Desempleo, cooperativas mineras, avasallamientos ¿qué hacer?

La minería nacional está sometida a un riesgo adicional para consolidarse. A la volatilidad de las cotizaciones internacionales de las materias primas y la inseguridad de la calidad de los yacimientos se suma el peligro de los avasallamientos. Desde el año 2006, cuando se reactivó la minería en Bolivia, la cantidad de invasiones a operaciones mineras privadas o del Estado ha ido creciendo mes tras mes.

¿Quiénes son los autores de estas actividades irregulares? ¿Por qué son tan frecuentes? ¿Qué hace el Estado para impedirlas? ¿Cómo afectan al futuro de la minería? ¿Qué se tendría que hacer?

Cuando sobrevino la crisis minera, a mediados de los ochenta, y empresas privadas o estatales paralizaron sus actividades, las cooperativas mineras mantuvieron viva la minería. Conformadas con extrabajadores de Comibol –la corporación de minas del Estado– y apoyadas por los gobiernos de turno, coparon casi todos los espacios de la minería nacional.

Su falta de capital les pone freno a sus deseos de explorar, desarrollar, preparar minas y equiparse. Por esto, el Estado les permitió ocupar minas que la Comibol dejó de operar, les transfirió equipos y maquinarias de la Comibol con planes de pago a largo plazo, dispuso brigadas de ingenieros para que les dieran soporte técnico, creó una dirección específica dentro de la Comibol e hizo que fueran parte de las decisiones de esta corporación al poner dos cooperativistas en el directorio de Comibol.

Pero este apoyo resultó insuficiente porque, con el incremento de las cotizaciones de metales en el mercado internacional, miles de desocupados o desempleados vieron a la minería como su tabla de salvación y, aprovechando de las ventajas que otorgaba el Estado, organizaron cooperativas que demandaban áreas de trabajo y soporte del Gobierno. Era imposible que este atienda todos los pedidos y llegaron los avasallamientos.

Ya al finalizar el siglo pasado, varias empresas empezaron a retomar actividades y, más pronto que tarde, se vieron presionadas por las comunidades, en cuyos territorios se asentaban sus operaciones, para compartir beneficios, pidiendo lo que el Estado no les daba (educación, salud, sistemas de riego, diversión). La resistencia o incumplimiento de promesas derivó en avasallamientos.

Las limitaciones bolivianas para generar empleos nuevos fortalecieron el impulso de los desocupados a organizarse en cooperativas, además, su capacidad de organización y su gran número las convirtieron en un sujeto político de primer nivel. El año 2006, un cooperativista fue nombrado ministro de Minería, en las elecciones siguientes, varios cooperativistas ganaron diputaciones y senaturías. Con esto, el control sobre las actividades de estas organizaciones se relajó notablemente.

Varias empresas se han visto en peligro frente a las actitudes de comunarios y cooperativistas, y han pedido apoyo al Gobierno, el que, en algunos casos, ha actuado protegiendo los derechos empresariales; pero, en otros, ha favorecido a los avasalladores. Esta forma de actuar genera incertidumbre y espanta posibles inversiones.

Para evitar estas acciones, lo esencial es crear empleos alternativos, dignos y sostenibles; con estos, los desocupados dudarían para dirigirse hacia las minas donde arriesgan sus vidas cada día. Si no se pudiese concretar este propósito, habría que ver cómo generar espacios operables por las cooperativas y darles apoyo técnico para desarrollar sus actividades. Una salida es permitir que las cooperativas se asocien con empresas privadas para que estas realicen ese trabajo; pero, en esos casos, las condiciones deben estar fuertemente reguladas y controladas. Organizativamente, que se genere una persona jurídica diferente a las socias, laboralmente, que todos los trabajadores en la operación sean cooperativistas, económicamente, que todas las obligaciones correspondan al régimen empresarial; ambientalmente, que sea imposible realizar actividades sin la licencia obligatoria.

Otra salida es diseñar un programa parecido al Fondo de Exploración Minera, con apoyo de la cooperación internacional; otra es que el Gobierno canalice financiamientos externos para las cooperativas que pretendan realizar estos trabajos preliminares y la devolución se haría con la posterior explotación. El respeto a la ley de medioambiente debe ser esencial en todas estas alternativas.

Para el caso de las comunidades, las empresas pueden ayudar a organizar el desarrollo alternativo en las regiones mineras en un acuerdo estrecho entre la empresa y la comunidad. La empresa ayudaría en la capacitación de las personas (en alianza con otras instituciones), la organización y el financiamiento inicial de varias empresas que proveerían de insumos a la empresa y la mejora de la actividad agropecuaria, según su cultura. Así, la población encontraría otros caminos de desarrollo, tendría empleo, sería su propio patrón y no dependería de la empresa.

En ningún caso, la empresa debería sustituir al Estado ni ser donante de todo lo que demande la comunidad. Lo mejor sería lograr que la comunidad se respete a sí misma y a la empresa, con acuerdos como los citados más arriba.

Con estas medidas, ni cooperativas ni comunidades violarían los derechos de las empresas y la minería tendría grandes posibilidades de ser una actividad sostenible, generadora de empleos y de excedentes para potenciar el desarrollo local.