Opinión

El abuso, una pandemia que padecimos 14 años

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12 de junio de 2020, 5:00 AM
12 de junio de 2020, 5:00 AM

Waldemar Peralta

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos fue creado a mediados del año 2005 y fue la última política nacional que se originó en Tarija y quizás la que más beneficios le dio a Bolivia en su historia. El profesor Clodomiro Aparicio fue el autor de esta iniciativa, presentada por la bancada de parlamentarios tarijeños y que quedo plasmada en la ley 3058 (Ley de Hidrocarburos). Vale la pena recordar que, en ese momento, la bancada del MAS en el legislativo nacional, voto en contra de la propuesta que dio origen a este impuesto.

Inmediatamente aprobada, comenzaron a llegar al país un aluvión de ingresos; por lo que, el 2006, el nuevo gobierno del MAS comenzó a repetir sin cesar, con claros fines políticos e intereses de apropiarse de este logro, que el incremento de los ingresos fue gracias a la “nacionalización”; vale aclarar que el crecimiento exponencial, inicio 6 meses antes de la llegada de Evo Morales al poder.

Los beneficiarios del IDH, son las gobernaciones, municipios y universidades publicas; con recursos que deben ser destinados para financiar la educación y la salud. Morales, a los poces meses, comenzó con su actitud de abuso, cientos de millones de bolivianos, fueron usurpados a los gobiernos sub nacionales (en ese momento todavía prefecturas), para financiar políticas del nivel central. Evo, recurrentemente quizo mostrarse bondadoso con dinero ajeno. 

Los abusos continuaron incesantemente, gestión tras gestión. En 2015, luego de una década de fracasos y pésimo manejo del sector hidrocarburifero, el MAS decide con su rodillo en el legislativo, aprobar la ley de incentivos petroleros, que no era otra cosa, que una nueva confiscación a los beneficiarios del IDH, para financiar el sector petrolero, que ademas es una competencia privativa del nivel central. Hasta la fecha, se encuentran en el Banco Central, más de 516 millones de dólares usurpados, que corresponden a las gobiernos automomos y universidades publicas. 

Sin Morales en el poder, es inadmisible no reparar la injusticia cometida con el IDH y devolver esos recursos a sus beneficiarios, pero también es intolerable aceptar que el MAS, luego de 14 años de abuso de su partido, con claros intereses políticos electorales y con el fin de convulsionar el país en plena pandemia, quiera mostrarse como el paladin de las reivindicaciones regionales; una total contradicción con su comportamiento histórico, ya que si hubo un enemigo recurrente y artero contra las autonomías fueron ellos. En este caso en particular, vale la pena preguntar, ¿por qué durante más de una década, jamás se opusieron a las confiscaciones financieras cometidas por Morales a las regiones? Pero fundamentalmente, asi como aprobaron la ley de incentivos el 2015, ¿porque ahora no aprueban otra norma que repare la injusticia, si aun mantienen la mayoria en el legislativo? El MAS tiene la llave de esa puerta cerrada y resulta que ahora la quiere abrir a patadas.
Pero la usurpación al IDH, fue un atropello más, del largo rosario de abusos que cometió el anterior gobierno, en contra las regiones, principalmente opositoras al régimen. 

Por su vocación hidrocarburifera, Tarija, fue la zona de sacrificio del gobierno de Evo Morales, la gallina de los huevos de oro, que entregó por concepto de ingresos hidrocarburíferos, más de 40 mil millones de dólares.

Durante este tiempo, se obligó al departamento a financiar con recursos regionales más del 70% de la red vial fundamental, por un costo superior a los 2.000 millones de bolivianos; es el único departamento que con recursos propios financió el sistema de interconectado nacional pese a ser competencia nacional, con un costo de 185 millones de Bolivianos. 

A pesar de la crítica situación financiera y aprovechando el rodillo oficialista en el Legislativo, se aprobó una ley que usurpaba recursos departamentales, en beneficio de los alcaldes de su partido, por un monto superior a los 200 millones de Bolivianos. Como si esto fuera poco, se obligó al departamento a pagar al nivel central una deuda por más de 22 millones de dólares por el proyecto múltiple San Jacinto, la misma que había sido condonada en el proceso del HIPC del año 2000, por el acreedor, que era el gobierno italiano. ¡Increíble!

Privaron a las regiones productoras del ingreso de cientos de millones de dólares por concepto de licuables exportados al Brasil, así como también redistribuyeron los ingresos del mega campo Margarita, sin contar siquiera, con delimitación territorial; estas afectaciones, superan los 400 millones de dólares. 

¿Qué dejo él MAS durante su gobierno a Tarija, principal aportante del IDH? Estadios, rodeos, hipódromos; elefantes blancos por doquier, ademas de abuso, corrupcion y despilfarro.

La crisis del Covid, desnudo las grandes debilidades del Estado fallido que dejó Morales; no existía la mentada economía blindada, lo único que dejo fue un sistema sanitario colapsado, un sistema educativo arcaico y un modelo económico monodependiente de las materias primas, entre otros grandes problemas. A todo esto, se suma la inequitativa distribución hipercentralista de recursos públicos en un modelo autonómico financieramente inviable, el cual, en un escenario de pandemia, encuentra a los gobiernos locales totalmente rebasados, por la envergadura del desafío y la imposibilidad de financiar salidas estructurales, en el momento más critico. 

Para avanzar, se debe dejar atrás el centralismo y la politiquería, la discusión de la devolución del IDH, del fondo de incentivos y otras políticas, es el primer paso de un largo camino; la gran batalla se centrará en un pacto fiscal equitativo y justo, restituir los recursos arrebatados a las regiones por los abusos y atropellos del régimen, así como también la urgente necesidad de abrir la Constitución para debatir un verdadero modelo autonómico o federal; esta es una de las primeras escaramuzas del latente conflicto que nace en Bolivia, entre las regiones y el Estado, en busca de justicia.







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