Escucha esta nota aquí

- “¿Diga usted si es accionista de la empresa Administradora de Televisión S.A.?”.
Son las 15:00 de un 14 de enero de 2020. Rosendo Mendoza Gutiérrez, que fungía como jefe de operaciones de la televisora PAT, ha sido llevado a La Paz desde Santa Cruz. El Ministerio Público lo investiga por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Su nombre figura como socio de Administradora de Televisión S.A., una empresa que opera para PAT y que tiene ingresos declarados de más de Bs 131,2 millones, así como una deuda de más de Bs 49,5 millones en impuestos.

- “A solicitud del Dr. José Luis Valencia hacia mi persona fue que me colocó en esa empresa. No recibí ningún monto de dinero. Me ubicó porque yo era un buen trabajador, yo paraba permanentemente en el canal. Él me invitó y hasta ahí nomás llegó, no supe más de esa empresa, no participaba de reunión ni nada”, responde Rosendo. Desde aquella toma de declaraciones, según se lee en el expediente, ha pasado un poco más de un año y también desde entonces guarda detención preventiva en Palmasola.

En ese mismo enero de 2020 también fue enviado a la cárcel Juan Carlos Tórrez Encinas (chofer en PAT) y su esposa Alondra Janet Machicado Ibañez. ¿Por qué? Al igual que Rosendo fueron acusados de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros delitos. Alondra, que se dedicaba a elaborar y vender pan en el cruce que está entre Villa San Antonio y Villa Copacabana de La Paz, al momento de la aprehensión dijo a los medios que ella y su esposo fueron obligados a firmar unos papeles a cambio de conservar su empleo y que por la prensa se enteró que era propietaria de una empresa.

Declaración informativa de Rosendo Mendoza, jefe de Operaciones de PAT, a la Policía, en enero de 2020:

Caso PAT: Declaración infor... by Diario EL DEBER

De acuerdo con la documentación revisada, en 2017 Encinas y Machicado adquirieron de manos de José Luis Valencia Lozano y de Waldo Rodrigo Carrasco Uría el 100% de las acciones de Comercializadora Multimedia del Sur, empresa que en 2012 compró PAT. Abdallah Daher, que era el propietario hasta ese entonces, denunció que fue extorsionado y obligado a vender la televisora a 4,9 millones de dólares, un precio muy por debajo de su valor real. Daher hizo la declaración ante la Felcc en enero de 2020 y en un documento entregado a esta redacción.

La aprehensión de estas tres personas se dio en medio del escándalo por el caso “Compra irregular de PAT”, que estalló a finales de 2019 tras la salida de Evo Morales del país.

Los ejecutivos del canal, José Luis Valencia Lozano y Oscar Javier Lijerón Loaiza, tal como lo reportó la Policía en aquel entonces, también habían salido de Bolivia luego de que se abrieran procesos penales en su contra por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y organización criminal.



Un año después de que Rosendo, Juan Carlos y Alondra Janet fueran enviados a prisión y declararan haber prestado sus nombres para figurar como accionistas de empresas que operaron a nombre de PAT, que dejaron a cientos de trabajadores sin salarios ni beneficios sociales, que recibieron millonarios contratos del Estado en publicidad y que son señaladas de deberle más de 215 millones de bolivianos al fisco, se conoce que José Luis Valencia Lozano vuelve al escenario representado por exautoridades del gobierno de Evo Morales. El exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, el exprocurador del Estado Pablo Menacho y un abogado que desde 2008 hasta 2020 trabajó en la administración pública, el 15 de enero de 2021 solicitaron al Juzgado 11° en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz el “levantamiento de medidas cautelares” a PAT, que actualmente se encuentra intervenido, para que vuelva a manos de sus “legítimos propietarios”.

Los inicios

Actualmente, Periodistas Asociados de Televisión (PAT) Ltda. se encuentra intervenida. Esta medida fue dispuesta por el Juzgado 11° en Materia Civil y Comercial, que falló a favor del proceso civil interpuesto por el empresario Abdallah Daher Bulus.

Rodrigo Palazuelos explica que cuando fue designado como interventor de esta sociedad, en agosto de 2020, se encontró con “un canal abandonado”, con millonarias deudas a proveedores, litigio con trabajadores y facturas de luz, agua, teléfono y uso de satélite por pagar. Pero, ¿cómo es que se llegó a esa situación?

