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11 de julio de 2024, 4:00 AM
11 de julio de 2024, 4:00 AM


Finalmente, se llevó a cabo la cumbre de organizaciones políticas convocada por el Tribunal Supremo Electoral con la intención de fijar una agenda de prioridades para garantizar la estabilidad política y democrática del país. 

Sin duda, el principal acuerdo es modificar la Ley de Organizaciones Políticas para suspender las primarias partidarias y, en paralelo, garantizar la pronta realización de las elecciones judiciales. Era lo mínimo que se podía esperar porque, como oportunamente sentenció Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, “se puede vivir sin primarias, pero no se puede vivir sin justicia”.

Aunque el acuerdo asumido ayer fue unánime, la última palabra la tendrá siempre la Asamblea Legislativa. El TSE debe presentar un proyecto de ley para ser debatido y aprobado por senadores y diputados. Si la palabra de los políticos tiene algún valor, la modificación tendría que avanzar sin dificultad alguna; pero las experiencias recientes enseñan que de oficialistas y opositores siempre se puede esperar lo peor. 

También es importante subrayar el diálogo sostenido sobre el Padrón Electoral. Una vez más, el TSE se abrió a la posibilidad de una amplia fiscalización, actualización y vigilancia sobre el registro de ciudadanos que periódicamente participan en los procesos electorales. Este punto es de vital importancia puesto que antes y después del Censo de Población y Vivienda, se habló mucho de un nuevo registro o sobre la modificación del mismo en función de los recuentos poblacionales. Habrá que suponer que los dirigentes reunidos en el reciente encuentro entendieron que las proyecciones poblacionales no podrán modificar el Padrón ni cosa parecida. 

Un tercer elemento a destacar es que las organizaciones políticas deberán seguir sus procesos de democratización interna, realizar congresos y renovar directivas de acuerdo a sus propias normas, pues no se puede concebir una elección general con caudillos autoritarios que imponen su voluntad amparados en los designios del destino o en el poder económico de los jefes o “principales accionistas”.

Finalmente, está la redistribución de los escaños parlamentarios en función de los resultados del Censo. De ello se desprenden dos desafíos importantes: que exista conciencia y responsabilidad en los departamentos que deben ceder curules y que la reconfiguración de las circunscripciones uninominales no se choque con intereses sectarios o movilizaciones que únicamente buscarán réditos políticos de corto plazo. 

Para que se cumplan los doce compromisos asumidos por los políticos se necesita también que la Sala Plena del TSE actúe con idoneidad, firmeza y transparencia. Y precisamente esas no han sido virtudes de las actuales autoridades. Basta mencionar el amago de renuncia del presidente Hassenteufel o las contradictorias acciones de sus componentes que cedieron a todo tipo de presiones para llevar adelante el encuentro multipartidario. El TSE está obligado a someterse exclusivamente a la Ley y rechazar cualquier tipo de condicionamientos a favor o en contra de cualquier candidatura o partido. Y sobre semejante fortaleza, habrá que ver para creer.

Por último, está la responsabilidad de las organizaciones políticas. Es repudiable que los dirigentes de ambos mados del MAS hayan movilizado a sus militantes para llegar hasta la sede del TSE como si se tratara de una proclamación o de la presentación de candidaturas; peor aún si se toma en cuenta los episodios de violencia que protagonizaron algunos enardecidos personajes. Esa conducta es un pésimo augurio de los días que le esperan a Bolivia cuando se tengan que tomar decisiones trascendentales en materia electoral. 

Pasó el encuentro, hay doce compromisos y mucha incertidumbre que tendrá que ser despejada con el paso del tiempo y de las acciones concretas que se vayan ejecutando. Prácticamente, ha arrancado el proceso electoral 2025 y bien se podría decir que ha comenzado a girar la ruleta rusa de la democracia boliviana.

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