28 de diciembre de 2022, 4:00 AM
28 de diciembre de 2022, 4:00 AM


No será un año fácil el que se avecina, todas las previsiones indican que la desaceleración nos llevará a un nivel de crecimiento vegetativo que podría convertirse en recesión. Con la responsabilidad que conlleva representar parte del sector privado vinculado a los servicios y el comercio exterior, nos atrevemos a plantear al gobierno, la sociedad y el empresariado, diez retos importantes para la sostenibilidad y el crecimiento de la economía boliviana en el año 2023.

Primero, el reto más importante en materia económica es mantener la estabilidad macro, baja la inflación y sostener el tipo de cambio, esto será posible mejorando el superávit de la balanza comercial, facilitando ingreso de remesas del exterior y continuando con el control relativo de los precios de los marcadores del Índice de Precios al Consumidor, ya que es muy poco probable una devaluación sin inflación. No obstante, en ningún caso los controles de precio deberían actuar a través de la restricción de exportaciones en los commodities donde hubiera producción excedentaria comprobada.

Segundo, reponer reservas monetarias internacionales liberando las exportaciones, promoviendo inversiones nacionales y extranjeras, garantizando seguridad y acceso a justicia imparcial. Para reducir el drenado de divisas en la importación de combustibles se debería incrementar el valor del carburante por mantenimiento de valor (Bs/UFV), de forma progresiva e imperceptible y aumentar el uso del etanol (de caña y sorgo) en la mezcla del biocombustible provocando una indiferenciación con el precio de la gasolina corriente.

Tercero, reducir el nivel de endeudamiento interno y externo y racionalizar el gasto público. La deuda es necesaria destinada a la inversión pública, debiendo cubrirse el gasto con los ingresos fiscales (tasas, impuestos y gravámenes), compensar deuda con bonos verdes garantizando preservación y sostenibilidad de las áreas protegidas, prohibición de la quema como practica de uso agrícola, control en el uso de los recursos hídricos por parte de la minería y reducir la contaminación de los ríos por la explotación del oro.

Cuarto, aumentar la inversión pública al menos al 15% del PIB, reorientándola a infraestructura logística competitiva (puertos-terminales, carreteras vías férreas y aeropuertos), al sistema de salud en infraestructura, equipamiento y una re-ingeniería de la administración. Con las universidades y tecnológicos se debe invertir en ciencia, tecnología e investigación aplicada en las áreas de salud humana y animal, preservación, etc.

Quinto, la facilitación del comercio como herramienta clave de la recuperación económica. Facilitar las importaciones y exportaciones permite reducir costos en las cadenas de suministro y distribución, lo que contribuye de manera efectiva a la reducción de la inflación, en particular de los bienes alimenticios que afectan al poder adquisitivo de las poblaciones con menores ingresos. Las facilidades al comercio permiten bajar los costos de suministros del sector industrial y el agropecuario y mejora el ahorro del consumidor en los bienes de consumo importados. En este ámbito se deben implementar el Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior y el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, en los que se debe encontrar consensos para eliminar trabas innecesarias y restricciones al comercio exterior del país.

Sexto, reducir el contrabando, la informalidad y otros delitos de orden económico. La erradicación del contrabando es cuestión de voluntad política, la militarización de las fronteras dotada de recursos tecnológicos debe ser prioridad del Gobierno y las FFAA y el resguardo del territorio aduanero a cargo de la Aduana junto a la Policía Nacional especializada, esta tarea es imposible sin acuerdos de cooperación con los países limítrofes y los puertos de acceso a ultramar. La informalidad debe combatirse con persuasión e inteligencia financiera y fiscal, no solo en el comercio amparado en el régimen simplificado, sino en otros regímenes como el del Transporte Unificado y el Régimen Agropecuario Unificado, cuyas contribuciones son ínfimas comparadas al valor de su producción.

Séptimo, el fomento a la producción, industrialización y el uso de la biotecnología. La producción solo crece con reglas claras, permanentes y seguridad jurídica, su fomento por la vía financiera, y el seguro de crédito aceleran la tasa de expansión productiva, no solo de forma extensiva, sino, intensiva. Las adecuadas medidas de incentivo a la importación de maquinaria y equipos destinadas a la industria y agropecuaria deben mantenerse de forma indefinida, pues esto fomenta la productividad, generación de empleo, divisas y tributos. El uso de la biotecnología en el sector agrícola y pecuario es indispensable en el aumento de la eficiencia y la mejora de rendimientos.

Los últimos tres retos importantes vinculadas a la economía desde el orden social son la educación, la salud y la seguridad ciudadana. La prioridad rezagada es la educación desde el nivel primario hasta el superior, pasando por la formación tecnológica, donde se debe reconducir un sistema divorciado de las necesidades de una sociedad moderna y de las capacidades productivas del país. 

En materia de salud el sistema es poco menos que deplorable no por la carencia de recursos sino por la ineptitud de un sistema cooptado por un sindicalismo anacrónico y políticos de rapiña. Similar situación se confronta con la seguridad ciudadana, a cargo de una policía centralizada, politizada y nada transparente, al servicio del gobierno antes que a la seguridad de la población.

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