El censo no es el problema

El debate sobre la distribución de recursos ha girado en torno al censo 2024. Cada vez que se realiza, las tensiones regionales crecen, ya que se piensa que los resultados censales son los únicos criterios que definen cuánto presupuesto recibirán. Sin embargo, la verdadera discusión no debe centrarse solo en el censo, sino en cómo distribuimos esos recursos y en la necesidad de un pacto fiscal que beneficie a todas las regiones del país.

Para entender mejor la situación, es importante considerar que el modelo de distribución actual está basado en gran medida en el tamaño poblacional. Aunque esto tiene sentido a primera vista, este enfoque ignora que la mayor proporción de los recursos son decididos a nivel del gobierno central. No podemos seguir limitándonos a un enfoque centralista que es ajeno a las necesidades de departamentos y municipios.

Por otro lado, si bien el censo es útil para recopilar datos, usarlo como único criterio para distribuir recursos es insuficiente. Regiones con poca población, pero con necesidades elevadas, como muchas áreas rurales, requieren inversiones mayores que no se reflejan solo en los números del censo. Una situación similar ocurre con áreas urbanas donde la inversión es muy limitada por la centralidad de la inversión pública.

Bolivia necesita un nuevo pacto fiscal que considere las demandas de todas las regiones. Si bien la Ley de Participación Popular de 1994 y la Ley del Diálogo Nacional en el año 2000 impulsaron la descentralización, el proceso quedó incompleto. Los gobiernos locales siguen dependiendo de las transferencias del gobierno central, y no tienen suficiente autonomía para decidir el destino de sus recursos.

Idealmente este nuevo pacto fiscal debería basarse en el diálogo entre la sociedad civil, para asegurar una mayor justicia en la asignación de recursos. Las regiones deben poder generar ingresos propios, pero también se debe mantener un sistema de transferencias que asegure la equidad.

Hay consenso entre los expertos en que se debe fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos locales. Hay amplia coincidencia entre las propuestas de centros de pensamiento, organizaciones cívicas y gobiernos subnacionales, que quieren dar más capacidad a los municipios y departamentos para generar ingresos propios mediante impuestos locales y mayor poder de decisión a nivel subnacional.

Las reglas de transferencia de recursos deben ser claras y estables, de modo que los gobiernos locales puedan planificar sus presupuestos a largo plazo sin la incertidumbre que genera el actual sistema.

Varios países de la región han implementado mecanismos de distribución de recursos que consideran no solo la población, sino también otros indicadores y dan más espacio a los gobiernos subnacionales. Bolivia puede aprender de estas experiencias y adaptarlas a su propia realidad territorial.

El proceso de descentralización en Bolivia logró avances en áreas como infraestructura, salud y educación, especialmente en municipios rurales. No obstante, la dependencia de muchas regiones de las transferencias del gobierno central subraya la necesidad de profundizar la descentralización y dar a las regiones más autonomía financiera, y también de distribuir mejor las responsabilidades.

El reto es encontrar un equilibrio que no castigue el desarrollo de algunas regiones, sino que fomente una mayor equidad territorial, permitiendo que todas las regiones de Bolivia puedan desarrollarse y acceder a los mismos servicios y derechos.

El problema de la distribución de recursos en Bolivia no está en el censo, sino en las reglas que se utilizan para asignarlos. Un nuevo pacto fiscal, basado en el diálogo y el consenso, permitirá construir un sistema más justo y adecuado a la realidad territorial del país.

Este proceso no solo mejorará la asignación de recursos, sino ayudará a consolidar la unidad nacional y a promover un desarrollo más equitativo para todos los bolivianos, sin importar la región donde vivan.

El problema no es el censo.