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La Cámara de Diputados pasó al Senado, para su consideración, el proyecto de ley de carrera y de generales y de ascensos de la Policía con una redacción en su artículo 11, que originalmente le entregaba la cabeza de la institución al ministro de Gobierno, lo que desencadenó una serie de protestas dentro y fuera de la Policía y la regresó al comandante.

El proyecto enviado por el Ejecutivo establecía en su artículo 11, lo siguiente: “(Dependencia orgánica y mando policial). Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 252 de la Construcción Policial del Estado. El Mando Policial está conformado por las siguientes autoridades; Ministra o Ministro de Gobierno, Comandante General, Subcomandante y Jefa o Jefe del Estado Mayor, Suboficial del Estado Mayor”.

El texto aprobado la madrugada el 22 de junio, según un boletín oficial de la Cámara Baja, refiere lo siguiente: “Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 252 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia”.

De esta forma, se eliminó la posibilidad de que un civil sea la cabeza de la Policía. La redacción se basó en la Ley Orgánica de la Policía, vigente desde 1985, y establece que “La Policía depende del Presidente, quien ejerce autoridad por intermedio del Ministro del Interior, Migración y Justicia (hoy Ministro de Gobierno”).

El presidente del Comité de Gobierno y Policía Nacional de la Cámara Baja, Anyelo Gerardo Céspedes (MAS), cuando los periodistas le preguntaron sobre la polémica generada porque un civil iba a ser la cabeza policial, comentó que eso era falso. La Policía tiene su propia estructura, donde tienen su comandante. Aquí no se discute nada, él es la cabeza. Lo que hacemos se basa en la CPE, la institución no depende de ningún ministro, sino del Presidente”.

Sin embargo, manifestó que no se realizó ningún cambio al texto, y que tal como se aprobó en Diputados, pasó al Senado.

Acotó que el mandatario, en este caso Luis Arce Catacora, “delega al ministro de Gobierno, pero solamente para la coordinación entre el Ejecutivo y la institución”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el mismo sentido, señaló que “la Policía Boliviana depende del Presidente del Estado por intermedio del Ministro de Gobierno. Es más, para darle un ejemplo, lo mismo ya se establece en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su Art. 19 con el Ministro de Defensa”.

Reacciones

El diputado Saúl Lara, de Comunidad Ciudadana, observó que esta es una reforma a medias y lo que la Policía necesita es un cambio más estructural. Agregó que al colocar un civil a la cabeza de la institución del orden, venía a ser una acción política e inconstitucional.

“El comandante general (tanto de las FFAA como de la Policía) es el presidente del Estado, pero en la conducción: táctica, técnica y operativa, es el comandante de la Policía. Con esta ley, sospechamos que las fuerzas del orden tendrán un mando directo a la cabeza del ministro de Gobierno, eliminando el Estado Mayor”, señaló el asambleísta.

Un coronel en servicio activo de la Policía, que pidió guardar su nombre en reserva, explicó que la institución no está en contra de una ley que plantea también la carrera del generalato y abre un nuevo abanico de posibilidades como darle decisión a un suboficial. “Estamos en contra de lo que se enmascara en esta ley. El artículo 252 habla de dependencia, en ningún caso de mando. Ahí está la picardía, al poner en función de mando al ministro que es un civil, se viola la Constitución Política del Estado, porque politiza a la institución que, según la Carta Magna, no puede deliberar”.

Recordó que los policías son funcionarios públicos, “que dependemos evidentemente de la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente del Estado Plurinacional. Pero cada una de las instituciones, Policía, FFAA y todo el sector público, tiene una dependencia orgánica única en su mando. El nuestro es el comandante general, si esto se aprueba nuestro comandante será un civil, el ministro de Gobierno”, recalcó.

El constitucionalista Williams Bascopé dijo que “la dependencia es la subordinación al mando de orden del presidente, pero en el aspecto administrativo, no en los ámbitos operativo, ejecutivo, táctico, técnico, logístico. Todo eso lo maneja y depende directamente del mando policial, obviamente escuchando al presidente, quien como civil, al igual que su titular de Gobierno no tienen la formación necesaria para ver todos esos aspectos.

El coronel en retiro y abogado Rolando Fernández señaló que esta ley traerá “muchas complicaciones para la Policía Boliviana”.

Consideró que se rompe la estructura institucional de la Policía, se incluye “en una figura camuflada, burda, la figura del Ministerio de Gobierno como parte del Estado Mayor Policial. Esto significa que habría una fusión entre lo político y lo institucional.

“Naturalmente que la Policía pierde porque se consolida el sometimiento pleno al régimen político de turno”, aseveró.

La intencionalidad, coincidieron Fernández y Bascopé, es “politizar a la Policía, someterla plenamente al poder”.

Fuentes del MAS señalaron que la idea era que este proyecto de ley sea entregado a la Policía, como regalo en su aniversario, que fue el 24 de junio. Sin embargo, otro punto, el relacionado con la carrera de generales, que causó la molestia del exministro Juan Ramón Quintana, que criticó esa decisión, atrasó el tratamiento en Senadores, que será en dos semanas, tras el receso.

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