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22 de noviembre de 2023, 3:00 AM
22 de noviembre de 2023, 3:00 AM

Han pasado alrededor de 50 días desde que comenzaron los incendios forestales en Bolivia. Ha sido la crónica de una tragedia anunciada por los especialistas: la sequía y el tiempo habían dejado un suelo que era combustible para que las llamas se propaguen sin misericordia, a través de cientos de miles de hectáreas. A ello se sumó la acción vil de personas que provocaron las quemas aún cuando ya había emergencias por la expansión del fuego. Hubo mucho más que dos meses para prepararse, para coordinar y para estar listos frente a este desastre. Pero tuvieron que pasar 50 días para que las autoridades demuestren preocupación. Antes de eso, solo un viceministro que se esforzaba por decir que todo estaba bajo control.

Durante este tiempo ardieron más de dos millones de hectáreas en Santa Cruz y una proporción similar en Beni. El humo cubrió el país y transformó el cielo boliviano en una pesadilla, con cientos de pacientes afectados por problemas en la piel, los ojos y el sistema respiratorio. En Roboré murieron 16 personas como consecuencia de las quemas y del calor acumulado.

Los más afectados han sido los pueblos indígenas de Beni y del norte de La Paz. Se cuenta una treintena de viviendas quemadas; es decir, familias que perdieron todo lo que tenían y que piden ayuda entre lágrimas. Además, sus fuentes de agua fueron contaminadas por las cenizas y ya no pueden acceder a ellas. Aparte de sus hogares, murieron miles de animales que eran sus mascotas o sus fuentes de alimentación, además de haberse quebrado el equilibrio de ellos con la naturaleza.

El daño es inmenso y da la impresión de que no fue dimensionado por los responsables, en el Ministerio de Defensa, en la ABT y en el INRA, por no mencionar la cartera de Gobierno que hace tiempo debió enviar personal de inteligencia para detectar a los quemadores profesionales y ponerlos ante la justicia. Se lo ha hecho en los últimos días, pero es una reacción tardía, como también lo es la búsqueda de ayuda internacional, cuando los incendios de sexta generación pudieron ser impedidos con más helicópteros y aviones cisterna, que nunca llegaron y que Bolivia no pudo adquirir, pese a que cada año hay problemas del mismo tipo.

Es un alto costo para Bolivia. Y es un alto costo político al que se expone el presidente Luis Arce, como efecto de la bronca de los ciudadanos que vieron impotentes los incendios y la contaminación. Ahí, el primer mandatario tendrá que preguntar qué pasó a sus colaboradores. ¿Es que quizás el viceministro y el ministro de Defensa se esforzaban en hacerle creer que todo estaba bajo control cuando no era así en realidad? Triste también el papel de la ministra de Salud que dijo que las víctimas del humo y las altas temperaturas no habían muerto como efecto de las quemas sino del calor. ¿Sabrá la funcionaria de Estado que el incremento de las temperaturas también es consecuencia de los incendios, especialmente en Roboré?

Por su lado, el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, se atrevió a reducir el desastre a una pugna política contra el presidente, cuando desde siempre debió organizar el apoyo en la mitigación del fuego. Lo lamentable es que hizo sus afirmaciones frente al mandatario que escuchó sus palabras sin decir nada.

Hay que pasar del golpe de calor al golpe de timón en el gabinete. El Gobierno de Luis Arce debe tener a colaboradores probos y, sobre todo, sensibles con el dolor de los bolivianos.

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