Deuda del Estado boliviano a exportadores por beneficio fiscal llega a $us 700 millones

El Estado debe a los exportadores cruceños $us 700 millones por concepto de Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim). El dato fue revelado a EL DEBER por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

Los Cedeim son valores entregados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que los exportadores pueden utilizar para gestionar asuntos fiscales o convertirlos en dinero en efectivo a través de la banca. Estos certificados se originan en el principio de neutralidad impositiva, que busca evitar la doble tributación al exportar productos.

En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Bolivia tiene el compromiso de simplificar este proceso impositivo, lo que se traduce en la emisión de los Cedeim cuando un exportador demuestra la cantidad de impuestos al valor agregado pagados en la adquisición de bienes.

El lunes el Gobierno en coordinación con los empresarios privados acordaron 10 medidas para contrarrestar la escasez de dólares. El paquete incluye la liberación de las exportaciones, además de entregar estos certificados.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que con esta medida el Estado incentiva a los exportadores para que traigan dólares.

La idea del Ejecutivo es que una vez demuestren que han introducido divisas al sistema financiero nacional podrán, en su momento, requerir la devolución de Cedeim.

“En 15 días (el exportador) podrá tener la devolución de estos certificados, consideramos que es un incentivo muy importante, es el 13%. De un millón de dólares son $us 130.000 que en moneda nacional (devolveremos) es algo muy importante que pueden obtener o recuperar”, dijo.

Observaciones

Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, explicó en el programa Dinero 360 que se emite por EL DEBER Radio que existen demoras significativas en el proceso de devolución de impuestos mediante estos certificados.

Hizo notar que la fiscalización posterior, que debería demorar 120 días, y la fiscalización previa, que tendría un plazo de 180 días, raramente se cumplen. Actualmente, hay una deuda acumulada de Bs 3.000 millones en fiscalización posterior, de casi cinco años.

La situación se complica aún más con la fiscalización previa, donde se espera la devolución de Bs 1.500 millones.

“Estamos hablando que en total son un poco más de $us 700 millones”, explicó Barriga.

En días pasados, la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, explicó que el Gobierno está generando condiciones para que sean los exportadores los que traigan dólares al sistema financiero, facilitando la libre venta externa y otorgando incentivos fiscales.

Ante eso, Barriga aclaró que, si bien los exportadores privados traen dólares, lo hacen para mantener en funcionamiento sus empresas y cubrir costos operativos, como salarios, impuestos y gastos locales. La mayoría de los ingresos, entre el 80% y el 90%, se repatrían al país.

“Cuando yo exporto $us 100, tengo que traer para pagar mis costos de operación que son el 80% de lo que exporto. Aquí yo pago mis sueldos, impuestos, compro electricidad, y la operación de la transformación de un producto”, señaló.

Siguen los controles

Otro de los puntos analizados por Barriga, fue la liberación de las exportaciones que anunció el Gobierno el lunes pasado.

El exportador sostuvo que liberación total no existe, sino que ahora se ha flexibilizado la burocracia para poder exportar.

Precisó que las empresas exportadoras tienen la obligación de presentar informes detallados al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Desarrollo Rural cada 15 días, abarcando aspectos como la compra de materia prima, ventas, destinos, y otros movimientos económicos.

Según el reglamento para la otorgación de los Certificados de Abastecimiento Interno y Precio Justo, al que accedió EL DEBER los exportadores cumplen hasta 16 procesos burocráticos para acceder a este certificado.

Los procedimientos son más morosos, según Barriga, en sectores como el agroindustrial, azucarero y cárnico, que deben presentar requisitos adicionales al Estado.

El productor refirió a la necesidad de políticas estructurales para atraer inversiones y créditos más accesibles en lugar de depender de medidas paliativas.

Baja el dólar especulativo

Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, informó que la cotización del dólar paralelo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, experimentó una disminución.

“El dólar negro, el dólar paralelo, el dólar de calle, el dólar especulativo, el que nos hace tanto daño a todos los bolivianos, ha empezado a bajar”, señaló.

El empresario indicó que la cotización paralela bajó de Bs 9,10, y Bs 9,20 que estaba “ayer en Santa Cruz, ahora está en Bs 8,20 y en Bs 8,30 la cotización.

“Y eso es uno de los datos más relevantes, en La Paz está registrando en torno de Bs 7,50 y Bs 8”, señaló el empresario.

Justiniano añadió que este era uno de los elementos fundamentales, no solo para el sector empresarial, “sino principalmente para la certidumbre y la tranquilidad de los ciudadanos”.