Deudas y falta de transparencia en la gestión municipal
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El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra acumula deudas por más de 400 millones de bolivianos, monto que podría ser aún mayor. Solo a las empresas constructoras se les adeudan 380 millones, según estimaciones de la Cámara de la Construcción, mientras que los compromisos incumplidos abarcan a numerosos proveedores de bienes y servicios en diversos sectores.
La evidencia del incumplimiento es clara: grandes obras viales permanecen paralizadas o avanzan con lentitud. Además, las protestas del personal médico por sueldos impagos se han vuelto frecuentes, al igual que los reclamos de proveedores de medicamentos con pagos pendientes desde principios de este año. Incluso los gestores culturales han denunciado deudas por trabajos ya realizados.
A pesar de esta situación, la Alcaldía insiste en que no hay problemas de iliquidez. Reconoce algunas deudas, pero asegura que los pagos se realizan “de acuerdo a los contratos y avances de obra”, una afirmación que contrasta con la realidad.
La falta de transparencia es el punto de partida para entender este problema. Como el municipio más grande de Bolivia en términos de población y recursos, Santa Cruz de la Sierra debería ser un ejemplo de administración eficiente. Sin embargo, ni siquiera el Concejo Municipal, responsable de fiscalizar la gestión, parece tener información clara, y los concejales simplemente se suman a las denuncias.
“La Alcaldía cruceña está en bancarrota. La corrupción está dejando en toco las arcas del municipio”, señaló una concejala, una declaración alarmante proveniente de una autoridad fiscalizadora.
Es innegable que la crisis económica nacional ha afectado a todos los sectores, incluyendo al municipio. Sin embargo, lo inexcusable es la ausencia de ajustes financieros y de un plan anticrisis, algo que incluso miembros del Concejo han cuestionado.
El mayor impacto de este desajuste lo sufre la ciudadanía. Unas 35 empresas constructoras enfrentan atrasos en los pagos, con planillas pendientes desde 2023. Algunas prefieren rescindir contratos a seguir esperando, mientras la ciudad lidia con las molestias de obras inconclusas. En el sector salud, la situación es igual de preocupante. Este año ha estado marcado por huelgas del personal médico y desabastecimiento de medicamentos en centros municipales, haciendo de este el peor momento para ser paciente en Santa Cruz.
Con tanta informalidad, es probable que muchas empresas prefieran no presentarse a futuras licitaciones, lo cual puede agravar aún más la prestación de servicios a la población.
La crisis afecta incluso servicios básicos. En centros educativos se han reportado cortes de electricidad por falta de pago, y las empresas encargadas del mantenimiento de plazas y jardines no reciben pagos desde hace meses. Eso explica el estado de abandono que se evidencia en algunos paseos públicos.
Si bien los ingresos municipales han disminuido, debido a la reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y a menores recaudaciones propias, esto debería haber llevado a la administración a priorizar servicios esenciales y gestionar los recursos con eficiencia. Esto obliga a revisar si la estructura administrativa de la Alcaldía es la adecuada para la situación actual.
Es urgente que el Gobierno Municipal transparente su gestión y asegure que los ingresos, aunque reducidos, sean utilizados de manera eficiente y no terminen en un agujero negro de corrupción. En tiempos difíciles, la planificación, la responsabilidad y la eficiencia son más necesarias que nunca para garantizar el bienestar de los contribuyentes y recuperar la confianza de la ciudadanía.