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11 de enero de 2023, 4:00 AM
11 de enero de 2023, 4:00 AM

Por Gloria Rose Achá, abogada y coordinadora de Acción Andina – Bolivia


Nunca se ha mostrado evidencia de que la penalización pueda eliminar o disminuir el consumo de drogas. Pese a ello, el consumo de drogas es un delito en Bolivia, tipificado en el artículo 49 de la Ley 1008.

Esta pretensión de resolver un asunto de salud pública por medio del Derecho Penal, ha generado resultados negativos y contraproducentes. Primero, la criminalización aleja a los consumidores del sistema de salud, único ámbito donde pueden atenderse los problemas derivados del consumo. Segundo, los recursos de la lucha contra el narcotráfico se malgastan persiguiendo consumidores y no traficantes. Tercero, mientras se prioriza la respuesta penal el sistema de salud se desentiende. Nada se sabe sobre el funcionamiento de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Reinserción y Rehabilitación de Personas con Adicciones, a la cabeza del Ministerio de Salud, que fue dispuesta por la Ley 913, ya en 2017.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico solía difundir datos desglosados de aprehensiones hasta el año 2016, pudiéndose observar que casi la tercera parte (un 34% en algún año) de las aprehensiones policiales, bajo la ley 1008, eran por el delito de consumo y tenencia para consumo.

Existen procesos judiciales hasta por el consumo de medio gramo de marihuana. También hay una proporción de consumidores que, aprehendidos con cantidades mínimas que son para su consumo personal, son remitidos a la cárcel por tráfico (pena de 10 a 25 años de cárcel) o por suministro (8 a 12 años de cárcel) hasta que pueden probar (se invierte la carga de la prueba) que son consumidores y no traficantes.

Resulta necesario, entonces, entender cabalmente la problemática e identificar las formas de resolverla, acudiendo para ello a la evidencia científica y social.
La evidencia dice que se debe diferenciar, primero, entre el consumo y la drogodependencia. Los estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido que, del total de población que consume alguna droga de uso ilícito en el mundo, solo un 12% desarrolla una adicción o drogodependencia.

Esta evidencia demuestra que la mayoría de las personas consumidoras de drogas se inscribe en el llamado “consumo no problemático”, o en los conceptos de consumo responsable y consumo funcional, ya que consumen en un ámbito privado y no generan efectos perjudiciales en el entorno, por lo cual no son visibilizadas ni percibidas por el conjunto de la población.

Los datos de la Unodc y la OMS, por tanto, se comprueban en la realidad. Hay personas que fuman regularmente marihuana, sin que ello les impida llevar adelante sus vidas y sus responsabilidades. Hay otras personas que consumieron cocaína o LSD una o dos veces, y no reiteraron nunca más. ¿Qué requiere esta población para reducir, eliminar o controlar su consumo? Servicios de orientación, educación, información, atención en salud, reducción de daños.

Existe otra población diferente, la cual sí es visibilizada y genera gran alarma social, y está compuesta por personas que sufren drogodependencia, han sido marginalizadas y excluidas, y también llevadas reiteradamente al sistema penal por delitos cometidos debido a su adicción.

La evidencia científica muestra que la drogodependencia es una problemática seria de salud mental. El consumo crónico produce una neuroadaptación, es decir que el cerebro de la persona se modifica, tanto en su estructura como en su funcionamiento, para adaptarse a la ingesta continua de drogas. Por ello, en la persona drogodependiente el consumo no depende de la voluntad, puesto que, si deja de consumir o reduce la dosis de consumo, su mismo organismo va a reaccionar pidiendo la droga, apareciendo diferentes síntomas síquicos y físicos que la persona no puede controlar.

Este es el síndrome de abstinencia, el cual, según la droga, el organismo y el historial de consumo de cada persona, se manifiesta con náuseas, dolores, irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, delirios, alucinaciones, convulsiones, que cesarán de inmediato apenas la persona vuelva a consumir.

Quienes sufren drogodependencia necesitan, para recuperarse, un programa especializado en salud, extenso en el tiempo, que combine diferentes terapias con un enfoque integral y multidisciplinario, que abarque no solo a la persona sino también a su entorno. La drogodependencia tiene un trasfondo social, por tanto, deben identificarse y resolverse los problemas, traumas y condiciones que hicieron que la persona dependa de una droga para poder vivir.

Si bien es posible que, mediante presiones, castigos o amenazas, una persona drogodependiente deje de consumir por un tiempo, es muy probable que vuelva al consumo, porque la drogodependencia permanece, no ha sido tratada. De igual manera, si un joven drogodependiente roba un celular para proveerse de su dosis, en lugar de golpizas en celdas policiales y cárcel, lo que necesita es un programa terapéutico que sea verdaderamente especializado, para su recuperación e inserción social. La respuesta penal solo va a agravar su dependencia a drogas, y va a introducir al joven a la cultura carcelaria y a unos códigos delincuenciales que antes no tenía.

Esta compleja problemática fue analizada, semanas atrás, en un conversatorio realizado en el auditorio del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. La senadora Andrea Barrientos (Comunidad Ciudadana) y los diputados Sergio de la Zerda (MAS) y Pedro Badrán (SÚMATE) debatieron la propuesta de Acción Andina - Bolivia para la declaración de inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley 1008, que tipifica el consumo de drogas como delito, reforzando en su lugar las respuestas sociales y en salud.

La evidencia ha demostrado que el castigo no influye en las motivaciones ni en el origen de la conducta de consumo. Se requieren, por tanto, alternativas que sean racionales y efectivas para reducir los problemas derivados del consumo de drogas, desde un enfoque de salud pública.

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