El alto precio de falsificar
Rodrigo Rojo, director de asuntos Corporativos, Ética y Cumplimiento – Tigo Bolivia
Como anzuelos lanzados en un mar de páginas y datos, los anuncios para comprar productos y servicios falsificados afloran sin control en la web: “Más de 900 canales por 12 Bs, incluyendo señales nacionales e internacionales de TV”, “Adquiera el combo de servicios de streaming por 20 Bs, “El libro de medicina que necesitas a tan solo 100 Bs”, “El programa que quieras por 10 Bs”. El común denominador de las personas que están detrás de estas publicaciones es que, quieren ganar dinero ilegalmente aprovechando la propiedad intelectual de otro.
Según estadísticas presentadas por MUSO, una compañía de datos dedicada a observar la piratería y el consumo de medios sin licencia, en 2022 se registró un aumento del 22% de esta práctica en el mundo, principalmente de series, telenovelas, películas y programas de TV. Además, presentaron otro dato preocupante: 141.7 mil millones de visitas se reportaron en portales que ofrecen contenido de manera ilegal.
La piratería y la falsificación, además de constituirse en un acto de violación a los derechos de autor, son prácticas propias de las denominadas economías subterráneas, sombras o economías paralelas. Hacen referencia a las actividades que generan ingresos no declarados de millones de personas procedentes de la producción de bienes y servicios tanto de transacciones monetarias como de trueques.
De acuerdo con el libro “Ocultándose en las sombras: el crecimiento de la economía subterránea”, los autores Friedrich Schneider y Domink Enste, explican que las transacciones de la economía subterránea escapan al sistema tributario, reducen las recaudaciones, deprimen el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), agravan las restricciones presupuestarias del sector público, alientan a trabajadores a dejar la economía formal y oficial y, sobre todo, restan fiabilidad a las estadísticas oficiales.
Al incrementarse la economía oculta, probablemente se reduzcan los ingresos fiscales, lo que, a su vez, reduce la calidad y la cantidad de los bienes y servicios públicos.
La piratería también impacta en la industria creativa. Comprar o descargar copias robadas de libros, series, programas de TV y películas contrae el trabajo creativo de escritores, guionistas, directores, compositores y productores que, deben paralizar sus actividades por falta de ingresos o buscar empleos paralelos. A esto se suma, el plagio y el robo de diseños que además agravan el problema.
Esta práctica ilegal también afecta a las finanzas familiares. Por ejemplo, las personas que adquieren una cuenta para acceder a las transmisiones de canales de TV realizan un pago por adelantado, ya sea de algunos meses o hasta de un año y, cuando, este portal sale del país o recibe una sanción, la persona pierde todo el dinero invertido.
¿Qué podemos hacer para reducir esta práctica? Primero no consumir ni pagar por un producto o servicio falsificado o pirata. El precio es alto. Altera la economía e incluso, puede poner en riesgo su información confidencial. Gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales debemos aliarnos para colaborar, detectar y bajar contenidos audiovisuales, por ejemplo, que se difunden de manera ilegal en sitios web, redes sociales y otros espacios en línea.
Como ejemplo, hace poco, la Comisión Europea (CE), emitió un comunicado pidiendo a 14 naciones tomar mayores medidas contra la piratería al bloquear en masa todos los portales web de piratería en sus territorios. Además, publica periódicamente una lista de vigilancia de falsificación y piratería, identificando a los principales infractores de contenido protegido en al menos diez categorías como los que copian los streaming, las webs que ofrecen enlaces de descargas en otros sitios, web de descargas sin licencias, apps de piraterías, servicios IPTV sin licencia, servicios de soporte a la piratería, por mencionar algunos.
Así también en 2022, Miguel T.G. propietario de cinco sitios web, entre ellos el portal Roja Directa, fue sentenciado a dos años de cárcel, una multa de 500.000 euros y la sanción de no realizar ninguna actividad en la web durante dos años. ¿Cuál fue su delito? La Justicia lo declaró culpable de realizar la transmisión de los partidos de la liga española durante seis años sin tener ninguna autorización de los propietarios y, además, generar lucro con esta práctica.
Falsificar y copiar no genera empleos, los quita. Sus datos personales quedan expuestos y puede poner en riesgo el derecho a la privacidad que tiene cada uno. Además, representa un precio elevado que además lo sufren las personas de su entorno. La pregunta es ¿qué haremos al respecto?
