Desafíos fiscales de la digitalización económica
Uno de los efectos más notables de la pandemia a nivel global fue sin duda la aceleración de la digitalización de la economía y las transacciones en todo el mundo, se cambió la forma de comprar, de pagar, de entregar y hasta de consumir, un verdadero trastoque de la manera como se desarrolla la economía y el comercio. Esta situación vino aparejada con nuevos problemas y desafíos para los órganos encargados de la recaudación fiscal y los ingresos de la administración estatal, con los cuales se solventa el presupuesto de inversiones y gastos del Estado.
El primer problema a resolver es como se deben gravar las transacciones por internet, lo que conocemos ahora por comercio electrónico (e- commerce) sean estas operaciones B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) o C2C (Consumer to Consumer), un segundo inconveniente es la forma de gravar estas transacciones si una de las empresas o personas esta fuera del territorio nacional, donde entra en cuestión un principio de la tributación internacional conocido como “principio de la fuente” que establece en esencia que se debe tributar en el lugar donde se produce la fuente del ingreso. Un último conflicto fiscal es como gravar la renta (utilidad) de las empresas que operan en el comercio electrónico transfronterizo y que su domicilio legal está localizado en un país de bajos impuestos, conocidos como paraísos fiscales.
Estas transacciones están ordinariamente gravadas por el impuesto a la venta, en nuestro país como impuesto al valor agregado (IVA) que aplica a la venta de productos y servicios en mercado local e importaciones. El otro impuesto es el que grava la renta de las empresas en función a sus ganancias o utilidades, para el que se determina una base imponible según los ingresos y los costos de la actividad económica. Los avances en la facturación digital ya aplicada en Bolivia permiten que todas las transacciones digitales de compra de bienes y servicios, sean gravadas con los impuestos que correspondan y por ende las empresas que perciben dichos ingresos puedan tributar por las ganancias que obtienen. La dificultad de la recaudación de impuestos en transacciones digitales persiste por la informalidad que se ha trasladado al internet y las redes sociales, creando una nueva forma de negocio denominada “comercio social” a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales.
Según reporte de Statista (www.statista.com) en 2020, el mercado mundial de comercio electrónico cruzará el umbral de los dos billones de dólares. Con 1,3 billones de dólares en ventas en 2020, China es claramente el número uno en comercio electrónico seguido por EEUU y Europa. Los cambios en el poder adquisitivo de EEUU Europa, China y el sudeste asiático, impulsado por el número creciente de consumidores que obtienen acceso al comercio electrónico debido al creciente poder adquisitivo y la penetración de Internet, especialmente en dispositivos móviles harán crecer de forma exponencial las transacciones digitales.
Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos ahora es como uniformizar criterios y reglas que eviten la elusión impositiva especialmente de las empresas con plataformas digitales globales de ecommerce que han crecido en ingresos y ganancias de forma geométrica durante la pandemia, lo que está muy bien, pues genera economía activa que impulsa el comercio y el empleo, sin embargo estas ganancias deben ser paralelas a contribuciones justas a través de los impuestos que en suma representan entre el 30% y 70% de los ingresos públicos de los países, que se destinan a los gastos sociales, inversión pública, seguridad y la administración misma del Estado. Se estima que alrededor de 240 mil millones dólares anuales pierden, especialmente los países en desarrollo, en ingresos fiscales por causas de la elusión de impuestos.
En octubre de 2021, 141 países y jurisdicciones bajo los auspicios de la OCDE (Organización para Cooperación y el Desarrollo) y el G20 se unieron a un plan innovador para actualizar elementos clave del sistema fiscal internacional que ya no es adecuado para su propósito en una economía globalizada y digitalizada. Las Reglas Globales BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) sobre erosión de la base imponible y la transferencia de ganancias, son un componente clave de este plan y aseguran que las empresas multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos sobre los ingresos que surgen en cada una de las jurisdicciones donde operan.
Más específicamente, las Reglas BEPS establecen un sistema coordinado de impuestos que impone un impuesto complementario sobre las ganancias que surgen en una jurisdicción siempre que la tasa impositiva efectiva, determinada sobre una base jurisdiccional, esté por debajo de la tasa mínima (15%). El propósito es evitar que las empresas multinacionales trasladen artificialmente las ganancias a lugares con impuestos bajos o nulos donde hay poca o ninguna actividad económica o que erosionen la base impositiva a través de pagos deducibles como intereses o regalías. Esto socava la justicia y la integridad de los sistemas fiscales porque las empresas que operan a través de las fronteras pueden utilizar estas prácticas para obtener ventaja competitiva sobre las empresas nacionales. En suma, se trata de establecer una mayor equidad en la contribución fiscal de las empresas.
