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El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió ayer a los exministros de Jeanine Áñez que, si no acuden a declarar sobre la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, se librará mandamiento de aprehensión en su contra.

La autoridad tuiteó en dos momentos sobre el tema. La segunda vez demandó que las exautoridades deben decir si fueron cómplices, negligentes o víctimas de su excolega Arturo Murillo, que ocupaba la cartera de Gobierno.

Entretanto, el exministro Iván Arias, el primero en declarar sobre el asunto, alegó que la Ley 400, promulgada en 2013 por Evo Morales, fue empleada como base legal para la compra de gases lacrimógenos y munición no letal, según se lee en los decretos que habilitaron la cuestionada operación.

“Tras cumplir todas las formalidades, se aprobó que compren gases lacrimógenos según la ley sancionada durante el gobierno de (Evo) Morales”, afirmó el alcalde y exministro.

Pero, esta autoridad no fue la primera en presentar este argumento. El excomandante de la Policía Rodolfo Montero explicó a que el proceso de adquisición de los pertrechos se hace, precisamente, sobre la base de esta norma. “El Ministerio de Gobierno cubre nuestras necesidades y nosotros hacemos todo el procedimiento en base a la Ley 400”, precisó el uniformado el 16 de septiembre de 2020, ante la Comisión Mixta del Legislativo para investigar esta compra. “El tema no es la adquisición, es la forma irregular en la que se hizo esa adquisición. La Ley 400 no faculta este tipo de conductas, por ejemplo, no puede el Ministerio de Defensa adquirir este material para el Ministerio de Gobierno y eso es irregular”, afirmó la exdiputada Sonia Brito (MAS), quien es parte de exlegisladores que promovió la querella contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López por la compra de este material no letal.

Pero ¿qué dice la Ley 400? “El Ministerio de Gobierno, en función a las necesidades de la Policía Boliviana, emergentes de su misión constitucional legal, podrá adquirir armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados de uso policial, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades contemplados en el Presupuesto General del Estado y Programación Operativa Anual, debiendo sujetarse a la normativa que regula procesos de contratación”, establece el artículo 33.

La normativa, al igual que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, libera de la obligación del pago de tributos en la importación de pertrechos de uso militar.

De acuerdo con la investigación del Legislativo (1 de octubre de 2020), Arturo Murillo, siendo ministro de Gobierno, activó el trámite para que sea el Ministerio de Defensa la entidad que se haga cargo de la firma del contrato y la adquisición del material no letal.

Para esta operación se firmaron tres decretos. El 4090 de noviembre de 2019 que declaró la necesidad de la compra; el 4116 de diciembre que autorizó la compra de un proveedor extranjero, pero a través de una intermediaria.

Finalmente, el decreto 4168 que devuelve el gasto al Ministerio de Defensa, que finalmente entrega el lote de gases a la Policía.

El Estado pagó $us 5,6 millones por un lote de munición no letal fabricados por la empresa Cóndor.

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