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El aeropuerto internacional de Chimoré está prácticamente inoperable desde hace, por lo menos, dos años. Entre 2015 y 2019 se hicieron unos seis intentos para habilitar vuelos comerciales en la terminal aérea ubicada en corazón de Chapare, pero nunca se produjeron los resultados esperados. Sin embargo, representantes del sindicato de Aasana denuncian que el miércoles 10 de marzo el aeropuerto de Chimoré realizó 36 operaciones de aterrizajes y despegue de aeronaves, casi el doble de las que hace cada día el aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz, que no supera las 20 por causa de la pandemia.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, desconocía la actividad en la antigua pista de las fuerzas antidrogas, construida con el apoyo de Estados Unidos. Al parecer, nadie le informó sobre el hecho. 

Por eso, el 11 de marzo solicitó información “en el día” al director de Aasana, Ruddy Balderrama, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. En una conferencia de prensa, la autoridad dijo que aún la están procesando.

Este caso incomoda al oficialismo que prefiere no pronunciarse, mientras que la oposición anuncia la interpelación de Montaño para que informe sobre lo ocurrido en el aeropuerto que fue construido en 2015, con una inversión de $us 34,5 millones.

Néstor Villarroel, secretario de conflictos y del comité de huelga de Aasana, denunció que el pasado 10 de marzo, “de la noche a la mañana”, el director general de esa entidad, Ronny Balderrama, abrió el aeropuerto de Chimoré, sin informar ni al ministro de Obras Públicas, ni al viceministro de Transportes, “ni a nuestra directora regional”.

Solo en esa jornada, el secretario de conflictos manifestó que se realizaron 36 operaciones aéreas. Es decir, aterrizajes y despegues.

“No existía el personal, ni el equipamiento de seguridad necesarios y se hizo sin que funcione el único carro bombero”, aseguró.

Cuatro trabajadores de Aasana estaban en el lugar. El controlador de la torre que hacía tres funciones en una; otro operador que se encarga de la seguridad del aeropuerto y controla los planes de vuelo, “y dos bomberos que no pudieron hacer nada porque el vehículo para apagar incendios está fuera de servicio hace tiempo”.

Los funcionarios de Aasana no informaron qué hicieron los aviones y lo justificaron con que ese control corresponde a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y que ese día no había en la terminal ni un solo efectivo uniformado.

Villarroel señaló que esto es completamente irregular. “No había autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Si se trataba de una reapertura la terminal debió pasar al menos por una inspección, para confirmar la operatividad. Nada de eso ocurrió”, hizo notar.

Su versión coincide con la nota que el ministro Montaño envió el 11 de marzo a Ronny Balderrama, en la que ordena al máximo ejecutivo de Aasana que le envíe información detallada sobre un acto (se refiere al realizado el 10 de marzo), en el que se produjeron “varios aterrizajes” en la pista del aeropuerto chapareño. 

Requirió el informe luego de que el 10 de marzo, lo aclara en la misiva, había recibido un reporte emitido por el Viceministro de Transportes y que él no conocía.

El ministro requirió, con carácter de urgencia, “en el día”, un detalle sobre si las aeronaves (la carta no detalla cuántas fueron) que participaron en un acto que Ronny Balderrama denominó Reactivación del aeropuerto internacional de Chimoré, contaban con plan de vuelo, y preguntó ¿Quién lo autorizó?, inquirió si las aeronaves fueron revisadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn)”.

Consultó también sobre qué escuelas de aviación participaron en ese acto, con qué nota, aviso a navegantes que se presenta a las autoridades de aviación para alertar a los pilotos de la aeronave sobre posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que pueda afectar a la seguridad en la entrada y en la salida.

Consultó, además, si es que el aeropuerto contaba con el servicio de extintores de incendios CEI, cuántos carros bomberos disponía, y si en la terminal aérea había personal de la Felcn para el control de sustancias controladas, además de nombres y rango de los oficiales que estuvieron a cargo.

También, si para ese acto Aasana coordinó con el director de Transporte Aéreo, el Viceministro de Transportes o alguna otra autoridad, y si lo hizo, desde cuándo se iniciaron los contactos y por qué no se cumplió con el convenio firmado con los trabajadores de Aasana el 29 de enero de 2021.

