Derechos humanos, empresas y principios rectores
Con gran acierto la Encargada de Negocios de los EEUU en Bolivia, Charisse Phillips, nos recuerda sobre un importante trabajo que desarrolló la Oficina de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, al establecer unos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP), conocidos como “Marco Ruggie”, por haber sido desarrollados por encargo de la ONU, a John Ruggie, catedrático de derechos humanos de la Universidad de Harvard, con el propósito de aclarar y establecer los roles y las responsabilidades de los Estados, empresas y otros actores en el contexto de la actividad empresarial. Estos principios fueron presentados y aprobados en junio de 2011, por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y están basados esencialmente en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en los principios de la OIT. Consideran de manera muy particular el efecto de la actividad empresarial sobre las personas vulnerables a violaciones de sus derechos humanos.
Se trata de llamar a la conciencia del mundo empresarial para que asuma una debida conducta, que responda de manera responsable al compromiso de respetar los derechos humanos. Por otra parte, se pide a los países el respeto al Estado de Derecho y se recuerda la obligación social que tienen de contribuir a las comunidades locales con inversiones de recursos, destinadas a desarrollar el capital humano, apoyando sus iniciativas.
La representante diplomática, no solo se refiere a como se debe pensar en el retorno al antiguo estado, luego de la pandemia, sino que señala y recomienda, la creación de planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos, para lo que se deberá elaborar leyes para contrarrestar los abusos corporativos y al mismo tiempo dictar normas para transparentar la gestión. Recomienda para la reconstrucción del país, mellado por la crisis, que se debe pensar en la necesidad de establecer una ruta crítica que comience con el acceso global a las vacunas covid-19, y continúe desplegando los esfuerzos necesarios dirigidos a preservar el medio ambiente y a elaborar acuerdos, para fortalecer el compromiso de afianzar nuestras relaciones comerciales. Se trata de acudir a los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que hace una década impulsaron un entendimiento, que pueden utilizar las empresas en el contexto de los derechos humanos, dentro de los cuales se incluye la reparación de abusos cometidos en el marco de las actividades comerciales. Recomienda, por lo demás, las alianzas público privadas, APP, que defiendan los derechos humanos, que han tenido muy buena acogida en diversos países del mundo. En Bolivia existen disposiciones legales al respecto tanto en el orden nacional como en el departamental y municipal.
Los Principios Rectores, señalados por la Encargada de Negocios de los EEUU, Charisse Phillips, claramente enfatizan la responsabilidad que tienen las empresas a la hora de respetar los derechos humanos, asentándose en tres pilares fundamentales: “Proteger, Respetar y Remediar”, es decir, proteger frente a violaciones de derechos humanos cometidos por terceros; respetar los derechos humanos y mejorar los procedimientos de reparación en caso de violación de estos derechos. Para este cometido el Estado deberá establecer políticas apropiadas, deberá elaborar leyes, así como disposiciones para regular y establecer mecanismos de mediación. Por su parte la empresa deberá actuar diligentemente para mitigar los efectos dañinos, y finalmente deberá hacer uso de vías judiciales y extrajudiciales de reparación.
La embajada de los EEUU reconoce los beneficios de las alianzas público-privadas y ya está desarrollando algunas experiencias, en nuestro país, sobre todo dirigidas al trabajo infantil.
Por su parte el país del norte anunció que pondrá en marcha el proceso de actualización y revitalización del Plan de Acción Nacional (NAP) de los EEUU sobre Conducta Empresarial Responsable.
En Bolivia, se espera que el respeto a los derechos humanos se desarrolle de parte de las empresas de acuerdo a la UNGP, (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), que dependerá del Gobierno boliviano, de las empresas y de la sociedad civil. A más de ello la Representante del Gobierno de los EEUU Charisse Phillips, reiteró el compromiso de su país en apoyar a Bolivia para superar la pandemia que nos acosa y a coadyuvar para la recuperación de nuestra economía, impulsando para este propósito un desarrollo compartido que pueda crear nuevas oportunidades para ambos pueblos.
Jorge Landívar Roca es Exministro de Estado
