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6 de agosto de 2023, 4:00 AM
6 de agosto de 2023, 4:00 AM

El caso de Sebastián Marset es la evidencia más clara de una realidad muy preocupante en Bolivia: la presencia sólida del crimen organizado en territorio nacional. Durante años se intentó hacer creer que solo había “emisarios” de los grandes cárteles de la droga y ahora se conoce que este país se ha convertido en refugio de capos del narcotráfico.​

La información divulgada durante los últimos nueve días da cuenta de que varias instituciones del Estado y de la sociedad civil fueron perforadas por este hombre, que está entre los 10 más buscados de Interpol, que lidera una corporación dedicada al narcotráfico y que ha sido capaz de generar una estructura que engloba a toda la cadena del negocio ilícito del narcotráfico.

Este problema no es de ahora, sino el cúmulo de falta de acción que viene de hace años y cobra factura a varios exministros de Gobierno.

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) le otorgó un certificado de nacimiento, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) le otorgó dos cédulas de identidad con nombres diferentes, la Dirección de Migración le dio pasaporte con identidad falsa. La Unidad de Investigaciones Financieras no lo puso en su radar, a pesar de que este hombre movió alrededor de 500 millones de dólares en Bolivia, una cifra demasiado alta como para pasar desapercibida.

Además, Interpol puso a Marset en la lista de los buscados a escala internacional desde el año pasado, lo que quiere decir que hubo tiempo suficiente para que los mecanismos de Inteligencia del Estado se muevan para detectarlo. Aún no se sabe con exactitud si Paraguay avisó a Bolivia en junio o a principios de año sobre la presencia de este hombre, pero ahí también hay muchas respuestas que dar.

En la sociedad civil, Marset compró un equipo de fútbol y se hizo acreditar como jugador del mismo, se movió como un vecino más de esta ciudad. Hay que preguntarse si el millonario movimiento económico no llamó la atención de nadie.

Durante este tiempo lo que se ha visto es a un gobierno dando informes que más eran explicaciones para justificar lo injustificable, pero nada se ha dicho sobre la alerta acerca de otros dos peces gordos del narcotráfico en el país, lo que obliga a preguntar si Bolivia está tan exento de controles que se ha convertido en lugar seguro para que estos personajes lo consideren como un refugio para desarrollar sus ilegales actividades.

Ya antes del caso Marset era llamativo que se realicen operativos con destrucción de fábricas e incautaciones de cocaína y marihuana sin detenidos o solo con los peones de esta industria tras las rejas. Los grandes hallazgos de alijos de cocaína se produjeron fuera del país y los tentáculos que estas operaciones tienen en territorio nacional están aún por conocerse, a la espera de que las investigaciones sean eficientes y honestas.

Pero, lamentablemente, el caso Marset no es lo único que debe inquietar. Las señales son más. La presencia de grupos organizados de avasalladores de tierras que se meten para desarrollar actividades reñidas con la ley, la minería ilegal que, en muchos casos, está casada con el narcotráfico, el contrabando descontrolado que tiene una organización criminal peligrosa y un largo etcétera de situaciones que están ocurriendo en territorio nacional.

Todo esto configura un escenario de alto riesgo para los bolivianos por la inseguridad que genera a nivel interno y por el desprestigio internacional que representa para el país. La credibilidad de Bolivia está en tela de juicio.

Es de esperar que todo este escenario lleve al Gobierno nacional a provocar un golpe de timón en las políticas nacionales de seguridad ciudadana y de protección a los bolivianos.

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