Denuncian que ‘avasalladores’ del predio Santagro pretenden negociar las 1.800 hectáreas de soya listas para cosechar
Representante legal del predio agrícola pide al Gobierno nacional, por medio de la Policía, cumpla su obligación en el cumplimiento de la protección al derecho propietario y desalojen a los avasalladores
El representante legal del predio Santagro, ubicado en el municipio de Guarayos, Uber Zambrana, dijo que los dirigentes del grupo irregular y armado que por la fuerza tomó y controla la propiedad agrícola, están en proceso de negociación (venta) de las 1.800 hectáreas de soya cultivadas en el terreno.
Anotó que, además de estar comprometida la cosecha del grano, las pérdidas productivas son considerables tomando en cuenta que debido a la limitación de ingreso al predio no se hizo el control de maleza y otras actividades que deben cumplirse previo a la cosecha.
“Los autores, cómplices y partícipes de la toma tendrán que reparar económicamente las pérdidas productivas que se registren una vez se logre ingresar y se haga la cuantificación de daños en los sembradíos”, refirió Zambrana, al instar a los avasalladores a salir pacíficamente del fundo productivo.
En el ámbito legal, el abogado indicó que se han realizado varias diligencias y se está en proceso de identificar a los autores, cómplices y partícipes de los delitos denunciados.
“Queremos pedir nuevamente al Gobierno nacional, por medio de la Policía, que cumpla su obligación en la protección al derecho propietario y desalojen a los avasalladores de Santagro”, expresó Zambrana, al confirmar que, además del perjuicio productivo, los ‘tomatierra’ han robado camionetas, un tracto, cinco motocicletas y agroquímicos.
El 12 de febrero, con armas de fuego, machetes y palos, un grupo integrado por al menos 180 personas retomó la toma del predio desalojando violentamente a 35 policías que se encontraban custodiando la zona. En diciembre de 2022, el mismo grupo de personas, ingresó ilegalmente a la propiedad, distante 30 km de la zona Las Londras, en la provincia Guarayos. Aquella vez se anotó la pérdida de 1.400 hectáreas sembradas.
La propiedad Santagro cuenta con medidas precautorias, es tierra que hace más de 20 años produce alimentos y donde los productores hicieron importantes inversiones para la sostenibilidad de los suelos y la producción. Se sabe que los productores cuentan con la posesión legal de Santagro.
Mario Aguilera, otro representante legal del predio, explicó que hasta el momento no se pudo conseguir la notificación para realizar el respectivo desalojo.
Aguilera lamentó que, debido a la burocracia y a la falta de recursos de la justicia boliviana, todavía se sigue con los papeleos y no se tenga la certeza de cómo se encuentra la propiedad, los cultivos y la maquinaria agrícola que estaba en el lugar.
El abogado sostuvo que, desde que fue tomado nuevamente Santagro, no se sabe qué cantidad de personas está en el lugar, pues no se puede llegar debido al control y violencia que ejercen los avasalladores a todos los que se acerquen a la zona en conflicto.
Consultado sobre las acciones que se ejecutan en la propiedad avasallada, Franz Carrasco, juez Agroambiental de San Ramón, dijo que solo ha emitido un informe porque el caso depende del Tribunal Agroambiental en Sucre. “Es un proceso contencioso entre los propietarios y el INRA”, explicó la autoridad.
Bajo justicia agroambiental
Desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el director nacional Eulogio Núñez, aclaró que la entidad ya concluyó el proceso de saneamiento, por lo que está fuera de competencia del INRA, actualmente impugnado y se encuentra bajo jurisdicción de la Justicia Agroambiental.
“En este caso, el Tribunal Agroambiental -al estar este predio impugnado en proceso Contencioso Administrativo- es el encargado de emitir medidas cautelares e inclusive solicitar auxilio de la fuerza pública para su desalojo”, explicó la autoridad en contacto con EL DEBER.
Núñez sostuvo que el INRA sólo tiene competencia en dos casos: en procesos de saneamiento en curso y en tierras fiscales disponibles.
Como se recordará, el 16 de a agosto de 2022 la Sala Primera del Tribunal Agroambiental de Sucre, como autoridad competente, emitió varias medidas precautorias; entre ellas, la prohibición de asentamientos humanos en Santago, como solicitó el INRA.
Asimismo, está prohibido innovar, contratar o disponer, tampoco las transferencias del predio Santagro, considerada ‘tierra fiscal’.
El Tribunal también dispuso la paralización de chaqueos, desmontes o el aprovechamiento de recursos forestales o naturales.
Sin embargo, llama la atención que esa dependencia judicial, en su apartado décimo, rechaza la solicitud del INRA que solicitó “el desalojo de todo asentamiento ilegal reciente” y justifica que “la medida podrá disponerse, según las circunstancias lo ameriten, si correspondiera y previa inspección judicial, con todos los efectos que establecen las normas en vigencia”.
