26 de febrero de 2023, 4:00 AM
26 de febrero de 2023, 4:00 AM


La sorprendente aparición de un nuevo tipo de cambio en Bolivia, el denominado “dólar exportador” he encendido las alarmas. En su afán de revertir la caída de las reservas internacionales netas y cumplir con las crecientes obligaciones de la deuda externa, el gobierno boliviano apela a una receta desesperada para captar unos mil millones de dólares del sector privado a cambio de un combo de “beneficios” para quienes se acojan a su propuesta. La determinación es, a todas luces, agua con azúcar para una economía que precisa cuidados de terapia intensiva.

Diseñar un abanico de tipo cambiario para estimular la generación de liquidez no parece ser la idea más adecuada. La experiencia argentina, donde existe más de una docena de tipos de cambio para la moneda estadounidense –dólar “Qatar”, “Netflix”, “Coldplay”, etc.–, con el propósito de contener la crisis hiperinflacionaria que golpea a ese país, ha demostrado que no es ese el camino.

En la medida que ese artilugio se extiende también crece la desconfianza de la gente; es posible que el gobierno consiga al principio una respuesta positiva del sector exportador privado, pero sus efectos se esfumarán con el paso de los días, hasta que se anuncien políticas similares que solo funcionan como “parches” porque no atacan los problemas económicos estructurales.

Desmontar la gigantesca masa burocrática estatal es en realidad una de las primeras acciones que el gobierno de Luis Arce Catacora debería encarar, pero no lo hará. Los funcionarios públicos, todos militantes del MAS, conforman una milicia que le cuida el trono al mandatario, que le ayudan a proyectar una imagen de base social y respaldo popular, pero en la que no gasta como partido; la financiamos los contribuyentes. No hay una investigación de supernumerarios; sin embargo, no es complicado comprobar que este lastre es tan enorme, que el mismo FMI sugirió al gobierno eliminar el pago del aguinaldo el año pasado como una medida drástica para reducir el déficit fiscal.

Reducir la subvención a los hidrocarburos es otra de las recomendaciones recurrentes de los organismos financieros internacionales, pero esa es otra decisión que el gobierno dilatará al máximo por las consecuencias políticas adversas que tendrá. En su lugar, el gobierno acelera la venta de otros recursos naturales para mantener la tramoya de la “economía blindada”, pero lo hace con un reducido margen para las arcas del TGN y más aún para las regiones productoras.

Controlar el contrabando también podría ayudar a potenciar las reservas al generar ingresos frescos a la economía nacional, pero ha quedado demostrado que el poder de las mafias que internan mercaderías de manera ilegal es tan grande que el sector industrial nacional languidece en muchos rubros. La reciente firma de un acta entre comunarios y autoridades nacionales para que la aduana no decomise vehículos “chutos” es la última postal del secuestro del país en mano de tales mafias.

El adverso escenario se completa con las consecuencias del cambio climático que ya impacta con inundaciones y, muy pronto, con prolongados periodos de sequias, fenómenos que empujan a los productores campesinos de occidente a abandonar sus lugares de origen y a ejercer más presión sobre la región oriental, con tomas de tierra que generan nuevos conflictos políticos, paros, cabildos, etc. Se trata de un círculo vicioso de violencia que hasta parece tener auspicio estatal.

Las autoridades ya sabían que el crecimiento de la economía sería muy reducido, las proyecciones no eran muy optimistas; pero no han hecho nada para amortiguar estos golpes. Quizás, alguien pensó que el negocio del narcotráfico podría amortiguar toda esta presión, pero incluso hasta el lavado de dinero tiene un límite que se evidencia cuando Bolivia intenta acceder a créditos, financiamiento y tratados internacionales de comercio.

¿Qué hacer? Las respuestas están implícitas en los factores aquí mencionados, solo falta voluntad política para hacer los cambios que la situación requiere y reanimar al paciente; pero hasta que el gobierno lo haga, quizás lo más prudente es que el sector productivo tome las previsiones más adecuadas para evitar el colapso: evitar créditos muy riesgosos, diversificar cartera de clientes, reducir pasivos al máximo y explorar nuevos mercados, aprovechando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación.

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