El cerco a la Asamblea de Derechos Humanos
Amparo Carvajal resiste estoicamente una de las embestidas más duras de su vida. Casi se ha quedado sola tratando de defender el cargo de presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia frente a organizaciones afines al Movimiento al Socialismo que tomaron sus oficinas y pretenden someter a una de las pocas instituciones de la sociedad civil que es contestataria al poder de turno. Amparo, con el cuerpo cansado, pero con la firmeza de una heroína, se enfrenta a las hordas que buscan convertir la APDH en un apéndice del MAS.
Los gobiernos masistas han utilizado mecanismos similares con otras organizaciones que, en su momento, fueron incómodas al poder. Primero, a fuerza de prebendas, provocaron divisiones hasta forzar un cambio en las directivas, pero ese mecanismo no siempre dio buenos resultados; por eso optaron por crear organizaciones paralelas con dirigentes muy bien financiados. De ello existen dos ejemplos claros: la Cidob dirigida por Melva Hurtado, acusada por millonarios desvíos de recursos del Fondo Indígena, y la ilegal Asociación de Productores de Coca de Yungas, dirigida por Arnold Alanez.
En el caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el cerco se viene cerrando hace varios años. La primera toma de las oficinas de esta institución fue encabezada por Teresa Zubieta, en 2014, cuando surgieron los primeros intentos de desconocer la autoridad de Amparo Carvajal.
Zubieta no pudo hacerse con el control de la Asamblea, pero sus gestiones tuvieron una recompensa: fue designada Defensora Departamental del Pueblo en La Paz, durante el largo y cuestionado interinato de Nadia Cruz. Ahora, Zubieta es embajadora de Bolivia ante el Vaticano y Cruz es viceministra de Igualdad de Oportunidades. En síntesis, ambas trabajaron y trabajan para el MAS y el Gobierno.
Posteriormente, con la extraña participación del Servicio de Impuestos Nacionales, se cambió la representación legal de la Asamblea ante el SIN y con ello se le puso una trampa legal a Amparo Carvajal que le impida actuar en representación de su institución. Una vez armada la tramoya, el resto fue el modus operandi de siempre: un grupo violento ingresó por la fuerza a las oficinas, soldaron las puertas y fue protegido por la Policía mientras la solitaria Amparo instaló su vigilia armada con velas y un par de mantas para soportar el frío de la noche paceña.
No faltan quienes cuestionan algunas acciones de Amparo Carvajal relacionadas con la turbulenta crisis política que se vivió entre 2019 y 2020. Y sí, nadie está libre de incurrir en equivocaciones, mucho más en un escenario polarizado como el que se vivió y se vive actualmente. Aun así, no existe ni existirá persona que pueda levantar el dedo acusador contra esta mujer que dejó su patria y su vocación religiosa para defender a los más débiles, nadie podrá acusarla de ejercer cargos ilegalmente o de disponer de recursos públicos. La integridad es una virtud que pone a Amparo Carvajal muy por encima de los advenedizos que violan la ley en nombre de los derechos humanos.
La suerte de la APDH parece estar sellada, simplemente porque Amparo se mantiene como única resistencia frente a este nuevo avasallamiento. Desaparecieron notables activistas como Rolando Villena; otros dirigentes como Waldo Albarracín han pagado muy cara su osadía de enfrentarse al MAS y, finalmente, algunos como Sacha Llorenti, disfrutan de las mieles del poder. Baste recordar que Llorenti dio la orden para la represión en Chaparina, después fue embajador ante Naciones Unidas y ahora ejerce el mismo cargo ante las naciones del Alba.
La independencia de la APDH, imprescindible en las actuales circunstancias, resistirá mientras no se agoten las fuerzas de Amparo Carvajal. ¿Después? Sólo el tiempo y la historia darán su inexcusable veredicto.
