Distritemos nuestro Parque Industrial
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A mediados de la década de los noventa junto a mi familia fuimos parte del segundo flujo migratorio a Santa Cruz. Aunque nací en La Paz, esta tierra me vio crecer y fui testigo de su desarrollo. Recuerdo de niño los arenales de la Radial 27, donde vivía en ese entonces. Pero ahora veo las calles pavimentadas y cada vez más edificios que reflejan el crecimiento de Santa Cruz.
Sin embargo, a pesar de todo este desarrollo y a pesar de los esfuerzos de los cruceños y de los hijos adoptados de esta tierra, como mi caso y el de muchos, el Parque Industrial Ramón Darío Gutierrez fue olvidado.
Una revisión histórico-jurídica revela tres etapas cruciales en la evolución del Parque Industrial. La primera fue la etapa constitutiva y de creación del Parque, con los Decretos Supremos No. 08845 y 14057 y la Ley No. 2249 (1969, 1976 y 2001); la segunda, su consolidación en la planificación municipal con la Ordenanza Municipal No. 078 y la Ley Autonómica Municipal 028 (2005 y 2014); y la tercera, de promoción del Parque renovando su reglamento de administración con las Leyes Departamentales 95 y 112, además de sus Decretos Departamentales (2015, 2017 y 2022).
Durante la primera etapa, se reconoció la necesidad de expropiar terrenos para el Parque Industrial, dotando de fondos para servicios básicos y pavimentación. En ese contexto, los terrenos fueron transferidos al Comité de Obras Públicas de Santa Cruz (ahora administrados por la Gobernación), con el propósito de que gestionara la venta de estos a las industrias interesadas.
En la segunda etapa, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (PLOT) categorizó al Parque como un “Distrito Industrial”, aunque no como un “Distrito Municipal”. Esta omisión ha impactado negativamente, ya que, hasta el momento, el Parque carece de una subalcaldía que vele por sus intereses.
La ausencia de esta subalcaldía ha resultado en que el Parque Industrial dependa supletoriamente de los Distritos Municipales 5 y 6. Sin embargo, la realidad nos muestra que esta supletoriedad no se aplica, por las calles anegadas de agua ante las lluvias, los caminos destruidos por el transporte pesado y la ausencia de una administración que cuide las áreas públicas.
La Ley Departamental No. 95 de 2015 representó un paso significativo al ordenar la enajenación gratuita de calles, avenidas y la Laguna de Regulación al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; ocho años después, el 25 de noviembre de este año, se aprobó la cesión de estas en una reunión del Concejo Municipal cruceño.
Aplaudo esta iniciativa, ya que envía un claro mensaje de que el Parque Industrial ya no estará desprotegido y se crearán mejores condiciones para nuestras industrias. El Parque Industrial es el reflejo del desarrollo de Santa Cruz y no podemos seguir descuidándolo. Los inversores y extranjeros que visitan nuestra región no se llevan una buena impresión al ver el estado de nuestra zona industrial debido a sus deficiencias.
Aunque esta solución es plausible, es crucial adoptar una perspectiva a largo plazo para mejorar las condiciones de nuestras industrias, que constituyen nuestro motor de desarrollo. La ausencia de reconocer al Parque Industrial como un Distrito Municipal ha ralentizado las soluciones y mejoras en su planificación.
La distritación plena de la zona consolidada e industrial del Parque podría ser la clave para una coordinación más eficiente y rápida, consolidando al Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez como un Distrito Municipal, dotado de su propia administración con una subalcaldía que coordine acciones en beneficio de nuestras industrias.
Si algo destaco de Santa Cruz es su gente: pujante, visionaria y resiliente. Me impresiona el esfuerzo y optimismo de nuestros empresarios, quienes han consolidado a Santa Cruz como el principal actor económico de Bolivia. Por esta razón, nuestras autoridades no deben olvidar que, sin las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestras industrias, estamos frenando nuestro propio desarrollo, ya que nuestro crecimiento como Santa Cruz no depende del sector público, sino de nuestro empresariado privado.
