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30 de octubre de 2023, 4:00 AM
30 de octubre de 2023, 4:00 AM

Karen Longaric Rodríguez

El escritor y diplomático boliviano Walter Montenegro, resaltando la necesidad de Bolivia de formular un esquema de política internacional, decía: “Los países subdesarrollados, débiles, no tienen ningún otro instrumento de acción, ni arma tan eficaz para la promoción de sus intereses y para la defensa de sus derechos, como una inteligente política de relaciones exteriores, manejada por un servicio exterior de óptima preparación y eficiencia profesional” (Cochabamba 1984).

La política exterior (PE) expresa la posición de un Estado respecto a objetivos nacionales sustantivos cuya concreción en gran medida depende del respaldo internacional y de los medios que se empleen en su consecución. El instrumento óptimo de la PE es la diplomacia, ejercitada a través de la representación experimentada y la negociación.

La PE de Bolivia a partir de 1945 estuvo alineada al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. El tema marítimo, recursos naturales, ríos fronterizos, derechos humanos, medio ambiente, comercio exterior, inversión extranjera, cooperación internacional, integración, fronteras, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, son temas que invariablemente estuvieron en la agenda boliviana.

Sin embargo, a partir de 2006 el gobierno dio giros en la PE, afectó las relaciones con algunos países y fue tejiendo vínculos con regímenes totalitarios olvidando el interés nacional. La cancillería boliviana se abocó a encumbrar la figura de Evo Morales en el concierto internacional. Desplegaron grandes recursos económicos movilizando delegaciones al extranjero que, impelidas por la prebenda, repetían una mendaz narrativa ante la comunidad internacional. Hoy, las estrechas relaciones con regímenes totalitarios y los presuntos vínculos con el narcotráfico, han dejado al descubierto a Morales. Ni la llamada diplomacia de los pueblos, ni la diplomacia presidencialista han dado réditos a Bolivia.

Al presente, Bolivia no tiene agenda internacional propia, carece de objetivos nacionales plausibles y es el eco destemplado de intereses y discursos foráneos, que lejos de beneficiar a Bolivia, la aíslan más de la comunidad de estados democráticos.

Hasta el 2006, de manera sostenida, Bolivia reclamó su salida soberana al mar; expresó la voluntad de mantener buenas relaciones con todos los países, en especial con sus vecinos; condenó las políticas expansionistas y la agresión, en actitud consecuente con su centenaria denuncia por la invasión chilena en 1879 y el despojo de su territorio, y también en repudio a los cercenamientos territoriales que sufrió por la coacción y agresión de sus vecinos.

A partir de 2006 el tema marítimo se manejó de manera utilitaria, sirvió para distraer la atención de los bolivianos y crear una endeble unidad nacional basada en la mentira y las falsas expectativas que generó el infortunado proceso judicial instaurado contra Chile. A esta derrota judicial, le antecedió la derrota diplomática en la AG de la OEA en Cochabamba en 2012; cuando después de cuatro décadas de sostenido apoyo a la causa marítima, los estados miembros de la OEA volcaron su voto, apoyaron la tesis chilena de la bilateralidad y dejaron a Bolivia sola.

Es necesario debatir este tema para que las futuras generaciones conozcan el punto de quiebre de la causa marítima y conozcan a sus autores. También es necesario analizar el proceso de Chile contra Bolivia sobre el Silala. 

Otras imposturas en la PE del MAS son el indigenismo y el culto a la madre tierra. Reiteradamente han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política. Lejos de preservar la riqueza natural y proteger el medio ambiente hicieron lo contrario, proyectaron carreteras en zonas protegidas, incentivaron asentamientos ilegales, ampliación de la frontera agrícola con la quema de bosques, minería ilegal y contaminación de ríos, dañando severamente el medio ambiente. Recordemos que la posición de Bolivia en la Cumbre de la Amazonía (2023) inviabilizó los objetivos y la obtención de metas concretas para la protección de la selva.

Tema significativo para Bolivia es la inversión extranjera. Hace 8 años el gobierno denunció 22 tratados bilaterales sobre inversión extranjera, con la promesa de renegociarlos en mejores términos para Bolivia, situación que a la fecha no ha ocurrido. La inseguridad jurídica, la desinstitucionalización y la ausencia de acuerdos internacionales que otorguen certeza a la inversión extranjera y a Bolivia como país receptor, la ubican como el país latinoamericano con menor inversión extranjera directa. A ello se suma las políticas de nacionalización, reversión y expropiación de inversiones, que han generado una avalancha de arbitrajes internacionales, con millonarios costos para Bolivia. Estas políticas no pueden ser calificadas como desaciertos, error o impericia. Estas políticas fueron gestadas como parte central de un proyecto en desmedro de Bolivia y los bolivianos.

Respecto a la diplomacia bilateral, cada alianza es peor que la otra: Apoyo a la política agresora de Rusia, silencio frente a actos terroristas de Hamas, acuerdos secretos con Irán, defensa de las dictaduras latinoamericanas, acuerdos de inversión con empresas de dudosa reputación y otros.

La situación que vive Bolivia exige rediseñar las políticas de Estado, entre ellas la PE. Estamos obligados a perfilar una PE que de réditos al país. Las universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales demócratas y otros actores, deben promover un debate nacional que oriente a diseñar una PE que responda a los intereses del estado y no al de los gobiernos de turno.


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