígenas (es decir los pueblos que viven y trabajan en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCI)), haciendo lo posible para despojarlos de sus derechos y territorios.

La identidad “indígena” del MAS no va más allá de las nociones arquitectónicas del nuevo palacio presidencial, inspirado en la más tradicional estirpe de la arquitectura de un shopping center, adornado en tres de sus ventanales con adhesivos simbólicos de culturas indígenas.

Las identidades indígenas, plurales y diversas a las que se refiere nuestra Constitución, tienen la muy especial característica de haber moldeado la imagen de nuestro país ante el mundo; desde su riqueza geográfica y cultural no limitada a una región o una civilización.

Ese sello que se mantiene, pese a las cíclicas profecías de que se extinguirá, es cada día más fuerte porque se entremezcla y refuerza con todas las otras expresiones de bolivianas y bolivianos que no son o no se sienten indígenas. Unos y otros sabemos que esta identidad de todos no solo tiene valor de pasado, sino respuestas válidas y viables, nacidas en estas nuestras tierras y gentes para problemas de todos, tan urgentes e impostergables como los de la crisis climática.