Opinión

Detención del Gral. de la FAB Alfredo Cuéllar

26 de noviembre de 2020, 5:00 AM
26 de noviembre de 2020, 5:00 AM

El Gral. Alfredo Cuellar fungía como comandante del Comando Estratégico Operacional (CEO) en Cochabamba y luego de su declaración informativa, fue aprehendido por el caso de la denominada masacre de Huayllani en 2019. Nuevamente se aplica la justicia de forma rápida contra el eslabón más débil de la cadena de mando, conformada por el presidente del Estado, luego, el ministro de Defensa, el comandante en Jefe de las FFAA, el jefe de Estado Mayor y los comandantes de fuerza (Ejército, Fuerza Aérea y Naval). De esa cadena de mando ninguno fue citado a declarar, por el contrario, fue un subalterno que cumplía órdenes del Comando en Jefe y terminó siendo aprehendido.

Casos similares ocurrieron en febrero y octubre negro de 2003, los misiles chinos el 2005, siendo procesados y encarcelados cinco generales, pero ningún político fue investigado pese a que ellos fueron los responsables de la emisión de órdenes y disposiciones para el empleo de la fuerza. En el caso Porvenir, fueron castigados policías de alto rango excepto aquellos políticos que ordenaron la represión. En el caso del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, fue procesado y sentenciado otro jefe policial.

Hace pocas horas, fue aprehendido el Gral. del servicio activo Alfredo Cuéllar, el mismo que fue conducido como un vulgar bandido a celdas policiales vistiendo el uniforme militar; quedando establecido con estos malos ejemplos que la justicia está al servicio del poder político; en consecuencia, los miembros de las FFAA deben recapacitar sobre su rol constitucional y actuar con firmeza, asesorar al poder político como corresponde sin entregar a su institución al servicio de un partido político, y que este envilecimiento de la justicia y del poder político hacia los miembros de las FFAA sirva para que los militares se deban a su pueblo, a los sagrados intereses de la patria y no servir al político porque está claro que los abandona, pues para ellos primero está el poder, el dinero y el partido, ellos luchan por sus intereses, por tanto no hay duda que el más noble servicio es el que se brinda al pueblo. 

La única forma de que los militares se protejan de la injusticia de hoy, es sirviendo a su pueblo, y a su patria, porque es el pueblo de quien se recibe solidaridad. También no hay duda después de estos hechos que los políticos hacen un pacto de protección, transando los intereses de la sociedad boliviana, es por eso que se caracterizan por ser infieles a sus compromisos. Es la mano traidora del político la que encarcela al militar, esa mano que primero implora ayuda y luego la usa para bajar el dedo, terminando el militar en la deshonra y el político viviendo de los impuestos y las riquezas del Estado. En este caso, una vez fijada la audiencia de medidas cautelares para el Gral. 

Cuéllar, seguramente él presentará documentos que demuestren arraigo natural y otros requisitos para que pueda defenderse en libertad, ya que no representa un peligro para la sociedad por no tener antecedentes penales, no existir peligro de fuga u obstaculización por su situación en el servicio activo y como subalterno haber recibido órdenes del escalón superior; mientras tanto no existen elementos indiciarios sobre la probabilidad de autoría o ser partícipe de hecho. 

Se espera que impere el Estado de derecho, y el respeto al debido proceso para que por su parte el General Cuéllar, dada su formación profesional, pueda aclarar con hidalguía si hubo orden para hacer uso de la fuerza, de ser así, quién ordenó y cuál fue la misión encomendada para determinar la verdad histórica de los hechos. Estos actos deben ser investigados bajo las mismas reglas de la ley penal para todos sin exclusiones.



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