20 de septiembre de 2023, 4:00 AM
20 de septiembre de 2023, 4:00 AM

En una semana se cumplirán nueve meses de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En ese tiempo, la autoridad ha tenido un evidente deterioro físico, como efecto de una enfermedad de base mal atendida. A ello se suma la actitud negligente de Régimen Penitenciario, que primero se rehusaba a que salga del penal de Chonchocoro para someterse a análisis médicos, y ahora oculta el informe sobre los resultados de los estudios que finalmente le realizaron en un hospital de El Alto.

Luis Fernando Camacho tiene una enfermedad autoinmune que demanda una medicación periódica, la misma que -según los galenos cruceños que fueron parte de la junta de 26 médicos llamados por Régimen Penitenciario- debería suministrarse en un ambiente aséptico que no es el penal; asimismo recomendaron que sea trasladado a un lugar a una altura no mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar por problemas con la presión arterial, entre otras demandas suscritas por cuatro profesionales de la salud, acreditados por el juez competente y designados por el Colegio Médico de Santa Cruz.

La junta médica se realizó el 16 de agosto y se emitieron dos informes. El primero fue firmado por los cuatro representantes del Colegio Médico, el segundo fue presentado por los galenos de Régimen Penitenciario. Las conclusiones eran diferentes, aunque resaltaban contradicciones en el avalado por el Gobierno, ya que no recomendaba internación, pero sí aconsejaba una cirugía y una tomografía (ninguna de esas dos prácticas se puede hacer en un recinto carcelario).

Finalmente, Régimen Penitenciario aprobó que el gobernador salga del penal para que se le practiquen exámenes complementarios. Eso ocurrió 10 días después de la junta médica y se informó que se le hicieron 18 estudios en tiempo récord (de 8:00 a 15:00). El informe de los estudios ya fue emitido por el hospital en que se realizaron, pero el documento está resguardado por las autoridades de Gobierno como si fuera un secreto de Estado, restringiendo de esa manera el derecho que tiene Luis Fernando Camacho de saber sobre su estado de salud y, por tanto, negando la posibilidad de que sea atendido como corresponde a su estado.

El extremo fue denunciado por su abogado defensor, Martín Camacho, quien además asegura que el gobernador necesita que se le practiquen dos cirugías a la brevedad. Toda la demanda se choca contra una pared cuyos ladrillos son la negligencia de las autoridades penitenciarias.

A lo anterior se suma que hace pocos días se amplió la detención preventiva de Luis Fernando Camacho en contra ruta del pedido de que sea beneficiado con medidas sustitutivas por su condición de salud.

Es más, de acuerdo con el abogado defensor, el gobernador tiene las visitas restringidas y ni siquiera se le permite salir de su celda para caminar y respirar aire en exteriores.

La defensa del gobernador pedirá que sea el juez quien haga cumplir la orden de dar a conocer el informe médico, ya que Régimen Penitenciario ha hecho oídos sordos a esta demanda judicial. Tal conducta es cuando menos abusiva y viola los derechos constitucionales de cualquier ciudadano; en este caso por ser opositor al Gobierno y estar preso, como si mantenerlo en esa condición fuera un trofeo de guerra.

Habrá que preguntar si el objetivo de Régimen Penitenciario y, por tanto, del Gobierno de Luis Arce, es deteriorar la salud del gobernador al extremo, solo porque le estorba que esté libre. De ser así, se están cometiendo delitos que deberán ser juzgados oportunamente. Por ahora, es inadmisible que se vulnere con descaro los derechos de un boliviano. En tal sentido, el presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno tendrían que dar garantías para la vida de Luis Fernando Camacho, a fin de no entrar en la misma categoría de gobernantes que se asemejan más a dictadores que a demócratas y respetuosos de la vida.

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