11 de junio de 2023, 4:00 AM
11 de junio de 2023, 4:00 AM


El actuar torpe y poco transparente de autoridades nacionales y de encargados de las diferentes reparticiones del aeropuerto Viru Viru, durante el proceso de investigación del narcovuelo detectado en Madrid, daña aún más la imagen que otros países tienen sobre Bolivia en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. 

Las reacciones tardías, la desaparición de videos de cámaras de seguridad y la evasión de responsabilidades son algunas de las incoherencias que se han evidenciado en el desarrollo de las pesquisas. Todo esto es lo que las autoridades españolas seguramente trataron de evitar cuando decidieron iniciar sus investigaciones a través de canales confidenciales. Su falta de confianza en las instancias de control bolivianas parece justificarse a la luz de los hechos confusos que se han registrado desde febrero hasta la fecha.

Desde que la Guardia Civil Española reportara el hallazgo de la droga a mediados de febrero, las reparticiones bolivianas han ido asumiendo roles en el proceso investigativo. En su momento, la Felcn recibió requerimientos y derivó instrucciones a la unidad Aircop del aeropuerto con el propósito de conseguir las imágenes pertinentes de las cámaras de seguridad. Las solicitudes se ampliaron, a su vez, a las estatales Naabol y BoA, las cuales supuestamente entregaron imágenes incompletas y poco útiles para la pesquisa. También se reporta que la Aduana Nacional controla cámaras y que algunos de los videos a su cargo fueron borrados hace menos de un mes. Las entidades mencionadas tienen dependencia directa de tres ministerios, por lo que se presume que este delicado asunto era de conocimiento de autoridades nacionales del más alto nivel. 

La justicia boliviana tampoco podía estar ausente de esta cadena de sucesos que siembran muchas dudas sobre la integridad de la institucionalidad estatal. Basta mencionar que la decisión de un juez de liberar a ciertos implicados provocó que las fuerzas policiales arresten a la autoridad judicial bajo cargo de prevaricato. Más dudas, más torpezas, por donde se mire. 

Queda claro, entonces, que aquí se deben establecer las responsabilidades de todos los eslabones de la cadena de mando, y no sólo de los funcionarios que manipularon el cargamento de droga y de otros operarios de menor rango. Y la única forma de llegar al fondo del asunto es garantizando la independencia de los investigadores y haciendo a un lado a quienes pudieran tener algún conflicto de intereses. No se puede ser juez y parte en una investigación con tan grandes ramificaciones.

La Organización de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por el notable crecimiento de las actividades relacionadas al narcotráfico en países de Sudamérica. Se sabe que en los últimos años han aumentado los cultivos de coca, materia prima de la cocaína, así como las cantidades de droga que trasponen las porosas fronteras hacia un número cada vez mayor de mercados de consumo. Y también les preocupa el creciente número de consumidores de droga en países productores y de tránsito de estupefacientes.

En ese contexto, la comunidad internacional teme, por sobre todas las cosas, que las mafias del narcotráfico terminen minando la institucionalidad democrática de países vulnerables, como Bolivia, y los conviertan en narco-estados. Esto obliga a que las investigaciones del caso narcovuelo desvirtúen la posibilidad de que la oprobiosa actividad del narcotráfico goce de carta de ciudadanía en nuestro país. Está en juego nuestra imagen, así como la efectividad con la que se combate este flagelo de la humanidad.