En una conferencia de prensa que ofreció esta semana, el titular de Obras Públicas confirmó la veracidad de la nota. La mostró a los periodistas. “Aquí está la instrucción de relevamiento (de información) que he emitido”.

Complementó que “efectivamente, nosotros cuidamos la aeronavegación en toda Bolivia y nadie puede poner en riesgo a los pasajeros y, obviamente, a los operadores de los aeropuertos”.

En ese entendido, acotó que la instrucción fue directa al director de Aasana. Pero pese a que la solicitud expresa fue dar respuesta “en el día”, advirtió que “los informes van a llegar de acuerdo a la normativa que establece el Ministerio de Obras Públicas, y responderá el viceministro de Transportes (quien estaba al lado suyo) en su oportunidad”.

EL DEBER intentó conversar con Ronny Balderrama, pero el funcionario cambió de número de teléfono celular y no pudo ser ubicado.

Por su lado, el dirigente sindical Néstor Villarroel afirmó que “es muy sospechoso que el director de Aasana no hubiera invitado a esta actividad al ministro ni a ninguna autoridad”. Aseveró que “no podría ni siquiera sugerir la idea de que se trate de un hecho de narcotráfico. ¿Pero cuál sería la intención?, no lo sabemos. Lo que podemos afirmar es que hay hechos irregulares” y sugirió que eso lo deben investigar las autoridades policiales”.

Lamentó que si es que algo fallaba y una aeronave acababa siniestrada en el aeropuerto, “hubiera ardido sin control porque ni un extinguidor tenía ese aeropuerto en ese momento”, aseguró.

Pese a la insistencia, el senador por el MAS y dirigente de los cocaleros de Chapare Leonardo Loza, no contestó el celular. Se llamó al presidente de esa cámara, Andrónico Rodríguez, contestó un colaborador, porque en ese momento Rodríguez estaba en una reunión, y esa persona dijo que si el tercer hombre del Estado quería referirse al tema devolvería la llamada, no lo hizo. Dirigentes cocaleros de Chapare tampoco quisieron comentar sobre este hecho.

Leonilda Zurita, asambleísta por Cochabamba y cocalera, consultada sobre el tema, respondió: “He habilitado mi suplente en esos días, no participé en la reapertura del aeropuerto, le aconsejo hablar con la presidenta de las seis federaciones del trópico, Segundina Orellana.

Orellana contestó, pero la charla fue muy corta. “Hermano, le voy a pedir que me llame más tarde, en este momento estoy ocupadita, por favor. Mejor, yo le llamaré en 15 minutos”. Cuando el periodista le preguntaba que solo quería saber de qué se trató el acto en el aeropuerto, cortó la comunicación telefónica y no volvió a comunicarse.

La senadora del MAS María Patricia Arce también se abstuvo de comentar el tema. Aseguró que la comisión que está a cargo precisamente del senador Loza es la que debe pronunciarse al respecto.

Informe

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos coincidieron en que este tema merece una interpelación al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

La senadora Centa Rek, Creemos, considera que el caso es muy delicado y se debe proceder con una interpelación al ministro.

“Estamos hablando de 36 operaciones que no tienen aparentemente respaldo. Se realizó en una situación de secreto en la que nadie quiere responder, esto es absolutamente sospechoso”, dijo.

“El Gobierno actual ni siquiera responde las peticiones de informe escrito que hemos enviado. Eso es muy grave”, advirtió.

Si es que no hay respuesta, “pasaremos a las instancias del informe oral o la interpelación”, adelantó la senadora por Santa Cruz.

Comunidad Ciudadana, a través de sus parlamentarios, coincidió en el mismo sentido, que se requiere activar un acto de fiscalización que deberá tener tres pasos: petición de informe oral, escrito y la interpelación.

A la alianza de Carlos Mesa le llama la atención y quiere conocer quiénes autorizaron esos vuelos en el aeropuerto de Chimoré, qué tipo de aviones eran, cuál era la finalidad de esos vuelos, cuál era el destino.

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