27 de septiembre de 2022, 4:00 AM
27 de septiembre de 2022, 4:00 AM

Lo que los bolivianos ya sabíamos lo dijo ahora la voz autorizada, fuerte, institucional e internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del sistema de Naciones Unidas: El año 2009 en el Hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de entonces, es decir Evo Morales, en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado.

El caso, como todos lo sabemos, fue bautizado por el Ejecutivo de entonces como “terrorismo” y a partir de allí comenzó una de las persecuciones más sangrientas y hostiles que se recuerde de la era democrática de Bolivia contra opositores políticos, por un hecho en el que confluyeron estrategia, montaje e ingenuidad. Algo así como una trampa bien tendida en la que cayeron dócilmente algunos activistas y líderes de la región.

Como se recuerda, la madrugada del 16 de abril de 2009 una unidad de élite de la Policía Boliviana irrumpió en dos habitaciones del citado hotel en Santa Cruz haciendo disparos de armas de fuego que derivaron en la muerte violenta de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer, además de la detención de Elod Tóásó y Mario Tadic.

13 años y medio después, un documento oficial de la CIDH, que tiene carácter vinculante para el Estado boliviano, revela las conclusiones de una larga investigación de los hechos y que está firmada por quien fuera hasta hace poco presidenta de esa Comisión, Antonia Urrejola, actual canciller de Chile, además de otras tres comisionadas que integraron el grupo.

La operación fue ordenada por el presidente de entonces Evo Morales, que ese mismo día al llegar al aeropuerto de Caracas, reconoció que él dio la autorización para la acción policial, que se realizó sin orden judicial ni fiscal. La Comisión investigadora constató que toda la intervención estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno y dirigida desde La Paz.

Aquella madrugada, las cámaras de seguridad del Hotel Las Américas fueron apagadas y se cortó el servicio de internet para que no se registrara nada de la acción armada, y los videos que se grabaron fueron eliminados por personal del Ministerio que estaba alojado en el mismo lugar.

El informe de la Comisión explica que se juzgará al Estado boliviano y no al Gobierno de Evo Morales, pero que para evitarlo Bolivia debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio nacional en contra de los responsables de la ejecución extrajudicial, que incluye a Morales como presidente de aquel año.

La Comisión estableció que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, y protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Bolivia es signataria.

Como era de esperarse, Morales salió a ‘denunciar’ que el fallo de la CIDH es parte de un ‘plan negro’ en su contra y dijo que la justicia es ‘instrumentalizada’ interna y externamente en su contra, habló de un ‘trabajo sucio’ que atribuyó al exministro Arturo Murillo encarcelado en Estados Unidos y dijo no tener miedo.

Todo indica que Morales ya conoció el sentido del informe de la CIDH porque hace una semana habló de la existencia de un supuesto ‘plan negro’ contra él para desprestigiarlo. Acusó entonces al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al de Defensa, Edmundo Novillo, y otros.

Ahora los que acusan no son sus correligionarios, sino una entidad respetable como la CIDH, de la que no podrá decir que es de derecha: quien la presidió es una reconocida militante de izquierdas, tanto que ahora es la ministra de Relaciones Exteriores de Chile del Gobierno de Gabriel Boric, al que el propio Morales felicitó efusivamente.

Tags