La empresa televisiva vio la luz en los 90, en manos de los periodistas Carlos Mesa, Amalia Pando, Ximena Valdivia y Mario Espinoza. En 2006 este grupo de comunicadores vendió la compañía al empresario Abdallah Daher.

Daher, a través de un comunicado de prensa, recuerda que en ese año las ventas de PAT “no llegaban al millón de dólares anuales y estaban en más de un 95% concentradas en la ciudad La Paz” por lo que debió orientar sus inversiones a sanear, potenciar y diversificar sus ingresos, así como en regularizar el pago de salarios, de impuestos y cargas sociales. Calcula que desde 2006 hasta 2012 realizó una inversión de más de $us 10 millones y logró ubicar a este medio entre los tres principales de Bolivia.

A finales de 2010 y principios de 2011, Daher declara que comienza un largo periodo de extorsión en el que, según el empresario, intervienen una serie de rostros conocidos en el país, entre ellos Marcelo Hurtado y el periodista Jaime Iturri, directores y accionistas de la red ATB, supuestamente, accionados por el expresidente Álvaro García Linera.

Estas afirmaciones de Abdallah Daher, así como de exgerentes y trabajadores de PAT, forman parte del cuadernillo de investigaciones del Caso PAT, iniciado por los exsenadores Carmen Eva Gonzales y Oscar Ortiz en diciembre de 2019, en el que no solo Hurtado e Iturri, sino José Luis Valencia Lozano, entre otros, son acusados de “organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión para obtener PAT”.

En una anterior oportunidad, tanto Iturri como García Linera, en contacto con EL DEBER, negaron haber participado de la supuesta extorsión y retaron a Daher a demostrarlo en la vía judicial.

Daher sostiene que el hostigamiento comenzó mucho antes con fiscalizaciones permanentes de Impuestos Nacionales, con sanciones y multas millonarias no solo a la televisora sino también a las demás empresas del Grupo Daher por lo que el 17 octubre de 2012, bajo amenaza de involucrarlo a él en el Caso Terrorismo y a uno de sus hijos en el Caso AeroSur, fue obligado a entregar la totalidad de sus acciones no solo al precio que Hurtado impuso, 4,9 millones de dólares, sino también a la forma de pago que él estableció: $us 500.000 en efectivo en cuatro pagos y el resto, en publicidad. “Nunca se hizo efectivo ningún tipo de pago”, ni de publicidad o del alquiler de los predios donde funciona la televisora, dice Daher.

De ese modo, según la versión de este empresario, Comercializadora Multimedia del Sur S.R.L., que en ese momento -según un exhaustivo informe que el 20 de diciembre de 2019 la entonces presidenta del Senado Eva Copa remitió a la presidenta Jeanine Áñez- estaba en manos de José Luis Valencia Lozano, pero quien figuraba como dueño del 99% de las acciones era Nicolás Leoncio Aguilera Apaza (chofer de Marcelo Hurtado), mientras que un 1% quedó a nombre de José Luis Valencia Lozano.

Informe de Eva Copa a Jeanine Áñez:

Informe del Senado sobre el... by Diario EL DEBER

La investigación se hizo a pedido de la exsenadora Carmen Eva Gonzales, pero quien firma el informe es la extitular de la Cámara Alta, Eva Copa, quien lo remitió a la entonces presidenta, Jeanine Áñez.

Lo curioso de este caso es que 7 años después de aquella transacción y un mes después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su posterior salida del país, según Daher, José Luis Valencia Lozano se acercó (en diciembre de 2019) para ofrecerle una “devolución” de PAT.

-¿Por qué no aceptó?

- “La oferta del Sr. Valencia era tan o más lesiva que la compra-extorsión. Se resume de esta manera: ‘Te devuelvo la empresa que te quité, totalmente destrozada y depreciada, sin inversiones en mantenimiento ni sustitución de equipos, con una millonaria deuda impositiva, social, laboral, a la banca y proveedores”, responden desde el Grupo Daher. Además de que para ese entonces ya habían dos procesos penales abiertos en contra de los que hasta ese entonces figuraron como propietarios de la compañía.

