Cubrir la verdad

El video difundido esta semana es una de las muchas pruebas de que el discurso del “golpe de Estado” es una mentira montada para tapar las muchas verdades que se intenta esconder detrás de los sucesos de octubre/noviembre de 2019.

Pero esa no es una novedad. Lo que sí resulta desconocido, pues está ocurriendo a las espaldas de todos, es que muchas de las estructuras estatales están siendo cubiertas con instrucciones de ocultar la verdad o, cuando menos, de evitar que la información llegue a la mayoría de la gente.

Y tampoco es reciente. El primer gran indicio que yo advertí fue en mayo de 2016, cuando volví al Servicio del Registro Cívico (Sereci) en busca de información de interés público y nadie más quiso proporcionarme nada porque se había emitido una instrucción que prohibía dar datos a terceros. Incluso las personas interesadas en un trámite vinculado a sus registros tenían que señalar expresamente para qué era y los funcionarios que ingresaban al sistema dejaban sus propios datos al tabular su usuario y contraseña. En otras palabras, desde entonces se sabe exactamente quién saca información, a quién se la proporciona y para qué. Los funcionarios, y quienes metamos la nariz al sistema del Sereci, estamos vigilados.

Eso no es proteger los datos, sino todo lo contrario. Mientras la mayoría de los países del mundo democratiza el acceso a la información, Bolivia está haciendo más herméticos sus registros. ¿Por qué? En aquel ya lejano 2016, la instrucción fue emitida luego del referendo del 21 de febrero en el que la ciudadanía boliviana dijo “No” cuando el Gobierno de Evo Morales le preguntó si le permitía reformar la Constitución para posibilitar una reelección indefinida. Eran aquellos meses en los que la revelación de un supuesto hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata había estremecido los círculos del poder político.

La revelación partió de una partida de nacimiento, la número 51 del libro 42/2007 de la Oficialía Colectiva del Registro Cívico número 15 de Cochabamba. Esa partida probaba la inscripción de un niño que fue inscrito con nombre Ernesto Fidel y cuyos padres eran Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Tras el escándalo, la partida desapareció de los registros del Sereci.

Ahora son cada vez más las instituciones que niegan información, incluso a la prensa, arguyendo resoluciones o instrucciones superiores. Si no estás en La Paz, te dicen que pedirán permiso, o consultarán a la central, incluso para hacer meras declaraciones. No toman en cuenta que la propia Constitución Política del Estado garantiza el acceso a la información, en el parágrafo 6 del artículo 21, y el derecho a la petición, en el 24.
Tampoco toman en cuenta que, aunque hayan borrado la partida de nacimiento de marras, esta fue previamente fotografiada… y yo tengo las fotos.

Juan José Toro  es periodista