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24 de junio de 2024, 4:00 AM
24 de junio de 2024, 4:00 AM


El vienes 21 de junio, el ministro de Obras Públicas y Servicios, Edgar Montaño, en una conferencia de prensa realizada en Potosí, informó que en el puerto chileno de Arica se encontraba un buque enviado por el gobierno ruso con 366.000 litros de diésel que prontamente iban a ser distribuidos en todo el territorio nacional.
48 horas después, Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos declaró que la información relacionada con el buque ruso “es incorrecta” y precisó que el compromiso logrado por el presidente Arce con su homólogo Vladimir Putin se limita a las gestiones rusas ante la OPEP para “diferentes soluciones tanto logísticas, de precio, de refinerías para que podamos abastecer al país”.
Vale la pena precisar que, al momento de informar sobre los resultados de su viaje a Rusia, el presidente Luis Arce declaró que el gobierno de Putin iba a “poner sus buenos oficios” para que los países productores de petróleo abastezcan a Bolivia. En conclusión, todo apunta a que el ministro Montaño faltó a la verdad, con el agravante de que, supuestamente, se dedicó a inspeccionar surtidores, acción que está fuera de su ámbito de competencia. Entretanto, el ministro de Hidrocarburos brilla por su silencio y ausencia.
Las declaraciones y acciones de Montaño no sorprenden puesto que en el último tiempo se ha dedicado a ejercer como vocero político del Gobierno, ha fracasado en sus intentos de impedir las medidas de presión del sector del transporte y, como corolario, ha difundido en su cuenta de TikTok bailes y mensajes grotescos, como si la situación del país estuviera para bromas. Bien haría el presidente en recordar que en su equipo deben trabajar más dignatarios de Estado y menos tiktokeros.
Pero el caso de Montaño no es aislado. El sábado 22 de junio, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, entró al ruedo con un mensaje dirigido al expresidente Evo Morales a quién acusa de estar orquestando todas las movilizaciones anunciadas con el fin de desestabilizar el Gobierno de Luis Arce.
Aunque era un secreto a voces, Prada también dejó en evidencia que el Gobierno respalda las acciones del Tribunal Constitucional, ilegítimamente autoprorrogado en su mandato, con lo que se entienden perfectamente todas las acciones dilatorias de la bancada “arcista” que traban el avance de las elecciones judiciales. Y ni qué decir de la gestión del vicepresidente David Choquehuanca.
La estrategia discursiva oficial de buscar un enemigo y denunciar el intento de un acortamiento del mandado presidencial es repetida. En 2022 el adversario fue Luis Fernando Camacho y ahora es Evo Morales; en el interín también fueron identificados como enemigos los médicos, gremiales y hasta los periodistas. Todos tienen la culpa, menos el Gobierno.
Peor aún, el Ejecutivo se aferra a su ilusoria poesía económica cuyo verso persistente se limita a decir que Bolivia tiene una de las más bajas tasas de inflación, ignorando que incluso ese indicador es poco creíble porque el ciudadano común siente en sus bolsillos el incremento de precios, día a día la economía se desangra por la subvención a los hidrocarburos y se agotan las reservas internacionales.
Es preocupante cuando un gobierno pierde conexión con la realidad y asume su discurso político como verdad absoluta. Y ese parece ser el caso de la gestión actual.


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