Posteriormente, se descubriría toda una estructura de empresas que operaron y siguen operando para PAT en las que, en su mayoría, figuraban -según documentos de Fundempresa- trabajadores de la misma televisora, como choferes, sonidistas, camarógrafos, gerentes, entre otros, sumando (hasta donde se pudo establecer) un total de siete. Entre ellos, Rosendo Mendoza Gutiérrez y Juan Carlos Tórrez Encinas.

Información de Fundempresa de compañías que operaban para PAT:

Empresas que operaban para PAT by Diario EL DEBER

PAT y una telaraña de empresas

-“¿Qué pasó cuando se enteraron de que sus colegas figuraban como dueños de las empresas que los habían contratado y que les adeudan salarios?”, la consulta va dirigida al grupo de trabajadores de PAT que accedió a conversar con esta casa periodística.

Recuerdan que la primera reacción fue de sorpresa, luego de duda. En el caso de Rosendo Mendoza, “era alguien como nosotros, de dónde iba a tener capital para comprarse una empresa”, dicen.

Una versión parecida le da a EL DEBER un familiar de Mendoza cuando es contactado para viabilizar una entrevista en la cárcel. “Si usted lo conociera… no tiene de dónde”, dice. Al final, da marcha atrás y da por descartado que el exjefe de operaciones de PAT pueda conceder una entrevista en Palmasola.

Quien abre el primer cerrojo para echar luz sobre el entramado de empresas que se fueron creando para operar a nombre de PAT y para que la justicia intervenga, es un trabajador de La Paz. Según el expediente que figura en la Felcc, Cristóbal Ábrego Áñez, hizo la primera denuncia penal contra los que figuraban como directivos de PAT. En su declaración señala que desde octubre de 2012 fue responsable de trámites administrativos de la televisora con diferentes entes del Estado, denuncia “una serie de irregularidades, que caen a la fecha en actos ilícitos”. Advierte que PAT, hasta las gestiones 2012 y 2013, “acumuló millonarias deudas con el Estado, específicamente con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)”, que toma “acciones precautorias contra PAT, congela y retiene sus cuentas, realiza la anotación preventiva de sus bienes inmuebles (...)” por lo que, al verse imposibilitada de operar, los directivos empiezan a hacer aparecer otras empresas en escena.

Por la información de Fundempresa, expedientes de la investigación contra Valencia Lozano y sus socios, así como documentación provista por los trabajadores, se pudo establecer que a partir de la adquisición de las acciones del Grupo Daher por parte de Comercializadora Multimedia del Sur, entran en acción: Administradora de Televisión (inversiones en general), MultiPAT (encargada de la publicidad del Estado) y ServiTV o ServiPAT (encargada de la publicidad privada); con la participación accionaria de trabajadores de la televisora y de otras otras empresas como Detalbol Comunicaciones, Arenalia, Acervo y Lóculo, en las que también se repiten los nombres de empleados.

Sobre los ingresos declarados de estas compañías y sus pendientes con el fisco, por documentación a la que se tuvo acceso, se conoce que entre las cuatro declararon ingresos por Bs 570.261.334 y que acumulan una deuda a Impuestos de Bs 215.273.652, además de una deuda por cargas sociales de Bs 6.394.988

En el caso de MultiPAT, que estaba a cargo de administrar los ingresos por publicidad estatal, declaró haber recibido (entre 2018 y 2019) unos Bs 25,4 millones. Esta cifra no guarda relación con lo informado por el Gobierno de Jeanine Áñez, en enero de 2020, indicando que en las gestiones de 2018 y 2019 el Estado había pautado Bs 65,6 millones en publicidad en este canal y Bs 95 millones entre 2017-2018-2019.



Un experto en tributación consultado para este caso y que pidió la reserva de su identidad, explicó que habitualmente este tipo de proceder, de multiplicar empresas, “busca bajar la imposición fiscal”. Opinó que el Estado no ha demostrado capacidad para desenmascarar estas estructuras opacas o, de hacerlo, estos son procesos que duran largos periodos y que finalmente, quien termina perdiendo es el Estado.

