14 de enero de 2024, 4:02 AM
14 de enero de 2024, 4:02 AM

Han transcurrido dos semanas del nuevo año y aún no se vislumbra la cordura en la Gobernación de Santa Cruz. La complicación surgió después de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia para que el vicegobernador Mario Aguilera asumiera la suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien permanece detenido en Chonchocoro, una sentencia que aún no se ha cumplido. La búsqueda de una solución se ve dificultada por la crisis de institucionalidad que afecta tanto a los poderes departamentales como nacionales.

En primer lugar, destaca la crisis del desprestigiado Poder Judicial. Resulta complicado aceptar una sentencia emitida por magistrados autoprorrogados que han demostrado sumisión a los intereses del Poder Ejecutivo. Esto se evidenció cuando los brazos operativos de la justicia permitieron que Camacho fuera procesado fuera de su jurisdicción, acusado de delitos inexistentes, y se le mantuviera en detención preventiva, violando sus derechos fundamentales como ciudadano.

La reciente discusión se ha centrado en consideraciones jurídicas, desde aspectos constitucionales hasta interpretaciones de normas departamentales sobre la ausencia temporal de la principal autoridad del departamento. No es posible encontrar una justificación por esta vía, ya que persiste un tema de principios sin resolver: el gobernador Camacho está injustamente detenido, y la única forma de despejar la controversia sobre su ausencia temporal es liberándolo para que reasuma sus funciones.

El argumento de que el vicegobernador, al ser también autoridad elegida, debería asumir el cargo debido a la ausencia del titular, no logra superar ese impedimento principista. Que Aguilera asuma dichas funciones significaría respaldar la posición de los asambleístas del MAS, tanto a nivel nacional como departamental, que nunca ocultaron su alineación con el Poder Ejecutivo, buscando eliminar políticamente a Camacho.

Es necesario admitir que los problemas de la Gobernación se originaron mucho antes de la aprehensión del gobernador. La desconfianza entre Camacho y Aguilera se hizo evidente desde el inicio de su gestión, lo que derivó en graves problemas de gobernanza que han repercutido negativamente en aspectos administrativos y de gestión. Sin embargo, estos problemas deben ser resueltos en el marco de las competencias departamentales, respetando el concepto de autonomía por el cual el pueblo cruceño ha luchado durante décadas.

Los episodios de desconfianza también plantean la necesidad de cuestionar si la institucionalidad cruceña tiene la capacidad de buscar una salida a la crisis. El Comité pro Santa Cruz, institución de la cual emergieron tanto Camacho como Aguilera, ha intentado mediar en el conflicto llamando al diálogo a figuras clave como el vicegobernador y el presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, quien ha defendido con firmeza la postura del gobernador. Aún no se percibe un acercamiento.

Será necesario persistir en la búsqueda de soluciones, ya que la pugna interna por el mando de la Gobernación es un triste y vergonzoso golpe a la larga lucha del pueblo cruceño por forjar su propio destino. En este año en que Santa Cruz deberá enfrentar temas cruciales como la realización del Censo, la conservación de sus acuíferos, la crisis judicial y procesos preelectorales, es imperativo que los líderes cruceños demuestren desprendimiento, unidad y capacidad de gestión para recuperar la gobernanza en la Gobernación. Esta es la única salida posible a la crisis, ante la falta de institucionalidad nacional, falencia que podría ser aprovechada por otros actores para aumentar su poder en detrimento de las causas cruceñas.

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