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El informe más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en marzo de este año, alertó de un incremento de 42.180 hectáreas de coca un 52% por encima de las 22.000 hectáreas que permite la Ley General de la Coca.

Entre tanto, el Gobierno boliviano anticipó que el incremento de cocales superará las 35.000 hectáreas, un 45% por encima del límite legal

“La estimación del gobierno de Estados Unidos es mayor porque abarca una superficie mayor y se basa en una metodología diferente a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)”, señala el reporte estadounidense, pero tomando como referencia las 25.500 hectáreas que fueron detectadas en 2019, pero sin precisar detalles de la metodología que se empleó.

El Departamento de Estado también es crítico respecto a las 22.000 hectáreas legales frente a las 14.705 hectáreas que el estudio de la Unión Europea estableció para el consumo legal.

“El Gobierno boliviano tiene controles inadecuados sobre el cultivo de coca. La Unodc estimó que ente el 35 y 48% de la coca cultivada en 2019 no fue a los dos mercados de coca autorizados para venta.

Sobre la actividad del narcotráfico el gobierno de Estados Unidos admite, en su informe, que no llega a su territorio cocaína que haya sido fabricada en Bolivia, pues los alijos del país se trafican, señala el reporte en los países de la región.

Modelo

El presidente Luis Arce anunció la decisión del Gobierno de erradicar hasta 9.000 hectáreas de coca ilegal, especialmente de los parques naturales y anunció la recuperación del modelo de lucha contra el narcotráfico que está basado en el respeto a los derechos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que la fuerza antidroga del país retomó este mecanismo que no fue empleado durante el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Nunca más la erradicación de hoja de coca puede servir para militarizar el trópico de Cochabamba. Estamos retomando nuestro exitoso modelo para el control de cultivos”, remarcó la autoridad, tras lamentar la paralización de trabajos de erradicación en 2020.

El representante de la Unodc, Thierry Rostan, ratificó que “la campaña de erradicación de 2020 no se hizo correctamente”, porque el mecanismo del control social fue “casi abandonado”, todo esto sumado a los efectos de la pandemia y la cuarentena, que forzó a muchas familias a buscar fuentes de sustento en la coca.

A pesar de las buenas intenciones, hasta la fecha el Gobierno erradicó 800 hectáreas de coca ilegal, lo que significa menos del 10% de la meta fijada para el año 2021. “Para dar cumplimiento a las metas propuestas, el próximo trimestre se solicitará 250 efectivos, con el fin de alcanzar 9.000 hectáreas”, señaló el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

La autoridad intensificó los operativos y sobrevuelos a las zonas donde se detectó la aparición de coca ilegal. Anunció que la próxima semana se realizarán una verificación de cultivos en el departamento de Santa Cruz, para lograr el objetivo de bajar la elevada cantidad de coca ilegal.

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