DDHH, 40 años de retroceso
¿Gozan Evo Morales Ayma, Álvaro y Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, Héctor Arce del derecho al debido proceso por los presuntos delitos cometidos durante 14 años? Aparentemente no. Esa duda debe preocupar a todos los candidatos que se identifiquen con los principios esenciales de la democracia. El Informe de Human Rights Watch no es superficial ni partidario.
Cuando el país recuperó el proceso constitucional en octubre de 1982, Luis García Mesa, Luis Arce Gómez, los paramilitares que asaltaron la Central Obrera Boliviana, los asesinos que torturaron a Luis Espinal, los militares que se aprovecharon de las piedras preciosas de La Gaiba fueron investigados, acusados y procesados con todo el rigor de la ley y con el respeto a sus derechos personales.
La madurez de la democracia boliviana, a pesar de su relativamente corta edad, la solidez de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la dignidad de Cristina Quiroga Santa Cruz y de los otros familiares de los mártires, colocaron a los responsables en el banquillo. Esa fue su mayor derrota, gozaron de beneficios que ellos negaron a los demás durante la dictadura.
No hubo necesidad de pobladas, de excesos, de venganzas, de arreglos turbios para lograr justicia. El sistema funcionaba, con todos sus achaques, los abogados podían sustentar sus pliegos con base en su conocimiento, como fue el caso de Juan del Granado y de Freddy Panique; también los abogados defensores, los fiscales, los magistrados.
Funcionaba una sólida Cancillería, con personalidades como Karen Longaric, Jorge Balcázar, Jaime Aparicio, decenas de servidores públicos que lograron la extradición de García Meza, no por afinidades políticas sino por una demanda impecable.
El andamiaje institucional de los DDHH era creíble. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), cuyo embrión fue el movimiento Justicia y Paz, funcionaba con activistas voluntarios y con presupuestos mínimos. Inimaginables escenas como las protagonizadas por Teresa Zubieta para apoderarse por la fuerza de sus instalaciones.
Había un discurso humanista, respaldado fuertemente por las iglesias, la católica, la metodista, la luterana. Parroquias en las ciudades y en el campo, comunidades eclesiásticas de base eran la columna vertebral del compromiso con la causa del ser humano libre y digno. Ahora, esa voluntad está disminuida, casi enmudecida, aún golpeada por tres lustros de persecución con insultos y cercos, algunos violentos.
Desde 1982, con el paso de la dictadura al gobierno constitucional, el propio Estado aumentó sus capacidades para defender los derechos humanos de todos los bolivianos y cumplir con sus compromisos internacionales. No solo reformas constitucionales y mejoramiento en la normativa como logró René Blatman, sino la creación de la Defensoría del Pueblo. Desde que Morales instruyó que la entidad lo defienda a él, la hizo pedazos. Aun así, Nadia Alejandra Cruz Tarifa debe tener derecho al debido proceso, ahora que se aproxima el final de su usurpación.
En estos meses, el Gobierno ha denunciado varios hechos de violación de derechos humanos, de inmoralidad penada por ley, de corrupción y de ataques a la población, pero no logra darles un sustento suficiente, una base institucionalista por encima de lo político. El enredo, quizá más por incapacidad que por mala fe, puede ser un boomerang. Hasta el peor asesino tiene derechos. Lo contrario es volverlo víctima y dejarlo impune.
