Defensor del Pueblo ve poco avance del Estado en investigación por hechos de 2019
La CIDH se reunió con el Gobierno y la hija de Áñez en La Paz. Hoy estará en Sucre y mañana vuelve a la sede de Gobierno. El defensor del pueblo cuestionó al Estado por no atender recomendaciones del GIEI
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar los avances de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019. Empezó sus reuniones con autoridades del Gobierno. Varios activistas ven que no hay avances en las advertencias que dejó el GIEI. Mientras, el actual defensor del pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que el Estado incumplió las recomendaciones del informe defensorial que presentó sobre los conflictos de 2019.
Joel Hernández García, relator de la CIDH, es la cabeza de la misión que llegó al país. Ayer, se reunió con el ministro de Justicia, Iván Lima; el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; y el embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce.
“En esta primera reunión de evaluación hemos concluido con una agenda de trabajo que le va a permitir a la Meseg (Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia) continuar con su evaluación y entregar un informe de medio término hacia marzo de 2023”, informó Lima tras la reunión con los miembros de la CIDH.
Esta misión permanecerá en el país hasta mañana. Ayer también se reunió con Carolina Ribera, hija de la exmandataria Jeanine Áñez. Hoy, el grupo de la CIDH irá a Sucre para reunirse con el fiscal general, Juan Lanchipa, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mañana, la misión se entrevistará con legisladores de la oposición, víctimas de Senkata y Sacaba y miembros de la sociedad civil.
Según Lima, las recomendaciones del GIEI sobre los hechos en 2019 tiene tres niveles de avance: atención a las víctimas, justicia y política pública.
En relación a la atención a las víctimas, Lima indicó que se estableció una política pública que fue validada con todos los sectores de la sociedad y que concluirá con una ley en curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro acotó que respecto a la ayuda humanitaria se terminó de implementar diversos pagos económicos. “Todo esto para lograr que nunca más ocurran estos hechos, pero si ocurren, tener una política pública establecida”, dijo.
La autoridad dijo que respecto a las políticas públicas se realizó una cumbre inicial contra el racismo y la discriminación, en 2022. “Avanzamos en las tres áreas, pero no es un avance porcentual porque son tareas de mediano y largo plazo que se van a consolidar”, remarcó Lima.
No ven avances
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y activistas observaron que las recomendaciones que dio el GIEI al Gobierno sobre los hechos de 2019 no fueron cumplidos.
“¿Cuánto se ha avanzado con esas recomendaciones? Aparentemente solo se ha detenido a las personas que parecen las emblemáticas (Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez), pero en realidad no hay investigación.
Hay varios casos sobreseídos, casos de rechazados, los afectados de Senkata y Sacaba deberían exigir una investigación profunda de los hechos para tener un poco de paz”, detalló Marina Vargas, vicepresidenta de la Apdhb.
Mientras, Franco Albarracín, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), consideró que tanto jueces del Órgano Judicial como fiscales responden a “intereses y acciones del Ejecutivo”, ya que pese a que se han recomendado que se establezcan acciones destinadas a reformar la justicia y solucionar los hechos “claramente el Estado no tiene la voluntad política para cumplir con esa recomendación”.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo brindó ayer un reporte sobre el cumplimiento de sus recomendaciones del informe denominado “Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre - diciembre de 2019”, hechos que se registraron en el país después de las fallidas elecciones presidenciales.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, calificó como “deficitario” el cumplimiento de estas sugerencias defensoriales sobre la violación de derechos, ya que de las diez recomendaciones sólo dos fueron cumplidas, otras dos están en proceso de cumplimiento y seis no fueron atendidas.
Las dos recomendaciones cumplidas son: la emisión de una “Política Plurinacional de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en periodos de Gobiernos Inconstitucionales”, y garantizar las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda investigar de manera exhaustiva los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país durante el conflicto.
El ministro Lima cuestionó la posición que asumió la Defensoría y pidió a Callisaya contactarse con autoridades del Ministerio de Justicia, del TSJ y de la Fiscalía para abordar esta temática. “Discrepamos con las afirmaciones realizadas (por Callisaya), pero definitivamente estamos buscando los escenarios de diálogo, de encuentro y de entrega de información”, dijo Lima a Erbol.
