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El referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F), que le negó a Evo Morales la posibilidad de postularse por un cuarto mandato presidencial, está en el contexto del informe que redactó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis política de 2019.

No obstante, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, no mencionó este antecedente en el informe que envió a Ginebra, donde está la sede de la Alta Comisionada Michelle Bachelet. La autoridad anticipó ayer que el documento que elaboró su despacho será remitido “a otras entidades internacionales”, así como a las legaciones que el país tiene en el exterior. “Es un recuento objetivo sobre bases jurídicas”, afirmó.

“A finales de 2016, a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, el entonces presidente Evo Morales anunció su decisión de postularse a la Presidencia por un periodo adicional. El año siguiente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia permitiéndole presentarse como candidato”, apunta el informe internacional que se hizo sobre la base de 50 reuniones con autoridades nacionales y 100 entrevistas a víctimas y testigos de hechos de violencia, por vulneración de sus derechos.

Además, el Alto Comisionado de la ONU señala en el documento que la habilitación de Morales “exacerbó la polarización existente y las demandas por el respeto a los resultados del referéndum por parte de diferentes sectores”.

La entidad internacional, a requerimiento de sus relatores especializados, solicitó en octubre de 2020 un informe al gobierno de Jeanine Áñez sobre las responsabilidades del Estado y sus instituciones para atender a las víctimas de la crisis de 2019. La expresidenta no respondió al requerimiento y fue el procurador Wilfredo Chávez que tomó esa posta a fines de abril.

El reporte de Chávez ratificó la “narrativa” del golpe de Estado para explicar la crisis política de 2019, que “fue organizada, planificada y ejecutada por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica”.

A través del Jesús Juárez, el obispo emérito de Sucre, la Iglesia católica aseguró ayer que la participación de su entidad ha sido de mediación con miras a lograr la pacificación del país, en uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país.

“La Iglesia, por parte de la Conferencia Episcopal, ha sido bien clara y objetiva, relatando los hechos que han sucedido. Existen grabaciones y comunicados, pero a veces sucede que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír”, dijo el prelado a EL DEBER.

Durante la crisis política de 2019, que se agravó tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, fuerzas policiales y militares ejecutaron operativos en Sacaba y Senkata para controlar disturbios. Varias organizaciones internacionales, incluido el Alto Comisionado, hallaron evidencia de un uso desmedido de la fuerza en esas acciones, pero al mismo tiempo la necesidad de una reforma judicial que permita investigaciones con imparcialidad y objetividad.

Vacío de poder

Monseñor Juárez demandó al procurador y a las autoridades políticas del país informarse mejor sobre el papel que jugó la Iglesia “durante esos días de tanto dolor”.

“Me gustaría preguntarles quién habilitó el templo de Senkata para albergar a los vecinos, a los heridos y fallecidos. Ha sido la Iglesia. ¿Quién asistió a las personas y los jóvenes durante los días más tristes del año pasado? Ha sido la Iglesia, pues el templo de San Francisco de Asís de Senkata estuvo abierto para ayudar”, dijo.

En 2019, la Iglesia católica, junto a la Unión Europea y una representación especial del secretario general de la ONU propiciaron una mesa de diálogo para pacificar el país. Según un informe de la Defensoría, durante la crisis perdieron la vida 37 ciudadanos.

El procurador, que ayer fue entrevistado por Gigavisión, señaló que el informe que envió a Bachelet establece que “nunca hubo una sucesión constitucional” y que el ascenso de Áñez se dio luego de “que se han inventado la teoría del vacío de poder”. Aseguró que el Legislativo no consideró la renuncia de Adriana Salvatierra al Senado ni de Víctor Borda a la Cámara de Diputados. Insistió en que esta afirmación tiene que ver, ante todo, con una realidad jurídica.

El exministro de Defensa Javier Zabaleta afirmó que las renuncias sí se dieron, pero bajo presión. “Las renuncias han sido de carácter público y, además, difundidas por varios medios de comunicación en vivo”, afirmó, pero insistió que se debe reparar en el contexto de esas dimisiones.

El diputado Beto Astorga, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), anunció que pedirá un informe al procurador para que explique las fuentes de información que usó para señalar la inexistencia del vacío de poder, mientras que su colega María José Salazar (CC) le dijo a EL DEBER que enviarán un informe a Ginebra para contrastar con el enviado por la Procuraduría.


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