Dueños del mundo
Uno de los hitos democráticos son las elecciones. En ellas se recoge la voluntad popular para determinados asuntos y se delega el poder a una o varias autoridades.
Con instituciones adecuadas, estos hitos son una renovación de liderazgos y de enfoques en la administración pública. Pero en ausencia de ellas, implican no solo el cambio de los equipos sino de casi todo el personal involucrado en las entidades públicas.
Desafortunadamente, esta característica no es una excepción, sino la regla en los diferentes niveles de Estado. Lo peor es que, incluso si existe un cambio en niveles medios e intermedios, quienes estén por debajo de ese cargo perderán sus puestos, sean profesionales, técnicos o personal de servicio.
La afiliación al partido en el poder (nacional, departamental o municipal) no es garantía de continuidad porque depende también de lealtades personales.
Por ejemplo, recuerdo que hace más de un quinquenio cuando una nueva autoridad se posesionó, su equipo se encargó de remover a la mayor cantidad de personas porque respondían a su antecesor, pese a que eran del mismo partido. En ese afán, removieron a quien era la memoria de la institución, sin el cual la dependencia estatal no hubiese podido continuar. Al darse cuenta, tuvieron que recontratarlo con menor salario.
Esta característica no es actual, ni de los 11 meses, de los 14 años, del neoliberalismo, del capitalismo de Estado, etc. Es mucho más antigua.
En 1877 un geógrafo inglés George Musters escribió lo siguiente: “El verdadero secreto de la pobreza en Bolivia descansa en… que todo el mundo quiere un puesto en el Gobierno, y por consiguiente todos los que están fuera del poder son enemigos acérrimos del Gobierno existente”.
Yo solo añadiría que quienes están en el poder (central, departamental y municipal) también son adversarios declarados de sus antecesores, algo que se ha repetido en los meses, años y décadas anteriores.
El principal problema de esta altísima rotación es que se pierde el sentido de institución y de Estado. Cada nuevo ministro, gobernador, alcalde o lo que sea, vuelve nuevamente al comienzo porque, en el imaginario de la administración entrante, todo estaba mal y hay que empezar de nuevo.
Una anécdota lamentable que viví años atrás es que al encontrarme con amigos que estaban en el sector público debía hacer dos preguntas: ¿cómo estás? y ¿dónde estás? La primera por cortesía y amistad; y la segunda para saber si lo habían cambiado de puesto.
Por algún motivo sicológico y organizacional que desconozco, las nuevas autoridades piensan que están entrando a “comenzar bien” y que “todo lo pasado fue malo”. No dudo de sus intenciones en la mayoría de los casos, pero sí de la efectividad de este carácter refundacional.
Esta falta de institucionalidad tiene un altísimo precio. Desde el premio nobel en economía Douglas North hasta los prestigiosos economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? han mostrado con evidencia científica que la falta de instituciones explica en gran proporción el subdesarrollo económico y social. Incluso las buenas políticas pueden fracasar con malas instituciones.
El talento humano acumulado en entidades no institucionalizadas se pierde rápidamente, así como el conocimiento tácito o aquel que solo se transmite por experiencia.
Tuvimos instituciones razonables con carrera administrativa, méritos e incluso buenos resultados. Algunos ejemplos fueron el Banco Central en los noventa, el Ministerio de Economía en la década anterior o el INE la pasada gestión. No es una utopía volver a tenerlos.
Durante mis años de desempeño profesional he visto con pena, asombro y rabia cómo estos cambios han apartado a buenos servidores públicos.
Por tanto, estaré convencido de que el sector público efectivamente se transformará en beneficio de la población cuando se convoque por concurso de méritos a los potenciales servidores, sin importar el color de quien postula, ya sea azul, celeste, naranja, verde, etc. Sin discriminación.
