Opinión

EDITORIAL: Libertad, paz y democracia

1 de noviembre de 2019, 3:00 AM
1 de noviembre de 2019, 3:00 AM

Dos compatriotas murieron la no­che del miérco­les, como con­secuencia de la irracionalidad que es producto del afán de poder. Hordas ar­madas atacaron Portachuelo y Montero. La desesperación se apoderaba de los pobladores que clamaban por auxilio.

Hubo una jornada completa de en­frentamiento, con el agravante de que había gente armada que disparaba sin escrúpulos a la humanidad de quien estaba al frente. Murieron Mario Salvatie­rra y Marcelo Terrazas, dos boli­vianos, dos padres de familia, dos amigos. Se abrió una profunda herida que ahora es difícil de ce­rrar.

Se rompió la paz y la buena convivencia entre hermanos. EL DEBER condena las muertes y la violencia desatada.

No es posi­ble que esto esté pasando en Bo­livia. El paro cívico, que comenzó cuestionando las elecciones por las irregularidades manifiestas en el proceso -que ya tiene además denuncias de fraude-, ahora de­manda la realización de nuevas elecciones en el país.

Esta movilización comien­za hoy su décimo día y, lejos de desgastarse, se ve fortalecida aún a sabiendas de que se trata de un gran sacrificio de la po­blación. La fuerza común está dirigida a la defensa de valores fundamentales de la democra­cia: la paz y la libertad, princi­pios que este grupo multimedia defiende de manera militante.

No se puede desconocer que el paro nacional, que en Santa Cruz ha sido pacífico, cargado de fe y de oraciones, fue atacado por grupos extremadamente violen­tos que, usando palos y piedras, han atacado sin piedad en defen­sa del MAS y su candidato.

Esas agresiones comenzaron cuando el ampliado de los coca­leros, primero, y después el mismo presidente de Bolivia, Evo Mora­les, llamaron a cercar las ciudades para que no les lleguen los alimen­tos a quienes protestan.

Esa con­vocatoria vulnera la Constitución y las leyes nacionales, pero nadie -ni un fiscal, menos un asambleís­ta o un miembro del Poder Ju­dicial- inició acciones por lo di­cho por el primer mandatario.

La irracionalidad se impuso y las víctimas están en el pue­blo. Los desbordes, las muer­tes fueron resultado de la irra­cionalidad que nos gobierna. Pero más irracional aún fue­ron las reacciones posteriores de los miembros del Gobierno: ninguna autocrítica y muchas acusaciones a los opositores.

Un exceso de soberbia que solo causa mayor rechazo en la población. Ayer, el presidente llamó a los movimientos sociales afi­nes a su Gobierno a no salir más a las calles, pero también ayer los ponchos rojos volvie­ron a atacar, esta vez se fue­ron contra los médicos en las puertas de un hospital paceño.

Ese es el clima en el que el pre­sidente pide un cuarto interme­dio porque los miembros de la OEA están en Bolivia realizan­do una auditoría que, lamenta­blemente, ya está cuestionada y no es merecedora de la fe de gran parte de la ciudadanía.

En medio del dolor y sin vi­sos de solución, las demandas de la oposición se van radicali­zando y la solución se avizora más distante. La democracia debe ser el principio fundamental a defender. Sin dobleces en el discurso, sin soberbia en la conducta, con honestidad y de cara al pueblo es preciso que la defensa de Bolivia sea el objetivo principal. Nuestro país es más grande que los apetitos de poder de los go­bernantes de turno.

Es hora de que el Gobierno entienda que hubo una habilitación dudosa del binomio oficialista para los comicios (el MAS per­dió el referéndum y se metió a la fuerza a la elección); que el Tribunal Supremo Electoral actuó favoreciendo al MAS en la campaña y que eso lo sabe la ciudadanía; que amenazar con cercos a las ciudades muestran que hay un afán de poder que no mide consecuencias. Que no subestime al pueblo.

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