DEA ofrece por Dávila lo mismo que pagó por la captura del 'Chapo' Guzmán

Estados Unidos intensifica su estrategia antidroga. A través del programa de Recompensas del Departamento de Estado (NRP, por su sigla en inglés) ofrece desde ayer $us 5 millones por información que permita la condena del coronel Maximiliano Dávila, quien fue el último jefe antidroga del gobierno de Evo Morales. 

El monto es similar al que ofreció en 2015 por el mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa que en 2019 fue condenado a cadena perpetua en una cárcel de Nueva York por delitos de narcotráfico.

En 2021 ofreció una cifra similar por Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, alias “Chapito’, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López. Un comunicado del Departamento de Estado, divulgado en diciembre de 2021, señala que “los hijos del Chapo son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa y cada uno está vinculado con una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.

Ayer, el Departamento de Estado hizo un anuncio similar, pero esta vez con miras al coronel de la Policía Boliviana Maximiliano Dávila, identificado por la DEA como “El Macho”. Según ese reporte, “más de 75 criminales transnacionales y grandes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia con la ayuda del NRP desde 1986, casos en los cuales el Departamento de Estado ha pagado más de $us 135 millones en recompensas hasta la fecha”.

Dávila fue acusado formalmente en septiembre de 2020 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y desde hace ocho días está detenido en el penal de San Pedro de La Paz por lavado de dinero. Ahora, Estados Unidos ofreció hasta $us 5 millones por información que permita que este oficial sea condenado en ese país, informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una declaración para la prensa.

El canciller Rogelio Mayta informó que la embajada de Estados Unidos tuvo “la gentiliza diplomática” de reportar al Gobierno el alcance de la recompensa “que solo rige para territorio ese país”. 

Según la acusación estadounidense, Dávila pudo usar su posición oficial “para proteger aeronaves utilizadas en el transporte de cocaína, a través de terceros países, y su distribución en Estados Unidos”. De hecho, la DEA puso esas evidencias en el informe que remitió al tribunal neoyorquino que acusó formalmente al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Allí figura el registro de las conversaciones que Dávila y sus “socios” sostuvieron con un agente encubierto de la agencia antidroga estadounidense. Esto ocurrió entre julio de 2019, cuando Evo era presidente, y febrero de 2020, durante los primeros meses del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Al respecto, Price señaló que “tanto antes, como durante el desempeño de sus funciones como Director de la Felcn, Dávila presuntamente estuvo involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero”. Recordó que él y sus cómplices también fueron acusados “de confabular para utilizar o portar ametralladoras para cometer el delito de narcotráfico”.

Poco antes de esa comunicación, el Departamento de Estado envió una “nota verbal” a la Cancillería de Bolivia para solicitar la detención de Dávila “con fines de extradición”, informó ayer el canciller del Estado, Rogelio Mayta. 

La nota señala que en un plazo de 60 días, tras la confirmación de esa detención, se iniciaría el trámite formal con la remisión de todos documentos acorde con el Tratado vigente desde 1995. Además, la comunicación diplomática hace referencia a la detención de Dávila en Bolivia por efecto de “una investigación interna” y menciona los cargos planteados en 2020 en Estados Unidos contra este oficial que fue jefe antidroga.

Mayta explicó que la solicitud está siendo sometida a la “verificación de los requisitos formales” y que, en función de este procedimiento, se enviará el trámite al Tribunal Supremo de Justica, que es la entidad que debe autorizar la extradición. También indicó que este trámite se puede devolver ante la falta de requisitos.

Según el apartado B del Artículo III del Tratado de Extradición, vigente entre Bolivia y Estados Unidos, se pueden reclamar, con imputación o acusación, a ciudadanos acusados de “delitos relativos al tráfico ilícito de sustancias controladas”, entre otros vinculados con la percusión criminal.

Antes de llegar al Gobierno, Mayta representó a las víctimas de la “guerra del gas” de octubre de 2003, cuando al menos 67 personas fallecieron durante un operativo militar. Esta crisis le costó el cargo al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien desde entonces está en Estados Unidos.

Mayta recordó que Bolivia invocó desde 2008 el Tratado para solicitar la extradición formal de esa exautoridad, además de Carlos Sánchez Berzaín, quien fue ministro de Defensa. “Esos hechos ocurrieron en 2003 y la primera solicitud se hizo en 2008, luego se hizo una segunda en 2012, pero hasta el día de hoy Estados Unidos no se ha pronunciado y ellos, en su trámite interno, debían haber pasado el caso a su sistema de justicia. Hasta donde conocemos, este trámite está entre el departamento de Estado y de Justicia”, dijo.

La autoridad aseguró que no puede emitir ningún criterio sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos. “Será un tema del Tribunal Supremo de Justicia y no me puedo adelantar”.

Desde MAS, el pedido fue rechazado de antemano bajo dos argumentos. El primero tiene que ver con el respeto a la “soberanía” y luego con la defensa del actual modelo “nacionalizado” de lucha contra el narcotráfico que se aplica sobre la base de “la no intromisión, el respeto a los derechos humanos y el control social por parte de los productores de coca”.

“No creemos que corresponda la extradición. Un compatriota no debería ser juzgado en otro país, cuando se lo puede juzgar aquí. La lucha contra el narcotráfico ha sido nacionalizada, tenemos plena soberanía para luchar contra el narcotráfico”, afirmó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, uno de los líderes cocaleros más cercanos al expresidente Morales.

“Con toda la sinceridad, la DEA no tiene el objetivo de luchar contra el narcotráfico y hacer desaparecer este mal. No podemos estigmatizar a una región como el trópico de Cochabamba. No porque existe coca allí, existe narcotráfico en el mundo”, remarcó el senador masista.

La agencia antidroga de Estados Unidos fue expulsada en 2008 por Morales, quien acusó a esa entidad de “injerencia” en asuntos internos. Ese año, Evo también echó al embajador estadounidense Phillip Goldberg; lo acusó de reunirse con líderes regionales de Santa Cruz durante el debate para la redacción de la nueva Constitución que se promulgó en 2009.

Los Andes
Además de Dávila, conocido como “El Macho”, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó a Omar Rojas, un exmayor de la Policía que estuvo en la Felcn, a los ciudadanos bolivianos John Cahuana, alias “Jota”, y los hermanos Jheyson y Herland Montaño Fernández, quienes estaban como proveedores de la droga. La lista de acusados se cierra con el peruano Rómulo Ramírez, alias “Pepe”, que tenía la responsabilidad de la logística de la operación.

Tras esa investigación, en marzo de 2021, agentes estadounidenses participaron, junto con policías de Colombia y Perú, de una operación simultánea que tuvo lugar en Lima, donde fue capturado Jorge Roca, ‘Techo de Paja’, y Bogotá, donde cayó Rojas, quien será extraditado a EEUU desde Colombia. Los hermanos Montaño fueron puestos a disposición de la Corte del Nueva York.

“Estos sujetos conformaban una organización internacional dedicada a mover grandes cargamentos de cocaína desde Bolivia y Perú empleando aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el norte de Bolivia hacia Centroamérica con destino final a EEUU y utilizando funcionarios oficiales para facilitar el ingreso y salida de las aeronaves”, señala el informe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia que trabajó con la DEA en la operación “Andes” que se desarrolló entre enero de 2019 y 2021.

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