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A pesar que muchas de ellas son deficitarias, el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2022 contempla destinar a las empresas públicas $us 11.402 millones.

Esa cantidad representa el 34% del PGE 2022, que es de $us 33.584 millones y es tres veces mayor a los fondos que serían designados a las entidades territoriales autónomas (ETA) de $us 3.843 millones.

El monto de dinero que se pretende destinar a las firmas públicas es cuestionado por expertos, debido a que acumulan millones de bolivianos en pérdidas.

Cabe recordar que hasta 2019, la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), Empresa Pública Quipus, Empresa Siderúrgica Mutún, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Empresa Naviera Boliviana (Enabol) acumularon una pérdida de Bs 475,26 millones. Esto según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).

En diciembre de 2020, el PGE autorizó el desembolso de Bs 500 millones para entregar créditos a las empresas públicas.

A decir de Antonio Saravia, director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad de la Universidad Mercer, el PGE 2022 es muy centralista, ya que el porcentaje que destinará a las empresas públicas será para gastos, mientras que prevé la devolución de solo un 10% para las gobernaciones y municipios.

Por su parte, el analista Alberto Bonadona, señaló que las empresas estatales deberían someterse a un proceso de selección con base en los resultados y performance, para decidir si vale la pena invertir en ellas o cerrarlas.

Bonadona explicó que entre las empresas con pérdidas hay algunas que se encuentran en proceso de consolidación, a las que se les deben realizar ciertos ajustes para ver si generan frutos.

En tanto, Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), indicó que el Gobierno sigue apostando por las empresas públicas, a costa de endeudamiento, algo que va en contrasentido a la austeridad que requiere el sector público. “Debería (Gobierno) adoptar medidas de asociación público-privada para la reactivación de estas empresas siempre y cuando sean rentables. Así con recursos privados y administración privada generarían rentas para la redistribución del ingreso”, recomendó.

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