23 de febrero de 2023, 4:00 AM
23 de febrero de 2023, 4:00 AM

En días pasados, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Renán Cabezas, se atrevió a plantear una ley corta para la designación de autoridades judiciales transitorias. Ya nada sorprende en el escenario político de Bolivia, pero para quienes anhelan la vigencia de un Estado de derecho, la propuesta es osada e indignante. Se trata de una nueva muestra de que el partido en función de gobierno está dispuesto a violar la Constitución Política del Estado las veces que sea necesario para su conveniencia.

Al MAS le cuesta mucho gobernar reconociendo mayorías y minorías, le cuesta dialogar y llegar a acuerdos con la oposición política. Para sus legisladores y militantes, la lógica es imponer y aplastar.

Pero no lo puede hacer con facilidad porque necesita dos tercios de votos para la elección de los candidatos a magistrados de los tribunales del Poder Judicial: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, y no los tiene.

La imposición de candidatos de la pasada gestión logró, sin mucho trámite, que el rodillo del MAS apruebe las candidaturas de abogados desconocidos, no siempre con reconocidas hojas de vida, pero sí muy dispuestos a ser funcionales, por no decir serviles, al poder político del momento.

Los candidatos a magistrados perdieron las elecciones porque ganaron el abstencionismo, los votos nulos y los votos blancos en un proceso insólito, porque aún así se dio por vencedores a los postulantes, con lo que se constató que había una crisis judicial muy difícil de superar y que ese hecho solo ayudaba a magnificar el uso del sistema judicial a manos del poder político.

Este año tocan elecciones judiciales otra vez. Pero ahora la coyuntura es diferente. Primero, porque hay una campaña de colecta de firmas para abrir la Constitución y lograr que los postulantes a los máximos cargos de este poder sean elegidos por tribunales independientes y especialistas para que solo los mejores cuenten con el respaldo popular.

En segundo lugar, este contexto es diferente porque el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa para imponer a sus candidatos.

Como no pueden llegar a acuerdos vuelven a la práctica de imponer y ahora lo quieren hacer mediante una ley corta.

Por si eso no bastará, comienzan a culpar a los opositores, pretendiendo hacer creer que ellos van a obstaculizar la elección de candidatos a magistrados.

Lo cierto es que, al hacer la propuesta de una ley corta para aplicar el dedazo en la designación de autoridades judiciales, el MAS se burla de los bolivianos y sigue la estrategia que le marcan desde afuera; “alguien lanza el proyecto al aire y una maquinaria se ocupa de armar el relato”.

Al frente hay una oposición reactiva, pero con escasa iniciativa y así se va imponiendo la voluntad del gobernante y de sus seguidores, muy lejos de lo que el pueblo anhela y necesita.

La campaña de recolección de firmas para lograr la reforma del Poder Judicial parece ser la única alternativa esperanzadora de que se logre un cambio. Ese poder está en el que firma para la realización del referéndum constitucional y se introduzcan cambios precisos en busca de que Bolivia tenga mejor justicia.

Los juristas independientes se trazaron 3 meses para llegar a un millón y medio de firmas.

Si bien el proceso comenzó con entusiasmo, se ha visto apagado en el último tiempo.

La indiferencia no ayuda, porque si el ciudadano no participa, terminará agachando la cabeza frente a las descabelladas propuestas de reemplazar la Constitución con leyes cortas a conveniencia del MAS.

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