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El empresario colombiano Alex Saab, cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, compareció ayer por primera vez ante un juez estadounidense en Miami, que le notificó su imputación por blanqueo de dinero, tras su extradición el sábado desde Cabo Verde.

“Está aquí en su comparecencia inicial por una acusación que le imputa un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios”, declaró el juez John J. O’Sullivan, de la Corte Federal del distrito sureste de Florida, durante una audiencia celebrada por videoconferencia.

Saab se convirtió en el mayor operador de un Ejecutivo asfixiado por las sanciones internacionales. Ahora podría volverse la mayor garganta profunda del chavismo. Hasta dónde lleguen las conexiones de la investigación es impredecible. Las autoridades estadounidenses sospechan que tiene la llave de dónde Maduro y su entorno esconden su fortuna.

Pero sus conexiones van más allá. Países como Irán, Turquía, China o Chipre tejen la estela del dinero que la corrupción venezolana tapó bajo programas sociales creados por el chavismo.

La justicia estadounidense acusa al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, en paradero desconocido, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

Según Washington, ambos transfirieron unos 350 millones de dólares desde el país sudamericano a cuentas que controlaban en EEUU y otros países. Si se confirma su culpabilidad, afrontan penas de hasta 20 años de cárcel.

Saab estaba preso en Cabo Verde desde su arresto en junio de 2020, durante una escala. Las autoridades del archipiélago africano lo detuvieron entonces a petición de Estados Unidos, que lo había acusado de lavado de dinero casi un año antes.

Críticas a Caracas

De contratista de viviendas sociales en Venezuela, Saab pasó a dirigir una red de importaciones para el Gobierno de Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó sin éxito para evitar su extradición a EEUU.

El traslado del colombiano a Miami tuvo una respuesta inmediata por parte de Caracas. El Gobierno de Maduro, que calificó lo ocurrido de “secuestro”, suspendió el sábado las negociaciones que mantiene con la oposición en Ciudad de México.

Una decisión criticada por Washington este lunes. “Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos que han dejado claras sus aspiraciones de democracia”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El Gobierno estadounidense instó además a Venezuela a liberar a seis exejecutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa, que regresaron a la cárcel poco después de la extradición de Saab, tras seis meses en arresto domiciliario por un caso de corrupción.

“Tras haber pasado ya cuatro años detenidos injustamente en Venezuela (...), deberían ser liberados de forma inmediata e incondicional”, dijo Price sobre esos seis ciudadanos, cinco estadounidenses y uno con residencia permanente en el país norteamericano. La próxima audiencia del caso contra Saab tendrá lugar el 1 de noviembre.

La oposición venezolana, que acusa al empresario de ser un testaferro de Maduro, celebró su extradición a Estados Unidos, al igual que el presidente de Colombia, Iván Duque.

“Yo espero que todo los aportes que haga Alex Saab a la justicia de Estados Unidos también muestren lo que hay detrás de esta red y es una narcodictadura que ha pretendido usar esta red para lavar dinero”, dijo ayer Duque, uno de los mayores críticos del chavismo, durante una visita oficial en San Pablo.

El empresario anunció, no obstante, que no colaborará con Estados Unidos, según una carta leída el domingo por su esposa en Caracas, ante unas 300 personas congregadas en su apoyo.

“No he cometido ningún delito”, dijo Saab en esa misiva.

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