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15 de febrero de 2022, 4:00 AM
15 de febrero de 2022, 4:00 AM

Oscar Ortiz, exsenador y exministro

El balance del comercio exterior al 2021 refleja cifras muy cercanas entre el valor de las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos, con una ligera diferencia positiva a favor de las primeras. El principal problema es la caída en la producción y las perspectivas negativas sobre la perdida de reservas. El gran impacto que podría tener esta situación sobre la seguridad energética, la economía y la situación social debiera ser uno de los debates trascendentales que el país tiene que encarar en la búsqueda de una política de Estado que permita superar esta amenaza para el futuro cercano.

Si continuamos con esta tendencia, en el corto plazo la balanza será negativa y la salida de divisas para importar energía superará a los ingresos por las exportaciones, principalmente de gas natural. Esto en un contexto en el que las otras exportaciones se encuentran limitadas; en el caso de los minerales por una ley que no atrae nuevas inversiones; en el caso de las manufacturas, por la falta de acuerdos internacionales de libre comercio; en el caso de la producción agroalimentaria, por la prohibición al uso de la biotecnología para incrementar la producción; en el caso de los servicios, porque no se los reconoce como exportación para fines tributarios; en el caso del turismo, porque no se lo valora como parte de la estrategia de desarrollo debido a prejuicios ideológicos.

En el área específica de los hidrocarburos se combinan muchos factores que nos conducen hacía una situación que afectará no solo la balanza comercial, sino que profundizará el déficit fiscal y la insostenibilidad del gasto público, con graves consecuencias para los servicios públicos que prestan municipios, departamentos y las universidades estatales.

El principal problema es la caída de la producción derivada directamente de la falta de capacidad de reponer reservas debido a que no se tomaron las previsiones para reinvertir en exploración los ingresos por la explotación de las reservas descubiertas en los años 90. Vivimos la ilusión de la nacionalización que permitió financiar una “bonanza económica” entre el 2006 y el 2014.

En apariencia todo funcionaba bien. Todos los años exportábamos más que la gestión anterior, tanto en volumen como en valor, y los ingresos permitían sostener una gestión pública que destinaba los recursos a una industrialización que aún no genera utilidades y en políticas populares que permitieron ganar elecciones a los gobernantes, a costa de dejar irresueltos los principales problemas del país, como las carencias en salud, educación y la falta de empleo formal.

La principal sacrificada fue la inversión para la exploración. Se aceleró la inversión en explotación, lo que en el corto plazo benefició al gobierno y las empresas nacionalizadas, que continuaron trabajando como prestadoras de servicios. Mientras tanto, nuestros principales mercados, Argentina y Brasil, desarrollaron sus propias reservas y construyeron plantas de regasificación para disponer de fuentes de aprovisionamiento alternativas, vía LNG, lo que transforma sustancialmente, en desmedro nuestro, las condiciones de negociación hacía el futuro, si lográramos nuevos descubrimientos que nos permitieran contar con excedentes para exportar hacía el mediano plazo.

¿Qué hacer? La gran prioridad, asegurar la seguridad energética. Ya se importa gran parte del diesel, una parte importante de la gasolina que consumimos y algunos expertos proyectan que hacía fines de la década se podría importar gas natural.

Para evitar estos escenarios se debe cambiar la ley para promover inversiones orientadas a la exploración, tanto de petróleo, con sus propias características, como de gas natural, al igual que promover el cambio de la matriz energética apoyando el desarrollo del etanol para sustituir la gasolina e incentivando el uso del gas natural para el transporte público. Institucionalizar, modernizar y dar transparencia a YPFB y al sistema regulatorio sectorial, también es imprescindible.

Solo una política de estado, concertada con visión de país y responsabilidad con las nuevas generaciones, permitirá afrontar estos inmensos desafíos y amenazas.

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