Deforestación se ensaña con la Chiquitania; retoman quemas y desmontes

Incendios forestales, incremento de los hornos de carbón, avasallamientos y, por si fuera poco, cifras desconcertantes de desmontes. En el departamento cruceño, la mirada que se da a la tierra parece acercarse más al concepto de mercancía que de patrimonio natural y ambiental.

Un último informe de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), elaborado por Oswaldo Maillard y Marcio Flores, indica que, si en 24 años, entre 1986 y 2010, el promedio anual de desmontes (sin contar afectación por incendios) fue de 135.141 hectáreas; en una década, de 2011 a 2020, aumentó a 211.732 ha por año. El documento hace una estadística de los municipios y las áreas protegidas más deforestados, pero también muestra una relación entre los desmontes y la tenencia de la tierra (propiedad).

Son 27 los municipios con serios problemas de pérdida de cobertura boscosa en 2020, pero la situación es más dramática en los municipios chiquitanos de San Ignacio de Velasco y Concepción, que ocupan el primero y segundo lugar, con 50.586 y 21.831 hectáreas desmontadas, respectivamente.

El tercer puesto lo tiene un municipio chaqueño, Charagua, con 20.497 ha deforestadas. Paralelamente, su área protegida (AP) Ñembi Guasu encabeza la lista de zonas de protección con mayor pérdida de cobertura, 4.022 ha solo el año pasado.

En orden de daño luego siguen los municipios de Pailón, con 15.009 ha; San José de Chiquitos, con 13.430 ha; El Carmen Rivero Torrez, 10.997 ha; San Miguel, con 10.565 ha; El Puente, con 7.950 ha; Ascensión de Guarayos, con 4.774 ha; Cabezas, con 4.200 ha; Santa Rosa del Sara, con 3.925 ha; San Rafael, con 3.667 ha; y Puerto Suárez, con 3.313 ha.

Entre los primeros 20 municipios más deforestados, al menos la mitad eran de la región chiquitana, incluido Roboré, acaparando todos más de 100 mil ha desmontadas solo el año pasado.

Pablo Solón, director de la Fundación Solón, aseguró que este problema siempre está relacionado a la actividad agropecuaria, y en particular a la exportación de la carne, ya que se han empezado a preparar terrenos -que en el fondo son de uso forestal- para alimentar ganado, y que esto en particular se está dando en Santa Cruz, y sobre todo en el bosque chiquitano.

Según Solón, el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) del Gobierno propone pasar de 10,1 millones de cabezas de ganado a 18 millones, hasta 2025.

“Si se van a incrementar las cabezas de ganado en 80%, uno puede imaginar el impacto sobre la deforestación, y tanto el sector ganadero-empresarial como el Gobierno no han hecho los estudios de evaluación de impacto ambiental que se requieren, antes de lanzar cifras que son terribles”, cuestionó. 

Para Solón, muy pocos países en el mundo tienen más de una cabeza de ganado por habitante, y sin embargo, hasta 2025 Bolivia espera tener 1,5. “Por supuesto eso significa tener menos bosques”, insistió.

Uno de los problemas tiene que ver con la tendencia cada vez más creciente de deforestación en las áreas protegidas. El departamento de Santa Cruz cuenta con 45 áreas, y el estudio de la FCBC cuantificó 23.310 ha de superficie deforestada en el periodo 2020.

Ocho de las AP representan el 77% del total deforestado en las áreas protegidas analizadas; en orden de superficie afectada, estas son Ñembi Guasu (4.022 ha), Río Grande Valles Cruceños (3.044 ha), PN y ANMI Amboró (2.415 ha), UCPN Laguna Concepción (2.235 ha), ANMI San Matías (1.822 ha), APM Laguna Marfil (1.601 ha), PN y ANMI Pantanal Otuquis (1.398 ha) y la Reserva Municipal de Copaibo (1.310 ha).

El bosque chiquitano es el bosque seco tropical más extenso y aún mejor conservado de Sudamérica. Sin embargo, la FCBC concluye que la dinámica de cambios socio-económicos está poniendo en riesgo su viabilidad e integridad ecológica a largo plazo.

Ya la World Wildlife Fund (WWF) tiene estudios preliminares, aún no publicados, que dan a entender que el municipio de Roboré estaría en los próximos 25 o 30 años con un déficit hídrico importante en la zona urbana.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Roboré (Cosepur) publicó que desde 2015 la recarga de los ríos ha mermado en 40%, y 25% de eso desde los incendios en 2019. Otros municipios ya están enfrentando problemas similares.

Desmonte y propiedad

El documento de FCBC además aborda otro criterio, el de la relación entre la tenencia de la tierra y la pérdida de la cobertura boscosa.

