Anapo cree que el fondo de Bs 911 millones del Gobierno puede dar liquidez a ciertos sectores, no así al oleaginoso que requiere unos $us 200 millones para alivianar la deuda de corto plazo con proveedores

27 de diciembre de 2020, 13:00 PM
27 de diciembre de 2020, 13:00 PM

Cifras que desentonan. Mientras el actual régimen de Gobierno anuncia un fondo de Bs 911 millones (poco más de $us 130 millones), a través de dos fideicomisos, para facilitar créditos al aparato productivo nacional con una tasa de interés anual del 0,5% y 15 años de plazo, la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) revela que el sector productivo de Santa Cruz arrastra desde 2016 una mora que alcanza los $us 240 millones. El monto creción un 10% este año.

El presidente de dicha organización empresarial, Eduardo Nostas, aclaró que la mora incluye a las firmas afiliadas a la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa). Dio cuenta de que el retraso de pago a las importadoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas data de 2016, año en que la sequía castigó duramente al sector agropecuario. Ese año, la mora a APIA y Aprisa ascendía a $us 156,7 millones.

En 2019, en una actualización documentada por las empresas, el monto de la mora creció en $us 60 millones. “Se estima que crezca un 10% hasta el cierre de este año, por los efectos de la cuarentena del Covid-19”, dijo.

En ese contexto, a nombre del sector, Nostas propone activar un plan enfocado en tres elementos. El primero, crear un fondo de reactivación mediante el Banco de Desarrollo Productivo (BDP),el Banco Unión y el sistema financiero, en general, para compra de deuda comercial a proveedores de insumos, semillas, maquinaria y otros. Debe permitir que los productores cuenten con recursos para las siguientes campañas con el propósito de que la producción se fortalezca con la provisión oportuna de insumos.

Anotó que meses atrás se anunció el ‘Plan de Respuesta y Rehabilitación para el sector agropecuario frente a los efectos del Covid-19”. Sin embargo, el mismo no tuvo el impacto esperado.

El segundo elemento del plan propuesto por APIA considera la creación de un fondo de garantía que permita asegurar créditos de rehabilitación de productores que no cuentan con garantías convencionales bajo el siguiente esquema: el productor accede con la garantía de este fondo hasta un 50% de lo solicitado y la otra parte con garantía convencional.

El tercer elemento de la propuesta establece que mediante un procedimiento abreviado el productor pueda levantar la restricción que hoy no permite hipotecar la pequeña propiedad para que pueda habilitarse y acceder a la banca. “Ésta es una propuesta solo normativa que habilitaría a miles de productores en todo el país para acceder al sistema financiero”, refiró Nostas, al subrayar que urge reactivar al sector agropecuario para hacer frente a la recuperación de la economía, además de aprovechar los beneficios que derivan del incremento de los precios internacionales.

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, la promulgación de un decreto para facilitar créditos es una buena señal, aunque habrá que ver si las condiciones favorecen a los agricutores que en la actualidad afrontan problemas de iliquidez para reprogramar obligaciones con la banca y casas comerciales proveedoras de insumos y maquinaría agrícola.

Manifestó que un 80% de los 90.600 pequeños productores tiene deudas con la banca y las casas comerciales. Aludió que mañana tienen programada una reunión con los ministros de Economía, de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo para dar a conocer la agenda y la problemática del sector. En la cita esperan despejar dudas sobre los alcances y condiciones de los créditos ofrecidos por el Gobierno.

Con respecto al fondo de Bs 911 millones que el Gobierno activará, a través de dos fideicomisos, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, considera que es una medida que puede ayudar a otorgar liquidez a determinados sectores productivos, pero que, en el caso específico del oleaginoso, es insuficiente porque lo que necesitan los productores es un fondo de reactivación que les permita alivianar su deuda de corto plazo, con tasas de interés de fomento, y convertirla en una deuda de largo plazo.

Hernández estima que el sector requiere unos $us 200 millones para alivianar la deuda de corto plazo que en la actualidad tienen los productores con proveedores de insumos y maquinarias.

Gobierno facilita créditos

Días atrás, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4424 que crea un fondo inicial de Bs 911 millones (más de $us 130 millones), a través de dos fideicomisos, para viabilizar créditos dirigidos a reactivar el aparato productivo nacional con una mínima tasa de interés anual del 0,5% a un plazo de 15 años.

Según el Jefe de Estado, los créditos podrán financiar capital de operaciones o de inversión, que tengan por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones. El Decreto 4424 autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural suscribir contratos de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. por Bs 468,4 millones, y con el Banco Unión S.A., por Bs 442,7 millones.

Los recursos provendrán de saldos disponibles de fideicomisos constituidos con recursos públicos, previstos en las disposiciones, además de otras fuentes de recursos internos y externos.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyecta un año esperanzador en 2021. Para dicho periodo perfila una inversión pública de $us 4.011 millones, de ese monto el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura (transportes, comunicaciones y recursos hídricos); mientras que el 34,9% será para impulsar proyectos estratégicos (energía, agropecuaria, minería, industria, hidrocarburos, turismo); en tanto que el 24,9% se destinará al sector social y un 4% a proyectos multisectoriales.

Montenegro aseguró que la medida ‘oxigenará’ la economía de los productores bolivianos afectados por los efectos del Covid-19 y lo que él califica como ‘la mala administración’ del Gobierno de transición. “En Santa Cruz, por ejemplo, hay un emprendimiento productivo que apunta a sustituir el diésel, con una planta pequeña de biodiesel. Esa es la lógica, sustituir importaciones”, puntualizó Montenegro, citado en ABI.

El miércoles, el director general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó que la economía boliviana mostró una ligera recuperación a octubre, impulsada por los sectores agropecuario y construcción.

Expuso que en el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), a octubre de este año, el sector agropecuario refleja una tasa de crecimiento positiva (2,14%) debido al buen desempeño de la actividad pecuaria, y la producción agrícola no industrial e industrial.