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28 de junio de 2022, 4:00 AM
28 de junio de 2022, 4:00 AM

Bolivia está a poco más de cuatro meses de la realización del Censo de Población y Vivienda y sin embargo existen demasiados percances, retrasos, carencias y desorganización que a nadie le da garantías ni certezas de que el 16 de noviembre se vaya a tomar una buena radiografía del país, como es el propósito.

En esas condiciones, quizá lo más aconsejable es postergar la consulta, despedir a todos los funcionarios ineficientes que no están haciendo bien su trabajo y nombrar profesionales capacitados para llevar adelante el Censo con una nueva fecha para la que debiera comenzar a trabajarse de inmediato.

Esta vez no son voces de la oposición o de las regiones las que traen las críticas, sino del propio Gobierno nacional las que reconocen que hay retrasos en los trabajos precensales.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, admitió que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aún no dispone de los dispositivos móviles para realizar la cartografía. Pero más preocupante que eso es que los actualizadores de cartografía no se han desplazado aún a las áreas rurales y regiones alejadas. Ni siquiera en las ciudades están concluidas las cartografías. Avanzadas están, pero terminadas no.

Con referencia a la falta de equipos, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, asegura que además de la restricción de producción y comercialización de equipos tecnológicos por la pandemia, se ha producido una crisis de transporte y comercio en el mundo que afecta a los países porque se han encarecido los precios. A eso se suma la guerra de Rusia con Ucrania. Es decir, incluso la pandemia global por el Covid-19, la crisis logística mundial y ahora la invasión rusa se alinearon para boicotear el Censo boliviano.

Otro de los factores apuntados por el ministro es que existe un alto nivel de politización del Censo, conflicto de límites y la nueva ola del coronavirus, lo que podría afectar al normal avance del proceso censal. No dijo el ministro a quiénes se refería con aquello de la ‘politización’, pero es muy poco probable que se trate de una autocrítica.

Mucho se ha dicho para criticar las varias falencias insalvables del manejo del Censo, pero quizá la sentencia que mejor describe el problema es la que dijo el gobernador de Tarija Óscar Montes, cuando asegura que ‘no hay ninguna posibilidad de que (el Censo) salga bien’, porque ha sido desarrollado como un acto político y no como un proceso técnico administrativo, que es lo que correspondía.

Así, el Censo tiene muy mala cara. A la desconfianza inicial por el manejo político y la falta de transparencia que mostró el Gobierno ahora se suman las desprolijidades que antes de aplicar ninguna boleta ya dan un primer resultado: el Censo, llevado así como se lo está haciendo, será un completo y muy costoso fracaso para el país.

En Chuquisaca, las autoridades del departamento y la capital han pedido formalmente que se postergue el Censo y en los próximos días se reunirán con sus pares de Tarija y Potosí para sumar a esos departamentos al pedido de aplazamiento.

Hace unos días, el ministro Cusicanqui anunciaba que los resultados del Censo del 16 de noviembre se conocerían un año después, y también ese cálculo es llamativo. En anteriores censos, pese a que las tecnologías no eran tan avanzadas como hoy, los resultados se conocían siete meses después de la consulta, pero no 12 meses. En pocas palabras, si ya sabemos que caminamos al fracaso, ¿no es mejor detenernos y cambiar el rumbo?

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