La empresa agropecuaria en 2020 tumbó 68.491 ha de bosque, mientras que la mediana propiedad afectó 27.801 ha. En la tierra fiscal DGAT se desmontaron 27.751 ha, mientras que en la tierra fiscal fueron 16.574 ha.

“De acuerdo con los actores involucrados, a la categoría empresa agropecuaria se le atribuyó el 35% de la deforestación del año pasado, seguida de la mediana propiedad, con un 14%; de las Tierras Fiscales (DGAT), con 14%; las pequeñas propiedades con un 12%”, indicó la FCBC. 

En el caso específico de las tierras fiscales, se cree que la deforestación tiene que ver con las posibles dotaciones y/o asentamientos de las diferentes comunidades campesinas e interculturales en los últimos años.

Para el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, hubiera sido interesante y mucho más completo que el estudio de FCBC relacione las proporciones en que hacen esa contribución a la deforestación las distintas formas de propiedad, con el porcentaje que ocupan en superficie en el departamento de Santa Cruz.

“A groso modo tengo el dato del tamaño de cada forma de propiedad, y puedo concluir que, en contraste con las formas de propiedad comunitaria, de forma marcada la propiedad individual contribuye más a la deforestación”, dijo.

Para Almaraz, según estudios que pudo ver sobre territorios indígenas en Sudamérica, los territorios indígenas figuran como los espacios de naturaleza más preservada, “corroborando la percepción que se tiene de que la propiedad comunitaria es un mecanismo de preservación ambiental”.

El ex viceministro se inquieta con la importante cantidad de superficie deforestada dentro de las AP, cree que esto da cuenta de lo poco que importa la institucionalidad en Bolivia y de lo poco que se cumple la ley, porque se supone que en AP no debería existir deforestación.

En cuanto a las AP, Solón también habló de los incendios dentro de estas, dijo que normalmente los que están quemando tierras de manera ilegal en AP lo hacen para llevar ganado ahí, y alquilar esas tierras que ni siquiera son de ellos a otros que tienen autorización para exportar carne.

“Incluso hay denuncias de tráfico de ganado de Brasil a Bolivia porque en Brasil ya no hay ni tierras para pastar”, aseguró. Cree que más del 90% de esta deforestación e incendios es ilegal y que las sanciones son insignificantes frente al daño. “Finalmente lo que diga la autoridad realmente no importa porque en esos juicios, aunque fueran penales, las penas son tan bajas, y no los meten a la cárcel, que siguen deforestando”, criticó. 

Según Solón, la sanción debería estar ligada a que quien no cuida su propiedad, que tiene 5.000 ha y que quema 4.000 en un año, el Estado debería revertirla, cosa que “es absolutamente legal según la CPE y las disposiciones en el INRA”, aseguró.

Almaraz dijo que se está violando no solo el PLUS, sino también otras normas, como las que crean AP. “Hay las distintas formas de ilegalidad, simples avasallamientos de gente que sin algún apoyo legal o de autoridad pública entra y tala, pero también hay las resoluciones que en los últimos meses ha dado en INRA contra la ley, de autorización de asentamiento a colonizadores en AP y en gran cantidad”, dijo.

A Almaraz no le extraña que se pueda titular ilegalmente, pero advirtió con una circunstancia particular en la que es legal la titulación en AP y reservas forestales, y es en la de predios pre existentes al nombramiento.

Sin embargo, puso de ejemplo el caso de El Choré (tierra fiscal), actualmente con titulaciones dentro de esa reserva forestal. Dijo que vio varias veces esa realidad agraria, que no tenía asentamientos, y que puede que hubieran aparecido títulos, lo que constituye una ilegalidad cometida desde la propia institución pública.

Lamentablemente, al tener la Chiquitania el bosque seco tropical más amplio de Sudamérica, para los ojos depredadores, también “tiene más bosque para tumbar”, dijo Almaraz.

Retoman quemas

Hace pocos días, la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) emitió la resolución administrativa 236/2021, que deja sin efecto la 121/2021, que disponía la paralización temporal de autorizaciones para desmontes y quemas. A pesar de esa paralización, este año en el país se quemaron 3,4 millones de ha de superficie, según datos de Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), la mayoría en periodo de prohibición, y 2,2 millones de ha dentro de AP.

Un informe de la FCBC indica que en 2020 el fuego afectó a San Ignacio (31,6%), San Matías (17,4%) y Concepción (15,9%). Seis municipios aglutinaron el 85% de los incendios. El 57% de la superficie quemada era boscosa, y fueron 17 las AP donde hubo llamas.

Miguel Crespo, de Probioma, aseveró que entre la gran empresa y los medianos concentran la deforestación “legal”, pero que la “ilegal” debe andar cerca en números porque cuentan con recursos financieros para promover el retiro de la cobertura de los bosques.