El aterrador pacto entre la minería ilegal y la trata de personas atrae otros delitos

Ese feroz apetito por el oro no solo consigue felicidad por la retribución económica. También atrae varios tipos de mafias ligadas a la trata y tráfico de personas, prostitución infantil, narcotráfico y contrabando. Esos delitos se incrementan donde se explota -en su mayoría ilegalmente- en diferentes puntos del país, especialmente en el norte de La Paz y parte del Beni. Los datos son aterradores y detrás del brillo del oro hay lágrimas de varias familias. 

Pero también esa indiscriminada explotación de oro daña las arcas del Estado, ya que al menos la mitad del metal precioso que sale del país lo hace sin control estatal. Además. es conocido el libreto de la afectación al medio ambiente sin respuesta gubernamental. Así, no todo lo que rodea al oro es brilloso.

El norte del departamento de La Paz vive tragedias por la explotación irracional del oro. Sus ríos están contaminados por el uso del mercurio y porque la extracción del metal se la hace sin ningún estudio ambiental. Además, la trata y tráfico de personas en varios municipios del norte paceño se incrementó junto a la explotación sexual de menores de edad.

Mapiri, a nueve horas de la sede de Gobierno, se convirtió en una zona roja de la trata y tráfico de personas y explotación sexual. Las víctimas en su mayoría son captadas a través de agencias de empleos, de modelaje y redes sociales. En este municipio paceño la extracción de oro es la principal actividad económica, lo que conlleva que el pueblo sufra una serie de delitos cometidos por foráneos que llegan a por el brillo del metal.

En este municipio hay una calle exclusiva para el funcionamiento de lenocinios que tienen fachadas de bares y discotecas. Se la conoce como la “q’encha calle” porque ahí hay sitios de mala suerte, según los pobladores.   

Desde el oriente

Las redes de trata y tráfico de personas principalmente captan a sus víctimas en el oriente boliviano, pero también hay mujeres de otros países que son explotadas sexualmente, como Colombia, Paraguay y Brasil. Casi todas llegan con mentiras y con la promesa de mejores días.  

La Unidad de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz pone a Mapiri y otros municipios del norte paceño como punto crítico de explotación sexual. El jefe de esta división, Boris Gutiérrez, afirmó que el norte paceño “se convirtió en zona roja para la prostitución infantil. Estamos hablando de violencia sexual comercial”. La Fiscalía anunció en que hará una inspección en los municipios.

En la Felcc de La Paz las historias de explotación sexual están en todos los escritorios. Gutiérrez recalcó que en la mayoría de los casos las redes criminales penetran a las familias de escasos recursos. Muchas madres llegan a la sede de Gobierno para dar con el paradero de sus hijas.

Es el caso de María (nombre ficticio). Ella llegó de Trinidad, Beni, tras el rastro de su hija de 17 años, una adolescente que ni siquiera acabó el colegio y que fue seducida para ganar dinero en La Paz. Antes de partir la joven solo dijo que iba por días mejores para su familia. Ese deseo se convirtió en un calvario. Ella estaba en el municipio de Guanay, también en el departamento de La Paz.

Fue llevada desde Trinidad con la promesa de trabajar en la ciudad de La Paz un restaurante como mesera. Le prometieron ganar hasta 5.000 bolivianos al mes. Ella creyó y empaco sus pocas cosas sin saber que venían los peores momentos de su vida. Llegó a la sede de Gobierno y le quitaron todo. Luego la llevaron a Guanay y la explotar sexualmente. Los mineros eran sus abusadores.

Fue rescatada por la Policía tras un operativo. Su madre tuvo que alquilar un pequeño cuarto en La Paz para seguir de cerca la investigación. Después de tres meses volvió a abrazar a su hija.

Como esa, hay muchas historias que tienen su origen en los municipios paceños de Guanay, Tipuani, Mapiri y Teoponte. Caranavi se convirtió en la ruta de paso para los tratantes de personas.    

Investigación de Unicef

Una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) demuestra que la ruta al norte de La Paz es la más crítica por el incremento de tratantes. Este estudio revela que los casos de explotación sexual se incrementaron en los últimos años. La situación ahora puede ser más crítica. 

El trabajo de campo de Unicef se realizó durante siete meses en las zonas auríferas del departamento de La Paz: los municipios de Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri y el submunicipio de Mayaya. En Potosí se investigó en tres municipios: Potosí, Uncía y Llallagua. En Oruro en los municipios de Oruro y Huanuni.

“La minería no solamente está destruyendo la biodiversidad de varios municipios del norte de La Paz, Potosí y Oruro, sino que además ha creado zonas donde impera la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando”, detalla otro estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Según Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en Bolivia, la producción de oro a 2020 se concentra en el departamento de La Paz, con el 71,9% de la producción nacional, por encima de Beni que concentra el 18,9%. El 2020, las cooperativas mineras produjeron 21,8 T de las 23,2 T producidas en el país, que representa el 94% del total de la producción nacional. Cabe anotar que, en la explotación del oro, en los últimos años, la estatal Amayapampa tiene una participación mínima y la participación de la minería privada es nula.

Según cifras de la Gobernación de La Paz, en 2010 habían registradas 459 cooperativas mineras auríferas en el departamento paceño; una década después, en 2020, el número de cooperativas registradas se incrementó a 1.300, donde se estima que trabajan más de 100.000 personas.

Ese crecimiento de explotación aurífera atrae el delito. En estas zonas de extracción domina el contrabando de productos. No hay un sistema impositivo y los vehículos indocumentados pasean con total normalidad por las calles de los municipios.

Mayaya en es una localidad que pertenece al municipio paceño de Teoponte. En esa zona no hay control de la venta y compra de productos. Toda la mercancía es de contrabando y es consumida por ciudadanos extranjeros -en su mayoría chinos y colombianos- que trabajan en la minería ilegal.

En estas áreas también domina el descontrol ambiental. Las cooperativas mineras y sus contratistas extranjeros no tienen la más mínima intención de cuidar el medio ambiente y deforestan zonas para extraer el oro. Además, y lo más cuestionable, es que contaminan con mercurio los ríos que desembocan en la Amazonía.

El narcotráfico también es parte de este círculo de delincuencia. En las zonas mineras existe el comercio de sustancias controladas.