11 de marzo de 2022, 4:00 AM
11 de marzo de 2022, 4:00 AM


Si realizamos un abordaje acerca del fenómeno criminal de violencia de género, necesariamente debemos referirnos a los aspectos históricos y socioculturales, como son la despatriarcalización y la educación, que a su vez constituyen elementos necesarios para eliminar la violencia contra la mujer; para luego comenzar a transformar patrones valorativos y de conducta hacia el respeto a sus diferencias sexuales y de género, como pilar pedagógico en la educación, que enriquezca a las personas sin considerar las diferencias que puedan existir entre unos y otros, considerando siempre las semejanzas como seres humanos y la igualdad de derechos que todo boliviano posee desde su nacimiento.

Este es el propósito de transversalizar la perspectiva de género como política pública educativa, para lograr el cambio de mentalidad en la sociedad, que representaría el inicio de una desmitificación de la cultura patriarcal.

Para que genere resultados positivos y contundentes, debe existir la participación real de: el Sistema Educativo Boliviano, casas de estudios pre y post gradual, órganos del Estado, sociedad civil, juntas vecinales, padres de familia y sectores sociales, con el objetivo de lograr inclusión formativa de la transversalidad de género en su marco de referencia.

La problemática sobre violencia de género en el Estado Boliviano requiere de mayor atención por las autoridades en sus tres niveles (central, departamental y municipal), a la par de las agencias estatales secundarias (Ministerio Público, Policía, etc.), siendo los últimos los competentes para generar políticas criminales y, los delitos de violencia contra la mujer que día a día aumentan, podrán dar cuenta de sus orígenes, variables e indicadores de las violaciones a los derechos humanos de la mujer como sector vulnerable.

Así también se desnudará la falta de educación desde las familias, escuelas y universidades, acerca de la importancia del respeto hacia la mujer y sus derechos, como sector fundamental de la sociedad boliviana, que se aferra a una cultura patriarcal (vigente en el pueblo boliviano), que lleva a reproducir las brechas de género en diversos ámbitos sociales, económicos, institucionales y educativos, que muestran a la mujer como un ser inferior al varón.

Es imprescindible, para el sistema educativo actual, el uso pedagógico de herramientas conceptuales, didácticas y metodologías que permitan la revisión de su actuar y práctica reflexiva en el aula, así como buscar el trato equitativo e igualitario de su relación con sus educandos y de ellos entre sí. La relación con sus iguales, el uso de un lenguaje incluyente hacia su alumnado, debe tener el objetivo de lograr sensibilización, capacitación y formación en temática de Género y Derechos Humanos, en las instancias formativas mencionadas.

En el departamento de Santa Cruz, el Comité de Lucha Contra la Violencia de Genero, a través del proyecto Familia sin violencia, familia sin miedo, ha tenido importantes experiencias, llegando a capacitar a alrededor de 8.500 personas, en algunos municipios del departamento y distritos capitalinos, acerca de los derechos humanos de género y los efectos nocivos para la niñez que genera la violencia hacia la mujer, entre otros.

La vigencia, respeto y promoción de los Derechos Humanos y de Género, conforme lo consagra nuestra Constitución, así como los sistemas universal e interamericano: Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer - Cedaw, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, respectivamente, para su ejercicio pleno y goce efectivo, requiere la existencia de canales permanentes de consulta, participación y seguimiento que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las instituciones públicas y privadas.

Como aspectos determinantes para erradicar la violencia contra las damas, en la mentalidad y comportamiento del pueblo boliviano, se hace necesario el cabal desarrollo de competencias de vida y ejercicio de sus principios, derechos y valores de igualdad, inclusión, dignidad, respecto, armonía, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, entre otros.

Finalmente, considero que para avanzar en las políticas públicas de género y educación a nivel nacional, claramente se requiere de la vinculación entre los actores gubernamentales, civiles y sociales, en un marco de coordinación y cooperación de los primeros, conforme lo prevé el Artículo 12, parágrafo I de nuestra Constitución Política del Estado, y de militancia activa en la promoción y ejercicio de los segundos, en los derechos humanos de la mujer, a favor de la niñez y juventud, en aras de estructurar el tejido socio-gubernamental, capaz de atrofiar el hoy alarmante fenómeno criminal, denominado Violencia de Género.

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