EL DEBER envió una solicitud de información al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sobre el comportamiento tributario de las cuatro empresas que operaron para PAT, pero la institución se excusó de brindar mayores datos citando el Código Tributario Boliviano, en el artículo que hace referencia a la confidencialidad de la información tributaria.

Silencio

EL DEBER buscó dialogar con el abogado Édgar Raúl Serrano Garret que, de acuerdo al memorial presentado el 15 de enero de este año, es el representante legal, junto al exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, y el exprocurador Pablo Menacho Diederich; de los “legítimos propietarios” de la sociedad PAT Ltda. En la primera oportunidad que fue contactado, vía WhatsApp, sostuvo que no podía responder en ese momento porque se encontraba de viaje y luego, que estaba en una audiencia.

Tampoco pudo ser contactado el exministro de Justicia Héctor Arce, quien también firma el memorial y a quien se llamó hasta minutos antes del cierre de esta edición.

Sin embargo, en el memorial que este grupo de juristas, del consorcio Alliance, hizo llegar al Juzgado 11° en Material Civil y Comercial sostienen que sus representados fueron, presuntamente, “extorsionados” por personas particulares y funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez por lo que solicitan el fin de la intervención de PAT y “la entrega física inmediata de las instalaciones” tanto en la ciudad de Santa Cruz con en La Paz.



Remy, Gerardo y Hugo, trabajadores de PAT, muestran con sus boletas en mano cómo fueron migrados a diferentes empresas sin tener una liquidación. Actualmente, se encuentran en el limbo, reclaman el pago de sus beneficios sociales y salarios | Foto: EL DEBER


Trabajadores en el limbo

Cuatro trabajadores de PAT, Hugo Villarroel, Gerardo Luna, Remy Romeo y Carmelo Pedraza, que fueron contratados entre 2008 y 2010; cuentan que la realidad de la televisora les estalló en la cara tras la renuncia de Evo Morales, pero que desde antes ya era “una olla a presión a punto de estallar”. Ellos integran el grupo de al menos 60 trabajadores que le han iniciado un proceso a la empresa para que les pague sus beneficios sociales, salarios y los reintegre a sus puestos laborales.

Lo primero que dejan claro es que no están a favor de ningún bando, sino de que se cumpla la ley y de que se respeten sus derechos laborales aunque, tras indagar en lo acontecido con la compañía, se sienten desprotegidos por el mismo Estado. ¿Por qué? Tanto Hugo como Gerardo y Remy se percataron de que ya no trabajaban para PAT tras el escándalo y que, entre 2016 y 2018, pasaron a depender de empresas como Comercializadora Multimedia del Sur S.A. y ServiTV (ServiPAT), sin que alguien les hubiera informado.

Con sus boletas de pago en mano, que corresponden a la recepción de salarios de las tres empresas, sostienen que no fueron liquidados cuando terminó su contrato con PAT Ltda., tampoco con Comercializadora Multimedia del Sur e incluso, perdieron su antigüedad. Y todo esto, dicen con pesar, “el Estado lo permitió”.

En el caso de Carmelo Pedraza, miembro del sindicato de trabajadores, Recursos Humanos le consultó y ante su negativa a ser migrado de empresa sin ser liquidado, bajo amenaza de denunciar el hecho, es que ahora es uno de los únicos 20 trabajadores que forman parte de la planilla de PAT Ltda, de los -según sus cálculos- 350 que la integraban.

El que esté en esta planilla, tampoco le ha garantizado que le paguen sus salarios. La empresa le adeuda desde mayo de 2020. Dice que solo recibió el aguinaldo. Situación similar atraviesan sus colegas.

Consultado al respecto, el interventor, Rodrigo Palazuelos, dice que se encuentra entre la espada y la pared, que cuando tomó el mando de PAT Ltda. se encontró con varias empresas operando para el canal; con sus propias planillas de trabajadores y haciendo cobros a nombre de la televisora. Agrega que solo puede responder por los trabajadores que dependen de PAT Ltda., tal como dispone el mandato de su intervención.

La exsenadora Carmen Eva Gonzales, que fue una de las que inició uno de los procesos penales, expresa su pesar por la situación en la que se encuentran los trabajadores y la empresa. Promete que, pese a ya no estar en el Legislativo, seguirá impulsando el caso.



Comentarios