Un dramático caso de corrupción tiene impactados a los bolivianos, quienes, azorados, se enteraron sobre la muerte del testigo protegido que hizo la denuncia ante el Ministerio Público y que aportó testimonio y pruebas del hecho para que sea investigado. Mientras los ciudadanos intentan asimilar los acontecimientos, el presidente Luis Arce y el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se mantienen en silencio.
La denuncia es que se cometieron al menos cuatro irregularidades en la licitación de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez, que tiene un costo de 456,8 millones de bolivianos, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El testigo protegido revela que se modificó el pliego de condiciones para favorecer a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC). Primero, que se cambió la documentación en las carpetas de la licitación para la adjudicación, debido a errores en la propuesta de la empresa. Segundo, se alteró la firma y hubo cambio del poder para la firma del contrato. Tercero, la suscripción de un contrato ficticio para concretar la coima, en un proceso de lavado de dinero.
Cuarto, la entrega de la primera parte de la coima (Bs 9 millones) a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras. Todo lo anterior está explicado en el video que grabó el testigo protegido y que se conoció después de su muerte.
El proceso está abierto y en investigación. Para hacerlo, se determinó que el denunciante tenga estatus de “testigo protegido”, quiere decir que se guardaría su identidad y que se le daría protección a cambio de que aporte pruebas sobre el delito cometido.
No obstante, él denunció que fue hostigado por el Ministerio de Justicia desde el momento de la firma.
En la semana que acaba, el ministro de Justicia, Iván Lima, no tuvo reparos en dar a conocer su identidad, después de informar que esta persona había fallecido en un accidente de tránsito fuera del país. No solo eso, Lima también acusó al profesional denunciante de ser parte de la trama de corrupción y demandó que la justicia exima de cualquier acusación al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras.
O sea, el ministro fue infidente, violó la ley que ampara a los testigos protegidos, y además se convirtió en investigador, acusador y juez de la causa, en un total avasallamiento de competencias e irrespeto a la separación de poderes que establece la Constitución Política del Estado y los valores de la democracia.
En medio de la trama descrita hubo sucesos que no pasan desapercibidos. Varios meses después de la denuncia, y como por arte de magia, aparecieron 8 millones de bolivianos de la coima. Otro factor determinante fue el deceso del testigo protegido en un hecho que aún no tiene explicación.
El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, no ha dicho nada al respecto, a pesar de que se trata de un escándalo de presunta corrupción y de que el testigo protegido denunció también que puso el caso en conocimiento de autoridades del Poder Ejecutivo, una de ellas la ministra de la Presidencia, sin que se hubiera movido un dedo para frenar las irregularidades.
Otro que no dice nada es el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien mínimamente debería ofrecer garantías de una investigación imparcial.
Quizás ambas autoridades tienen la ilusión de que, si callan, el caso desaparece; así como el ministro de Justicia pretende creer que si el testigo está muerto y si aparecen los millones no hay nada que investigar.
La Corporación Andina de Fomento ya paralizó la obra porque el escándalo es demasiado grande y urge el esclarecimiento. También debe esclarecerse la muerte del testigo protegido, porque no es aceptable que una persona clave en esta investigación desaparezca y no pase nada.
Lo que se espera es que exista coherencia entre el bullado discurso de lucha contra la corrupción y las acciones efectivas en ese rumbo.