31 de agosto de 2021, 5:00 AM
31 de agosto de 2021, 5:00 AM


En una nueva búsqueda de argumentos para intentar borrar de la historia el fraude electoral de octubre de 2019 y asentar la teoría de que en el país se produjo un “golpe” de Estado, el procurador Wilfredo Chávez anunció que el gobierno hará una revisión de las actas –“acta por acta”- de la elección de ese año para demostrar, supuestamente y en sus palabras, que “no hubo fraude”.

“Voy a ver las 35.000 actas y veremos los resultados finales, para que la teoría del fraude se caiga para siempre”, afirmó el procurador en tono desafiante aludiendo además a Carlos Mesa “para que el perdedor acepte que fue derrotado dos veces de manera descomunal”.

Tras esas expresiones, lo primero que llama la atención son los cambios de frente que van ensayando las autoridades de gobierno: primero dijeron que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitada por el entonces presidente Evo Morales no era vinculante; luego sostuvieron que la OEA no cumplió el procedimiento; después, que esa auditoría no mencionaba específicamente la palabra “fraude”; más tarde dijeron que la OEA no revisó el recuento de votos; y finalmente aseguraron que lo que hizo la OEA no fue una auditoría sino que solamente hizo un informe de análisis.

Y con relación a la revisión de 35.000 actas que están digitalizadas en el Órgano Electoral Plurinacional, hay que recordar que muchas de ellas fueron quemadas cuando incendiaron algunos tribunales electorales departamentales, las mismas que fueron llenadas tomando como referencia imágenes fotografiadas por el sistema de transmisión rápida de resultados (TREP).

Por otra parte, el problema no fue el mal recuento de votos de esas actas, sino las actas mismas, sobre las cuales pesaron muchas denuncias de falsificación y otras irregularidades, algunas de ellas apuntadas en la auditoría de la OEA porque varias actas de un mismo recinto de votación fueron completadas por una sola persona, lo que es considerado una transgresión ilegal de las atribuciones de los jurados de mesa y siembra dudas sobre los resultados reportados.

Cuando se escuchan propuestas o decisiones como la que hizo el procurador, da la sensación de que los representantes del gobierno hacen anuncios pensando solo en el consumo interno del electorado propio, es decir que hablan para “su gente”, porque en ocasiones esas ideas pecan de insensatez: si el problema del fraude electoral se resolviera con la simple revisión de las actas, eso se pudo haber hecho el mismo día de las elecciones y el país se hubiera evitado auditorías, nuevas elecciones y todo lo que después vino.

También es preciso recordar que las elecciones de octubre de 2019 fueron anuladas por el entonces presidente Evo Morales ante las denuncias de fraude. Por tanto, ¿qué sentido tiene revisar unas actas de una elección anulada precisamente por las irregularidades cometidas en el llenado de esas actas?

Los intentos del gobierno por borrar de la historia el fraude electoral están llegando a extremos insospechados, pero también absurdos; tras las contundentes ratificaciones de la OEA, Unión Europea y otros actores, el gobierno busca nuevos argumentos, y continúa dedicando su tiempo y energía en el tema político que no es del interés de la gente y mientras tanto descuida hacer gestión de gobierno en temas trascendentales para el país como la recuperación económica y la salud de la población.

En esa tarea, el procurador Wilfredo Chávez asume una actitud cada vez más agresiva ya no contra los actores políticos de la oposición, sino contra los medios de comunicación y sus periodistas: ayer acusó de mentir a una periodista de una red televisiva que lo entrevistaba, a lo que la comunicadora tuvo que exigirle guardar respeto.



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